En el Encuentro de Gobernadores de los Estados del Sureste, realizado el 20 de octubre de 2021, el mandatario estatal de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, citó los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales la entidad tuvo el mayor crecimiento poblacional en el país (4.5 por ciento), pero afirmó que fue la que más redujo la pobreza y en la que más se ha incrementado “el ingreso en los hogaresˮ.

Si bien es cierto que en algunos indicadores económicos –entre ellos el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo, el primer puesto en comercio minorista, la industria de la construcción y el segundo en la manufacturera– Oaxaca reportó incrementos superiores a los de otras entidades federativas (Sinaloa y Baja California); los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi en el segundo trimestre de este año arrojaron como resultado la existencia de 1.5 millones de trabajadores en el sector informal, 10 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

Es decir, según esta encuesta, Oaxaca registró la tasa más alta de informalidad en el país, con el 80.7 por ciento; en otras palabras, ocho de cada 10 oaxaqueños perciben ingresos inestables, pueden ser despedidos en cualquier momento, laboran jornadas superiores a las ocho horas diarias, carecen de servicios médicos y prestaciones sociales, entre éstas, la de aportar a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), como lo recomienda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en el empleo informal se ubican trabajadores auto-empleados, sus familiares, asalariados que complementan sus ingresos con laborales informales y trabajadores domésticos. El Inegi reportó que los estados de la frontera norte de México con Estados Unidos (EE. UU.) tienen las tasas de informalidad laboral más bajas del país, es decir, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a diferencia de las entidades del sur –Oaxaca, Guerrero y Chiapas– cuya informalidad es mucho más alta.

En México existen 30 millones 963 mil personas en la informalidad, cifra equivalente al 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir, de cada 100 trabajadores con capacidad para trabajar, 56 son informales.

Data México informó que, en el segundo trimestre de 2021, el salario promedio mensual en el sector formal era de seis mil 300 pesos y en el sector informal correspondía tan solo a dos mil 580 pesos. Es decir, el salario promedio semanal de los trabajadores informales resultaba en apenas 645 pesos, cantidad insuficiente para llevar una vida digna.

Esta misma plataforma dio a conocer, en el primer trimestre de este año, que 520 mil oaxaqueños realizaban labores en el campo; 190 mil se dedicaban a la venta de mercancías de todo tipo (excluidos los alimentos preparados) y 46 mil aseguraron trabajar en el comercio ambulante. Es decir, en este periodo, poco más de 755 mil oaxaqueños laboraban en estas tres actividades.

Pero el mayor problema para los trabajadores de Oaxaca es la baja remuneración. Por ejemplo, el ingreso promedio mensual de los 215 mil trabajadores que cultivan maíz o frijol era de 210 pesos (52 pesos semanales); 235 mil que realizaban trabajos de apoyo a otras actividades agrícolas y ganaderas (caprinos y ovinos) ganaban en promedio entre 550 y mil 900 pesos mensuales (entre 138 y 475 pesos semanales). Estos datos revelan que alrededor de 450 mil oaxaqueños en el primer trimestre de 2021 ganaron un salario promedio semanal de entre 52 y 475 pesos.

En mayo de este año, Oaxaca se situó como la entidad con mayor disminución en pobreza laboral y con una tasa de desocupación del 1.5 por ciento; esto implicó que gran parte de los oaxaqueños se encontraba laborando. Sin embargo, este incremento en la población ocupada reveló la recuperación de los empleos perdidos durante el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 durante 2020, por lo que no puede considerarse como crecimiento económico.

Además, el Inegi reportó que, durante el tercer trimestre, la pobreza laboral del país fue del 40.7 por ciento superior a la reportada en el segundo trimestre, cuando se ubicó en 39.9 por ciento. Los estados con menor porcentaje de población en pobreza laboral en el tercer trimestre del año fueron Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, Colima, Jalisco y Coahuila, con cifras menores al 28 por ciento; y las entidades con mayor población en pobreza laboral fueron Chiapas, con el 68.5; Oaxaca, con el 63.6; y Guerrero, con el 63.3 por ciento.

Por definición, existe la pobreza laboral cuando los ingresos de una familia no son suficientes para alimentar a sus miembros y satisfacer sus necesidades vitales con ingresos no laborales como remesas, transferencias o apoyos monetarios de programas sociales. En Oaxaca, la población con ingresos seguros representa solo un millón 800 mil personas; y los que sufren pobreza laboral son un millón 150 mil oaxaqueños.

Este número es mayor si se considera que un trabajador en pobreza laboral significa el sustento de una familia. Esta situación afecta de igual manera a trabajadores de ambos sexos, pues en el tercer trimestre se encontraban en la misma situación el 62.2 por ciento de los hombres y el 64.8 de las mujeres.

Las estrategias de los gobiernos estatales y Federal no han resultado en Oaxaca; pues, si bien es cierto que en la actual administración se autorizaron incrementos al salario mínimo superiores a los de sexenios pasados, sus efectos positivos no se reflejan en el poder adquisitivo de los hogares oaxaqueños.

En 2019, el salario mínimo para la región del sur de México aumentó de 88.36 a 102.68 pesos diarios; en 2020 subió a 123.22 pesos; en 2021 a 141.70 pesos; y en 2022 la cuota diaria será de 172.87 pesos. Sin embargo, los incrementos aliviarán la situación de los trabajadores formales, no la de los informales, quienes integran la masa laboral más importante de Oaxaca.

En entrevista con buzos, Yolanda Fernández, dueña de un establecimiento de comida en el centro de Oaxaca-capital, comentó: “antes de la pandemia nos iba un poco mejor. Teníamos mucha venta, pero cuando nos obligaron a cerrar nuestros negocios, tuve que despedir a las dos muchachas que me ayudaban. Ni modo, yo no podía pagarles… cuando volvimos a abrir, vimos que los comerciantes ambulantes se pusieron en las calles del centro y perdimos mucha clientela. Pero tenemos que seguir abriendo, si no, ¿cómo comemos?”.

Yolanda reveló que ella, al igual que muchos otros comerciantes del mismo nivel económico, no podrá pagar a sus trabajadoras el incremento salarial recién autorizado por el Gobierno Federal, pues las ventas de su establecimiento no se han recuperado ni podrán subir al ritmo del aumento salarial.

Esta posición no difiere de los análisis de los economistas especializados, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyos dirigentes han alertado al Gobierno Federal en torno a que los incrementos en los salarios benefician sin duda a los trabajadores; pero también arriesgan a miles de pequeñas y medianas empresas.

A finales de 2020, el entonces presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró: “con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que empresas desaparezcan, o de que haya un aumento en el desempleo”.

En el segundo trimestre de 2021, el número de comerciantes ambulantes aumentó en la capital del estado, especialmente en el centro histórico. A principios del tercer trimestre fueron desalojados de esta zona y, para evitar su presencia, el gobierno municipal cerró con vallas metálicas las calles que dan acceso a la plaza central de Oaxaca.

Entonces las calles aledañas, habitualmente transitadas por vehículos, fueron ocupadas por los ambulantes desalojados del Zócalo, lo que provocó una nueva acción de rechazo que derivó en un choque violento con saldo de varios heridos, pues la policía municipal usó la fuerza física y bombas de gas lacrimógeno.

Los comerciantes han exigido a los gobiernos municipal y estatal la adopción de acuerdos que les permitan ejercer su derecho al trabajo, pero solo han recibido actos de represión; por lo que regresaron a otras calles del centro histórico en la capital oaxaqueña.

Entrevistado por buzos, uno de los afectados señaló: “No somos ladrones, no somos delincuentes, solo pedimos que nos dejen vender nuestros productos. No son cosas chinas, no son cosas robadas, son productos hechos por nosotros, por los oaxaqueños… en varias ocasiones hemos pedido al gobierno que nos ayude, que nos dé un espacio para vender y para no estar de forma ambulante. A nosotros tampoco nos gusta estar así, vendiendo de un lado para otro, pero no tenemos otra salida”.

Los comerciantes ambulantes pagaron permisos de venta al gobierno municipal cuando les permitieron instalarse en el Centro Histórico, autorizaciones que oscilaron entre 15 mil y 45 mil pesos.

Más datos desoladores

El Índice de Complejidad Económica (ICE), que se utiliza para medir la reducción de la dimensión física para explicar y predecir el crecimiento económico futuro, así como identificar la desigualdad de ingresos y las emisiones de gases de efecto invernadero, es otro elemento que aporta graves indicios del deterioro padecido por los trabajadores de Oaxaca, México y el mundo.

Con este indicador se definen, además del nivel de capacidad técnica requeridos por las industrias complejas, el correspondiente nivel de ingresos de sus trabajadores y su crecimiento potencial; por lo que cuando las tareas productivas no requieren un nivel alto de capacidad para realizarlas, los niveles de ingreso laboral y de crecimiento económico resultan bajos.

Según Data México, en mayo de 2021, Oaxaca registró un descenso de 1.97 por ciento en el ICE, convirtiéndose en la peor entidad en este rubro, seguida de Guerrero y Chiapas. Los estados con ICE más alto fueron Nuevo León, con 1.63 y Querétaro, con 1.54.

Este resultado en el ICE concuerda con el 80.7 por ciento de informalidad en Oaxaca, ya que este tipo de labores efectuadas en este sector no requieren un considerable nivel de capacidad técnica en la realización de sus actividades, cuyos ingresos son igualmente bajos.

A la precariedad que padece la mayoría de los oaxaqueños en edad laboral, se suma la que en octubre ubicó a México entre los siete países con tasas más altas de los 38 Estados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y en noviembre llegó al 7.05 por ciento, la más alta registrada en el país durante los últimos 20 años.

El aumento generalizado de los precios en los bienes y servicios de mayor demanda en el mercado provoca una disminución en el poder adquisitivo de los ingresos laborales de los trabajadores y ha elevado del 6.6 al 7.2 por ciento las expectativas inflacionarias que los especialistas en economía del sector privado previeron para finales de año; y del 3.93 al 4.12 por ciento la de 2022, en una encuesta realizada por el Banco de México (Banxico).

Para los especialistas, el incremento al salario mínimo será importante para paliar la situación de desventaja que enfrentan los trabajadores formales; pero aún se desconoce cuál será su consecuencia en las pequeñas y medianas empresas, en el empleo formal, en el crecimiento de la informalidad y la pobreza laboral en Oaxaca.