La autoridad municipal se presentó en la zona damnificada 14 días después de la inundación.
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En México, incluidas sus escuelas, no se garantiza la seguridad para los estudiantes, quienes sufren la constante violencia e inseguridad, lo que impide “un desarrollo adecuado de la niñez y la juventud”, sostuvo Adán Márquez Vicente, líder nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR).
La federación estudiantil se manifestó en contra de la nula política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la creciente ola de inseguridad que ha permeado en las escuelas, azotando a la niñez y a la juventud del país.
“En nuestro país, la violencia en contra de los estudiantes ha llegado a niveles alarmantes desde los últimos meses del año pasado en diferentes estados”, afirmó Márquez Vicente.
Veracruz ha sido tema nacional por las constantes muertes de estudiantes menores de edad. Sólo en la última semana la violencia arrebató la vida de cinco menores, tres de ellos acribillados por una docena de sicarios, quienes dispararon más de 400 balas a la camioneta en que viajaban. Dicha situación se ha visto replicada en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero, donde un comando armado irrumpió en la comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, abriendo fuego contra maestros y alumnos en las instalaciones de una escuela primaria y que cobró las vidas de 10 personas, entre ellos un menor de 11 años.
En el municipio de Chimalhuacán, estado de México, la violencia ha cobrado la vida de 16 personas en las últimas semanas y la de un estudiante en la Escuela Preparatorio N° 231, encontrado muerto a manos de la delincuencia.
Casos similares, se han dado en Tampico, Tamaulipas, con cinco escuelas marcadas como ‘foco rojo’ por inseguridad; en Cárdenas, SLP, se suspendieron clases ante el temor de la ciudadanía por sus hijos, y en Quintana Roo, padres de familias se han mostrado preocupados tras el regreso a clases por la marcada inseguridad que ha existido en el estado desde hace años, los robos y saqueos a las escuelas es el pan de cada día de padres y alumnos. A esto, se suma lo acontecido hace unas semanas en Sinaloa, signos de un descontrol total de la violencia e inseguridad que sufre la ciudadanía.
Márquez Vicente señaló que “nos hemos enfrentado a un gobierno insensible, que no invierte en educación, ni en seguridad, y los jóvenes se encuentran totalmente expuestos a un clima de violencia”.
Ante ello, la FNERRR lanza un grito de protesta y exige al gobierno de López Obrador que se proteja a los estudiantes. La política de ‘abrazos, no balazos’, insistió, ha demostrado ser un total fracaso en el combate a la inseguridad del país, todo lo contrario, ha generado un ambiente hostil que no asegura el derecho a la educación y a la vida.
La autoridad municipal se presentó en la zona damnificada 14 días después de la inundación.
Distribuidores sin registro operan en complicidad con autoridades municipales y generan pérdidas millonarias a la industria formal del gas.
La industria del streaming enfrenta un punto de inflexión debido al aumento de precios, la saturación de plataformas y la “fatiga del abonado”.
Patrullajes militares; así como restricción en el derecho de libre tránsito, son algunas medidas que se aplican a más de 10 millones de personas.
La línea permitirá la interconexión entre municipios como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz, en el Edomex.
Entre las vialidades se encuentran: Constituyentes, Paseo de la Reforma, Periférico, Circuito Interior y Tlalpan, entre otras.
El estado más afectado es Veracruz, con 35 decesos y 11 personas no localizadas.
Los trenes alcanzarán velocidad máxima de 360 kilómetros por hora y velocidad comercial de 200 kilómetros por hora.
Extorsión mantiene tendencia al alza desde 2022, con ocho mil 585 víctimas en 2025, la cifra más alta de los últimos cuatro años.
La Fiscalía estatal de Oaxaca manifestó que el crimen se cometió por una nota que la profesora Fabiola Ortiz dio en el Colegio de Bachilleres.
El 24.7 por ciento de los delitos en todo el país se concentraron en 20 municipios, cifras del SESNSP.
Hasta el momento, 47 personas han sido dadas de alta y cinco continúan hospitalizadas.
Los pobladores manifestaron su rechazo y acusaron al gobierno de iniciar la obra sin permisos ambientales ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La funcionaria intentó frenar la clausura de un negocio presuntamente familiar y afirmó tener influencias políticas.
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Escrito por Redacción