La muerte de siete trabajadores en la mina Micarán, en Múzquiz, Coahuila, el pasado cuatro de junio, confirmó lo que desde hace 15 años se sabe en esa región carbonífera: que las condiciones laborales de los mineros son en extremo precarias e irregulares y que en cualquier momento podrían suscitarse más tragedias de esa misma o mayor magnitud.

El derrumbe ocurrió a las 12:50 horas de ese día en la mina de Micarán, ubicada en el predio llamado Rancherías. “De repente llega un compañero, que andaba con nosotros, pero más abajo, fue y nos avisó que se había reventado una mina vieja, que el agua ya venía, y nosotros no le creímos, hasta que vimos su desesperación, además de que comenzamos a ver cómo se iba inundando todo. Haz de cuenta una cascada. Cascada recio. Zumbaba el agua”, relató Alberto, el único sobreviviente del colapso.

Mauricio Cortés, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes quedaron atrapados entre los escombros de la mina, propiedad del productor de carbón Gerardo Nájera. Sus cuerpos fueron hallados y rescatados varios días después, luego de la presión de los familiares y el trabajo de los elementos de Protección Civil.

Según las investigaciones preliminares, el accidente obedeció a la inundación provocada por el rompimiento de una represa. Sin embargo, familiares de los trabajadores fallecidos revelaron a los medios de comunicación locales que ya habían denunciado las malas condiciones de la mina.

En octubre de 2020, durante una visita a lo que fue la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue interceptado por los deudos de los obreros muertos en la explosión de esa mina en 2006. El titular de la CFE iba acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La organización civil Familia Pasta de Conchos (FPC) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CDHAP) también le entregaron una carta y varias fotografías en las que se mostraban las condiciones de inseguridad en que laboraban los mineros de Micarán.

Martha Iglesias, hija de un minero atrapado en Pasta de Conchos publicó, en su cuenta de Twitter, la carta entregada a Bartlett. A la letra dice: “Corresponden a dos empresas que han firmado contratos con Comisión Federal de Electricidad (CFE), y extraen el carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene. No había agua potable para los trabajadores que estaban en tenis, sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, botiquín, extinguidores, ventilación, autoescatadores; y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dicha situación, que se repite a lo largo de la región, se debe a que se ha permitido durante décadas que los empresarios operen sin cumplir con las leyes, incluso sin tener minas o coyoteando carbón de minas clandestinas”.

La organización FPC, que acompañó a las familias de las víctimas de Pasta de Conchos en 2006, ahora está al lado de los mineros que aún trabajan en los socavones de carbón, donde se ven obligados a sacrificar sus vidas por la negligencia de las empresas, cuyos dueños no les brindan las condiciones mínimas de seguridad física para realizar sus labores de extracción de carbón mineral.

Pese a las múltiples denuncias de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación locales y las demandas de los trabajadores, varias empresas mineras de carbón en Coahuila operan sin respetar las leyes laborales ni las recomendaciones de crear las condiciones de seguridad y salubridad mínimas en sus minas.

La omisión de medidas y equipos de seguridad es casi total en la mayoría de las empresas en esa región carbonífera, así como la afiliación de sus trabajadores al IMSS, puesto que se hallan en permanente riesgo de accidentes y enfermedades mortales y de dejar en absoluta desprotección a sus familias.

A decir de una de las organizaciones defensoras de los derechos laborales de los mineros, los empresarios del carbón burlan la ley porque se sienten protegidos por el gobierno estatal y el Federal; la mayoría de ellas provee de carbón mineral a la CFE, empresa del Estado mexicano.

Fue por esta razón que solicitaron a Bartlett Díaz y al Gobierno Federal que apoyaran sus demandas de atención a los graves problemas de indefensión que padecen los mineros. La FPC y el CDHAP aportaron pruebas de sus acusaciones para proteger la integridad de los mineros; pero a la fecha no ha habido ninguna respuesta del Bartlett Díaz ni del Gobierno Federal.

La respuesta de la CFE

Luego de que Martha Iglesias hizo público el texto de la misiva entregada al titular de la CFE, un comunicado de prensa de la paraestatal negó “categóricamente” que la mina de Múzquiz la provea de carbón, por lo que es “imposible que su director (Manuel Bartlett Díaz) estuviera enterado del estado de la mina”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila abrió una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en la mina recién accidentada. Su titular, Gerardo Márquez Guevara, aclaró que el peritaje realizado por esta dependencia está por concluir; y que cuando se haga público, se fincarán responsabilidades.

Explicó que el proceso pericial topográfico de la FGE se halla por ahora en la etapa de las mediciones del lugar siniestrado; y que la investigación incluirá otro tipo de exámenes especializados, testimonios y entrevistas con los socios propietarios de la mina, antes de emitir su dictamen final, que se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Manuel Bartlett, acusado

La mina colapsada es de arrastre y subterránea; de ella se extrae carbón en carros y elevadores de carga. En octubre de 2020 fue revisada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que la amonestó y sancionó por la falta de medidas de protección laboral; el dictamen, sin embargo, no se difundió públicamente. En marzo de 2021, la STPS resolvió la restricción y volvió a operar, lo que sí hizo público.

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos e integrante de FPC advirtió al diario El País que “no es un accidente, ya que los mineros no tenían las condiciones para trabajar, ni equipo de seguridad ni medios (…). Es desquiciante que les hayamos entregado todo para evitar una desgracia como ésta y no nos hayan hecho caso, les enviamos una carta y fotografías de las condiciones de la mina. Ésta es la peor minería. Hacen creer a la sociedad que heroicamente generamos electricidad para el país; pero la realidad es que es a través de formas precarias y condiciones miserables de vida de los mineros: siempre pobres y siempre los que mueren”.

De acuerdo con información preliminar de la FGE de Coahuila, se siguen dos líneas de investigación con respecto a la muerte de los siete mineros. Una atribuye el colapso a un hecho de la naturaleza, es decir, a un accidente; y otra indaga una posible omisión de la empresa en las medidas de protección en la mina. Pero serán los peritajes que ahora practican la FGE y la FGR los que determinen cuál fue la causa del desplome.

Cruce de acusaciones

Mientras las fiscalías emiten el dictamen, los funcionarios públicos y los empresarios se culpan entre sí. Bartlett Díaz señaló al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de provocar una grave crisis de empleo en la región carbonífera y dejar sin ingresos a cientos de familias; y el mandatario estatal acusó al director de la CFE de lo mismo.

En su cuenta de Twitter, Riquelme escribió: “Antes de comentar las acusaciones de Manuel Bartlett, quiero recordar que en el gobierno de Coahuila trabajamos siempre en coordinación con el Gobierno de México y así lo seguiremos haciendo”. Y en un hilo de 10 puntos, el gobernador afirmó: “Acudí personalmente a la zona, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, dando todo nuestro apoyo a las familias”.

El lunes 14 de junio, Bartlett Díaz acusó al gobernador de proteger a quienes pretenden monopolizar la compra de carbón en perjuicio de los pequeños productores. En respuesta a esta imputación, el mandatario tuiteó que la minería y la electricidad son competencia exclusiva del Gobierno Federal:

“Señor Manuel Bartlett, usted debería saber mejor que nadie que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la Federación. Los gobiernos estatales solo podemos intervenir a solicitud de las instancias federales (…) Es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo al adjudicar estas responsabilidades a quienes no tenemos facultades legales sobre este sector”.

Lo acusó, asimismo, de no escuchar ni atender demandas: “Usted no los ha atendido (a la FPC) y tampoco acudió ante las familias de los mineros atrapados. Antes de repartir culpas, lo invito a que asuma sus responsabilidades que por ley le corresponden”. Luego sostuvo: “Ha favorecido a unas cuantas empresas, por ejemplo, a Tony Flores, hermano de la entonces candidata por Morena ahora alcaldesa electa por el municipio de Múzquiz y que han sido beneficiados con la compra de más de dos millones de toneladas sin licitación. ¿Quién permite y protege el monopolio del carbón? ¿Usted o yo?”.

Historial de accidentes

La región carbonífera de Coahuila está conformada por nueve municipios: Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso, Nava, Monclova, Piedras Negras, Escobedo y Juárez; en esa zona se extrae desde el Siglo XIX. En los últimos tres lustros, ha destacado nacional e internacionalmente por el número y la frecuencia de mineros atrapados, muertos y mutilados en derrumbes, además de su extrema explotación laboral.

El hecho más dramático ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando 65 de 73 trabajadores de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, quedaron atrapados debido a una explosión de gas que les impidió salir del socavón donde laboraban. Desde entonces, fueron exhibidas las condiciones de extrema inseguridad que prevalecen en esas minas.

Durante mucho tiempo, los dueños de estas empresas difundían entre la población que las explosiones, los derrumbes o las inundaciones en las minas eran normales, algo así como un “desastre natural”, igual de inevitable que una tormenta; y que los mineros tenían que asumir, con responsabilidad propia, su ingreso a los socavones, es decir, aceptaban de antemano las palabras del minero: “sabemos que entramos con vida, pero quién sabe si saldremos”.

Esta expresión popular muestra como “normales” o “naturales” las condiciones de trabajo precarias e inseguras que existen en las minas, entre ellas, la falta de un adecuado sistema de ventilación para que los gases no exploten; o de soportes en los túneles para que no se derrumben; o de un barrenado para evitar o prever las inundaciones.

La mayor parte de los municipios de la región carbonífera aún padecen un gran rezago económico, social y político; y la única fuente de empleo es la minería. Los salarios por una jornada de trabajo de extracción promedian los 160 pesos diarios. Los lugareños aceptan estas condiciones porque no hay más fuentes de empleo en la zona.

Además de elemental y precaria, la extracción de carbón es una de las más peligrosas y con frecuencia provoca la muerte, mutilación y enfermedades pulmonares de sus trabajadores debido a la mala calidad del aire en los túneles. Los más de seis monumentos al minero caído en los pueblos de la región son la mejor muestra del riesgo de muerte que siempre han enfrentado los trabajadores.

Las familias, que viven con frecuencia lamentables sucesos, exigen mucho más que pronunciamientos o condenas públicas; es decir, las medidas de protección física y sanitaria adecuadas para evitar accidentes, muertes, mutilaciones y las afectaciones al medio ambiente. Entre las propuestas que la organización FPC planteó a la CFE destacan las siguientes:

La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído a empresas que operen con estas prácticas; la cancelación de títulos mineros a estas compañías; la elaboración de un “protocolo nacional de salvamento minero” que establezca líneas de mando para los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito nacional minero.

Para la organización FPC hace falta una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes laborales y normas operativas, a las que están obligados.