El imperialismo estadounidense insiste en imponer al planeta su arbitrario y despótico sistema jurídico. Donald John Trump ha decidido ampliar el bloqueo comercial, financiero, sanitario y científico-cultural contra Cuba mediante la reactivación de los títulos de la Ley Helms Burton “congelados” desde 1996. La medida, extraterritorial, pretende escalar la tensión socio-política en La Isla; incitar a los cubanos contra su gobierno, sobre todo a los jóvenes, y crear incertidumbre en empresas e inversionistas extranjeros. Ésta es la vía con la que el Washington de Trump aspira a obtener lo que 60 años de bloqueo, subversión, sabotajes e insidia no han logrado: frenar a la Revolución Cubana y su ejemplo en el mundo.

Sacar a Cuba de la ecuación latinoamericana; socavar su enorme influencia regional y debilitar la fortaleza político-ideológica de su población son los objetivos de la activación extraterritorial de una ley que viola el derecho internacional, la soberanía de todos los países y anticipa una escena global crispada.

El secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Mike Pompeo, confirmó que a partir del dos de mayo se activarán los títulos III y IV de esa ley, que permitirá reclamos de cubanos ante sus Cortes para recuperar propiedades expropiadas por la Revolución a partir de 1959. El frío cálculo capitalista prevé una oleada de miles de demandas judiciales contra firmas extranjeras que comercien con La Habana.

Esa maniobra convierte al poder judicial en cómplice del veleidoso poder ejecutivo, dando curso a los infundados reclamos de antiguos latifundistas y monopolizadores cubanos y sus herederos. EE. UU. omite una verdad judicial e histórica: que en su momento rechazó las indemnizaciones ofrecidas por el gobierno revolucionario.

Que seis décadas después litiguen para recobrar esos inmuebles, evidencia que esos violentos antagonistas van por la infraestructura que oxigena la economía cubana. La rancia oposición cubana vuelve a servir de plataforma al imperialismo estadounidense para hostigar aún más a la población de La Isla.

Son los cubanos que hace 60 años abandonaron bienes y a sus explotados trabajadores y quienes han avalado desde la sombra las multidimensionales conspiraciones contra su propio pueblo. Hoy respaldan una ley que pretende arrebatar a millones de cubanos los logros alcanzados por la Revolución.

Desde 1996, cuando se aprobó la Ley Helms Burton, todos los presidentes estadounidenses decidieron suspender esos títulos tras un pacto con los europeos, que alegaban perjuicios a sus negocios con Cuba. Ese año ya había unos 200 mil reclamos de individuos y empresas; en dos décadas, esa cifra habría aumentado y su valor conjunto rondaría “las decenas de miles de millones de dólares”, según la secretaria de Estado adjunta de EE. UU. para América Latina, Kimberly Breier.

A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, anunció nuevas sanciones contra Cuba: más restricciones a viajes de estadounidenses, límites al envío de remesas y agregó cinco a las 200 entidades cubanas con las que sus conciudadanos no deben realizar transacciones. Fue el 17 de abril, justo en el aniversario 58 de la derrota sufrida por el imperialismo estadounidense en Playa Girón.

Restricciones a las remesas

La aplicación extraterritorial de los títulos III y IV de la Ley Helms Burton agravará las condiciones de vida del pueblo cubano, alerta la organización Oxfam Internacional. Advierte que al limitar las remesas y dificultar los viajes de sus ciudadanos a La Isla, el gobierno estadounidense “vuelve sobre viejos y fallidos métodos, que atentan contra el derecho internacional y la autodeterminación de los Estados”.

Limitar la entrada de remesas, obstruir transacciones bancarias y sancionar a empresas nacionales e inversiones extranjeras, “afecta directamente los derechos humanos y se limitan así los esfuerzos para lograr un mayor crecimiento económico y mejorar las condiciones de mujeres y hombres de a pie”, explica la organización.

El representante de Oxfam en Cuba, Jérôme Fauré, alertó el 20 de abril que se frenará el impulso a la descentralización hacia lo local, las oportunidades de desarrollo del sector privado y la creación de empleos, solo por citar algunas de las transformaciones económicas que ahora impulsa Cuba.

Oxfam, que está en territorio cubano desde 1993, en pleno llamado “periodo especial” tras la caída del bloque socialista, concluye que el bloqueo de EE. UU. es el “gran obstáculo” para que La Isla logre su agenda de desarrollo sostenible.

Con su actual ofensiva, el gobierno estadounidense restringe a mil dólares cada tres meses el envío de remesas a Cuba. Y con la aplicación del título IV, Washington negará visas a empresarios extranjeros que inviertan en propiedades nacionalizadas.

Esta restricción ataca directamente a las familias en Cuba, lo que podría agravar la crisis económica y anticiparía una catástrofe; pues estos ingresos permiten a Cuba contrarrestar la honda crisis que sacude a Venezuela (su principal aliado) y a que los cubanos soporten financiera y emocionalmente el bloqueo.

Para la empresa Havana Consulting Group, esa decisión es “una guillotina en el cuello del gobierno cubano” y equivale a intensificar el deterioro en las relaciones bilaterales en los próximos meses. A Cuba ingresan cerca de cinco mil 200 millones de dólares anuales en remesas, monto que constituye el principal activo financiero de la economía, seguido por el turismo, la minería, el azúcar y el tabaco.

UE rechaza la medida

La decisión del gobierno de Donald Trump abre un nuevo frente de divergencia con la Unión Europea (UE). En 1996, ese bloque demandó a EE. UU. ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y William Clinton se comprometió a congelar cada seis meses esos capítulos. Tras el descongelamiento ordenado por Trump, la representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, hizo a Pompeo una serie de advertencias, entre ellas  que el bloque podría demandar a EE. UU. ante la OMC.

La Comisión Europea ha asegurado estar “preparada” para proteger los intereses de empresas de la UE en Cuba y reiterado su “fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al derecho internacional”.

Canadá se ha unido a la UE para “proteger los intereses” de sus empresas en la OMC y con el veto a los juicios extranjeros basados en el título III. Además, europeos y canadienses articulan un veto a firmas estadounidenses con filiales en Europa que decidan demandar a empresas europeas.

Así, compañías europeas demandadas en EE. UU. tendrán derecho a llevar ante un tribunal del viejo continente a la filial europea de esa empresa estadounidense y exigirle compensación por el costo del litigio en EE. UU.

Como ejemplo está el exhorto a la UE de la Asociación de Empresarios de España en Cuba (AEEC), del 13 de abril. “Les exigimos reciprocidad y no quedarmos quietos. Si alguna firma española con intereses en Cuba es amenazada, multada o apercibida, que sufra el mismo castigo la compañía estadounidense que promueva esa acción”.

Y aunque es prematuro saber qué pasará ante un hipotético aluvión de demandas en EE. UU. contra firmas ibéricas –muchas operan en régimen mixto con corporaciones cubanas– “difícilmente” serían afectadas las pequeñas y medianas.

Para España, disuadir y penalizar el comercio e inversiones de terceros atenta contra sus intereses y los de otros socios europeos en Cuba. El comunicado del Ministerio de Exteriores señala que ese endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba perjudica el proceso democratizador insular y va contra el derecho internacional.

Agrega que aplicar esos títulos “no contribuye al objetivo común de seguir promoviendo la democracia, la apertura política y los derechos humanos” en La Isla. De ahí que invite al gobierno de Trump a seguir trabajando con España y la UE en una reforma política y democrática en Cuba.

México debe rechazar presiones

En 1996, México descarriló el espíritu injerencista de los títulos III y IV de la Ley Helms Burton al articular lo que se llamó una ley antídoto. En las secretarías de Relaciones Exteriores (SER) y de Comercio (SC) –en particular la subsecretaría de Negociaciones Comerciales– se redactó una iniciativa legislativa que aplicaría la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente) a la mayor economía del planeta.

El 12 de agosto, el Poder Legislativo repudió por unanimidad la Ley Helms Burton y con ello México desconoció todo laudo emitido en tribunales extranjeros. Esa ley estableció que todo mexicano al que se expropien bienes en otro territorio podrá demandar ante tribunales nacionales una compensación mediante la confiscación de propiedades que posea en este país la firma demandante.

A 29 años de esa decisión es urgente recuperar el espíritu de dicha proeza de soberanía y autodeterminación, cuando las sanciones estadounidenses amenazan la libertad de firmas mexicanas que comercian con Cuba y con el respaldo del derecho internacional.

El actual posicionamiento del gobierno mexicano “lamenta” que EE. UU. aplique por primera vez en la historia esos títulos y que el impacto de una de esas medidas afecte a empresas mexicanas que negocian con Cuba. Puntualiza que protegerá a las empresas mexicanas que “pudieran ser afectadas”.

Más adelante rechaza la aplicación de leyes comerciales “unilaterales con carácter extraterritorial” contrarias al derecho internacional y refrenda su apoyo al fin del bloqueo económico y comercial impuesto contra Cuba.

México es el segundo mayor socio comercial de Cuba. Ambas naciones están hermanadas por el curso de una historia común y ante la difícil coyuntura que hoy enfrenta Cuba por la pretensión de EE. UU. de eternizar el problema político, México debe mantener una política exterior activa que denuncie la extraterritorialidad de las medidas de la superpotencia pese a sus extorsiones y amenazas.