Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de libertad de expresión y medios de comunicación denunciaron un presunto uso arbitrario del derecho penal en San Luis Potosí tras la detención de periodistas, comunicadores y creadores de contenido derivada de recientes reformas vinculadas con inteligencia artificial, manipulación de imagen e identidad digital.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones informaron que desde el pasado 21 de mayo fueron detenidas las creadoras de contenido Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, además de que existe una orden de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas la directora de medios periodísticos, Anahí Torres González.

Asimismo, señalaron que se desconoce el motivo de la detención de Christian Herrera, administrador de la página de Facebook “Código Rojo”, en Ciudad Valles.

Las organizaciones advirtieron que las detenciones y procesos penales contra periodistas, comunicadores y voces críticas representan una “grave señal de deterioro democrático” y constituyen un riesgo directo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la entidad.

También cuestionaron las reformas relacionadas con inteligencia artificial e identidad digital al considerar que contienen definiciones ambiguas y amplias que podrían facilitar la persecución de expresiones críticas o contenidos de interés público.

Según el documento, este tipo de normas genera un “efecto inhibitorio” entre periodistas, medios, activistas y ciudadanía, debido a la incertidumbre sobre qué publicaciones o expresiones podrían derivar en investigaciones, detenciones o procesos judiciales.

Las organizaciones recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las leyes ambiguas que permiten amplios márgenes de discrecionalidad son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

En el comunicado, los firmantes hicieron un llamado al Poder Judicial de San Luis Potosí para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y estándares reforzados de protección a la libertad de expresión en todos los casos relacionados.

También pidieron determinar la no vinculación a proceso de las personas imputadas al considerar que no existen condiciones compatibles con estándares constitucionales e interamericanos para restringir la libertad de expresión mediante la vía penal.

A la Fiscalía General del Estado le solicitaron detener el uso expansivo del derecho penal contra expresiones protegidas constitucionalmente y abstenerse de criminalizar actividades periodísticas, críticas o satíricas.

Asimismo, exigieron al Congreso estatal abrir un proceso de Parlamento Abierto para revisar las reformas cuestionadas con participación de especialistas, académicos, periodistas y organizaciones civiles.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Reporteros Sin Fronteras y Alianza de Medios MX.

Las agrupaciones concluyeron que la regulación de tecnologías emergentes no debe utilizarse como pretexto para ampliar mecanismos de censura ni para debilitar libertades fundamentales.