La operación, coordinada por el Departamento de Estado, implicó 410 millones de dólares y acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico.
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Arrestos en el interior del país, estancias prolongadas en centros de detención y condiciones dañinas para su salud física y emocional, son sólo algunas de las dificultades que enfrentan menores como Liamo Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, en manos del sistema migratorio de Estados Unidos (EE. UU.), denuncian organizaciones civiles.
El infante cumplió siete días bajo custodia migratoria tras ser detenido el pasado 20 de enero, un caso que se suma a los tres mil 800 menores que han sido arrestados junto a sus padres por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) entre enero y octubre de 2025, según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones.
De ese total, más de dos mil 600 detenciones ocurrieron en el interior del país, mientras que el resto se registraron en la frontera.
La deportación de Liam y su padre fue bloqueada por un juez federal con el fin de garantizar el debido proceso, mientras tanto, organizaciones civiles y comunidades escolares reclaman su liberación inmediata.
El Acuerdo Flores establece un máximo de 20 días de custodia para menores, pero informes internos del propio ICE reconocen que al menos 400 niños han superado ese límite, algunos por más de cinco meses, por retrasos administrativos, médicos y legales.
Para especialistas en derechos de la niñez y organizaciones como Children’s Rights consideran que la prolongación agrava el daño: ansiedad, trastornos del sueño, pérdida de apetito y retrocesos en el desarrollo.
Por su parte, las autoridades defienden el operativo y sostienen que el objetivo era el padre del niño, mientras la familia y su defensa niegan intentos de fuga y subrayan que solicitaron asilo de manera regular.
Finalmente, la familia de Liam rechaza la versión oficial y recuerdan que la migración del menor y su padre respondió a razones económicas y de seguridad.
La operación, coordinada por el Departamento de Estado, implicó 410 millones de dólares y acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico.
Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.