El robo es la esencia del capitalismo. Para expandirse y fortalecerse se apropia de la plusvalía que generan los trabajadores, de territorios y recursos naturales. La era del Covid-19 trastocó la estructura de poder del orden internacional en la posguerra fría, pero dejó intacta la rapacidad neocolonial que encarnan las élites político-corporativas de Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados: Reino Unido e Israel. Ante la pasmada comunidad mundial, esa codiciosa troika violenta el derecho internacional para apropiarse del oro y el petróleo de Venezuela y la fértil Cisjordania palestina. Despojar así a los pueblos venezolano y palestino de lo que es suyo por derecho, consumará la impunidad de esos saqueadores.

Ésta es la crónica de dos despojos anunciados. Es también la reseña de la debilidad de los organismos multilaterales para impedir esos delitos y castigar a los responsables. A plena luz del día, la banca del Reino Unido defraudó la credibilidad del mundo en esa institución, al hurtar los lingotes de oro que Venezuela puso bajo su custodia hace años. Al mismo tiempo y contra toda legalidad, Israel avanza en su anexión del 40 por ciento del futuro Estado Palestino.

En ambos casos, el objetivo de estas expoliaciones es asfixiar a dos pueblos que hoy sufren las más difíciles condiciones económicas para sobrevivir a las crisis sanitaria y económica provocadas por la actual pandemia. Venezolanos bolivarianos y palestinos apelan a los 189 países de la comunidad internacional para impedir que se consumen esos despojos imperiales.

Robo a plena luz

Históricamente, los bancos centrales de cada país han depositado sus reservas de oro monetario –activos y reservas en forma de lingotes– en bancos extranjeros. Venezuela, con 360 toneladas de reservas de oro, llegó a ocupar el puesto 16 mundial y fue el primero de América Latina (AL), seguido por México con 120 toneladas.

De acuerdo con Market & Trends, si se comparan las reservas venezolanas con las 504 toneladas del Banco Central de la Zona Euro (BCE), cuya economía es 20 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, sus reservas eran muy cuantiosas. Ante las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) impuestas por EE. UU. y sus aliados, el gobierno bolivariano solicitó al Banco de Inglaterra (BI) la repatriación de esos lingotes.

Esas 14 toneladas de oro, equivalentes al 15 por ciento de las reservas del país, y cuyo valor en el mercado mundial de metales se estima en 550 millones de dólares (mdd), son vitales para que el presidente Nicolás Maduro pueda atender la salud y alimentación de la población y pagar la nómina durante la actual pandemia.

Desde enero, el BI dio pasos para despojar de ese recurso al pueblo venezolano. Con pretextos, impidió su repatriación, obligó a Caracas a adquirir un seguro para garantizar el envío alegando que cualquiera “lo puede robar”. Tras retener esas reservas en sus bóvedas, hoy argumenta que reconoce al títere de Washington, Juan Guaidó, como legítimo presidente de Venezuela.

Las instituciones de justicia británicas se coluden contra el gobierno de Maduro. El Tribunal Supremo Británico (TSB) rechazó el acceso de Caracas a esas reservas y el Banco Central de Venezuela (BCV) apeló el fallo en busca de una orden que obligue al BI a liberar los lingotes.

El representante del BCV en Londres, Nick Vineall, rebatió la afirmación del Reino Unido de febrero de 2019 de que Guaidó es presidente interino. Mostró que Maduro mantiene el control institucional y que los representantes de Guaidó (Vanessa Neumann y Andrew Fulton) carecen de acceso a las propiedades venezolanas en la capital inglesa.

“Quieren la agonía económica del país, le cierran el acceso a divisas necesarias para importar los insumos que no produce”, explica el analista Kike Briega de Análisis Financiero Chartered.

 Atrás de este intento de despojo está la eficiente y sorpresiva estrategia de Hugo Chávez, que logró repatriar, en etapas, 160 de las 180 toneladas de oro en bancos foráneos. Lo hizo sin que el voraz capitalismo financiero tuviera tiempo de impedirlo; esa proeza constituyó el mayor movimiento de oro físico en el mercado mundial hasta entonces.

En agosto de 2011, Chávez anunció ese plan y la nacionalización de la explotación del oro. El primer embarque de cinco toneladas de oro llegó de Francia al aeropuerto de Maiquetía el viernes 25 de noviembre de 2011. Emocionados, vimos a los venezolanos saludar el paso del convoy con su dorada carga hacia el Banco Central Venezolano (BCV).

El último envío llegó el 30 de enero de 2012. Un avión de World Airways transportó 14 toneladas de oro. En total, Chávez logró repatriar 160 de las 180 toneladas de oro que estaban en el exterior, a través de viajes aéreos desde Europa en un período de dos meses. Ese año el gobernador del Banco, Nelson Merentes, celebraba la recuperación.

Como antecedente está el caso del Bundesbank (Banco Central de Alemania) que en 2013 repatrió en cuatro meses 300 toneladas de oro desde Nueva York, luego de que los alemanes negociaran ese retorno con el Tesoro de la Reserva Federal de EE. UU.

Para el consultor George Milling-Stanley, a la muerte de Chávez, en marzo de 2013, el oro de Venezuela volvió a la mira de los bancos de inversión. Fue así como, nueve años después, la banca internacional busca venganza y rechaza repatriar el oro a su dueño legítimo, que es el pueblo venezolano, no un puñado de pillos.

Despojo en Cisjordania

El capital corporativo no quiere un Estado palestino. La prueba es la pretensión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de anexar el 40 por ciento de la fértil Cisjordania. Fiel al “acuerdo del siglo” del presidente de EE. UU., Donald John Trump, anunció este despojo que incluye la Cisjordania palestina y el estratégico Valle del Jordán.

Esa acción de fuerza, ilegal bajo el derecho internacional, remite a la frase del politólogo húngaro del Siglo XX Arthur Koestler: “Una nación ha prometido solemnemente el territorio de una segunda a una tercera”, como crítica a la Declaración Balfour, que avaló la invasión sionista de Palestina.

Hoy, cuando la clase política israelí refuerza el modelo colonial de conquista territorial, se evidencia que esa apropiación ilegítima imposibilitará la existencia de un Estado palestino independiente.

Proclamar unilateralmente su soberanía sobre otro territorio ocasionará tres efectos dramáticos. En principio, esa anexión imposibilita la existencia de un Estado independiente palestino en el futuro, además, condena a vivir en enclaves a casi el 4.5 por ciento de los palestinos en Cisjordania.

El actual plan anexionista de EE. UU. e Israel se da en un contexto de total desigualdad de fuerzas entre los actores. Israel, respaldado por las corporaciones bélicas, energéticas y farmacológicas, así como por la Casa Blanca y los congresistas demócratas y republicanos, es la mayor fuerza militar de Medio Oriente.

En contraste, los palestinos de los territorios ocupados (la Franja de Gaza y Cisjordania) viven una situación de constante expropiación de tierras, aguas, viviendas y la violación a sus derechos humanos. La anexión se da en el marco de desigualdad de fuerzas y, si se concreta, se consolidará el Apartheid de los palestinos en pleno Siglo XXI.

Desde 1967, tras la ocupación militar de Cisjordania, entre 2.1 y tres millones de palestinos viven bajo asedio y carecen de derechos ante los 450 mil judíos ortodoxos israelíes que han construido 140 colonias, todas consideradas ilegales por el derecho internacional.

Otro efecto de la anexión es la expulsión de los palestinos, pactada entre el gobierno de coalición israelí formado por Netanyahu y Benny Gantz. El periodista Ahmad Al-Bazz explica el alcance del Apartheid impuesto por Israel a los palestinos.

“Un israelí decide ir de su casa en Tel Aviv al Mar Muerto; toma la autopista al este y en menos de hora y media está en la ribera del Jordán sin encontrar retenes ni avisos de que ingresó en Cisjordania. La policía israelí regula el tráfico, el Ejército evita que ingresen a zonas palestinas con letreros rojos en hebreo que alertan a israelíes que entrar en esas ciudades sería ‘peligroso’.

“En contraste, un palestino que vive al otro lado de esos letreros no puede ir a Israel o visitar los centros turísticos del Mar Muerto. Sabe que, salvo algunos enclaves palestinos semiautónomos en Cisjordania y la Franja de Gaza, la antigua Palestina está ocupada por Israel desde 1948”.

La anexión de Cisjordania que impulsan Washington y Tel Aviv pretende transformar la geografía de un plumazo y condenar a los palestinos a la expulsión, el exilio o a vivir bajo la ocupación. Esto sucede a 30 años de los llamados Acuerdos de Oslo (1993), que buscaban la creación de un Estado palestino, pero que no se consolidó.

En Oslo se dividió a Cisjordania en tres zonas: A, B y C. Las dos primeras representan el 40 por ciento del territorio y en su mayoría están controladas por palestinos; en cambio, la zona C (el 60 por ciento) quedó bajo control militar y civil israelí. Ahora Israel borra esos acuerdos y anuncia su apropiación de la zona.

Para evitar el despojo de Cisjordania, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó un comité de 50 expertos en derechos humanos, entre ellos la Alta Comisionada Michelle Bachelet, quien condenó lo que llamó “Visión del Apartheid del Siglo XXI” por Israel. El grupo concluyó que esa anexión será desastrosa y sus consecuencias extremadamente dañinas para los palestinos.

A su vez, el historiador Dominique Vidal llamó a redoblar esfuerzos como la campaña “Boicot, Desinversiones, Sanciones” (BDS, en inglés), mantener la batalla judicial de muchos israelíes contra Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza.