La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
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Foto: Internet
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este 13 de noviembre un paquete de reformas impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el objetivo de incrementar penas para delitos como despojo, amenazas, lesiones por razón de género y asociación delictuosa.
La reforma eleva las penas de 5 a 6 años y de 10 a 11 años para quienes ocupen un inmueble ajeno mediante violencia física o moral. Si el delito se comete contra personas mayores de 60 años, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas, la sanción sube de 7 a 11 años de prisión.
Los diputados también aprobaron cambios al delito de amenazas, que ahora contempla violencia de género y violencia digital. La reforma establece de uno a dos años de prisión o de 90 a 360 días de multa para quien amenace a otra persona con causarle un daño grave a ella, a sus bienes, su honor, sus derechos o a alguien con quien tenga un vínculo.
El pleno avaló además una reforma que fija de cinco a diez años de cárcel para quienes integren una asociación o banda delictiva. Si los miembros participan en delitos como robo, extorsión u homicidio, la pena aumenta a 10 a 15 años, además de una multa de mil a siete mil unidades de medida y actualización.
Finalmente, se aprobó el endurecimiento de penas por lesiones cometidas por razón de género, con el fin de fortalecer la respuesta penal ante agresiones contra mujeres.
La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
La preocupación se acrecentó tras darse a conocer que policías auxiliares y bancarios podrán aplicar sanciones en 13 alcaldías.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera