Diversas organizaciones y medios de comunicación han denunciado muchas veces las inhumanas condiciones laborales de los mineros de la región carbonífera de Coahuila; en el Reporte Especial de esta semana se cita el contenido de una carta entregada al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, durante una visita que efectuó, en compañía del Presidente, a esa región, en la que tuvo que ser interceptado para entregarle dicho documento. La misiva no obtuvo respuesta sino hasta que fue publicada en las redes sociales y la CFE emitió un comunicado de prensa en el que negaba categóricamente que la mina de Múzquiz la proveyera de carbón, por lo que era “imposible que su director (Manuel Bartlett Díaz) estuviera enterado del estado de la mina”.

Esta respuesta refleja toda la falsedad de un Estado cómplice que pretende ignorar la negligencia empresarial y las condiciones que privan en la región, ampliamente conocidas por la mayoría de los mexicanos, al menos desde que en 2006 la tragedia de Pasta de Conchos las exhibiera.

La muerte, mutilación y enfermedad que rodean a los trabajadores en las minas de carbón de Coahuila tienen como causa inmediata las condiciones de inseguridad, así como la falta de protección y de salubridad a que los obliga la negligencia criminal de los empresarios; pero el peligro y la muerte no comenzaron con la reciente tragedia de Múzquiz ni con el derrumbe en Pasta de Conchos; son mucho más viejos, tan antiguos como el voraz apetito de ganancias de los empresarios de la región, de los dueños y concesionarios de las minas, que someten a los trabajadores a una explotación extrema, en condiciones de absoluta inseguridad a cambio de salarios insuficientes que la ausencia de otras fuentes de empleo los obliga a aceptar.

La negativa a realizar la mínima inversión en bien de la seguridad y la salud de los mineros del carbón ha permanecido impune durante siglos; los dueños y concesionarios de las minas jamás se han preocupado por evitar la acumulación de gas y las explosiones, por evitar el derrumbe de túneles o las inundaciones; ni les ha importado que los obreros y sus familias carezcan de servicio médico.

Pero los empresarios no son los únicos culpables del peligro de muerte que cotidianamente arrostran los mineros. La impunidad empresarial tiene a su vez, por causa, otra negligencia, aunque menos evidente: la indiferencia del Estado, que revela su complicidad ante la violación de las leyes que establecen la obligación de los empresarios de brindar condiciones de higiene, seguridad en el trabajo y atención médica a los obreros y sus familias.