Los campesinos del Ejido Valerio, ubicado en el municipio Valle de Zaragoza, defienden sus tierras y su medio ambiente ante una lucha desigual, como la que libró David frente al gigante Goliat, pues enfrentan a la empresa minera estadounidense Gatos Silver, que recibe el apoyo del gobierno y la policía estatal de Chihuahua.

Aunque está situada en el vecino municipio de Satevó, la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ha trastornado la tranquilidad de sus familias, perjudicado sus actividades agrícolas y ganaderas y, de manera muy alarmante, ha provocado que baje el nivel del agua potable de sus pozos artesianos.

Hace unas semanas, los ejidatarios tomaron medidas más enérgicas que la simple suscripción de una demanda por escrito: fueron al Palacio de Gobierno en la capital del estado y cuando los funcionarios rechazaron sus demandas, cortaron la circulación vehicular de la avenida Aldama, en pleno centro de la ciudad. En ese mismo momento, un grupo de ejidatarios bloqueó, en Valerio, el paso de los pesados camiones de carga de la mina Los Gatos.

La empresa minera estadounidense, ubicada en el perímetro del pueblo de San José del Sitio, en Satevó y colindante con el Ejido Valerio, explota una rica veta de plata a través de 15 socavones a cielo abierto; este último es excavado con máquinas gigantescas en terrenos de su ejido, ubicado en Valle de Zaragoza.

Ese día, el pasado jueves 20 de mayo, los ejidatarios viajaron a Chihuahua-capital buscando entablar el diálogo con la empresa Gatos Silver en la Procuraduría Agraria (PA); pero los abogados de la mina no llegaron. Sin embargo, fueron convocados a Palacio de Gobierno por el director de gobierno, Joel Gallegos Legarreta, a donde también habían sido citados.

Pero tampoco ahí se hicieron presentes los apoderados legales debido, posiblemente –como dedujo la asesora legal de los ejidatarios, la licenciada Edelia Lozoya– a que Gallegos Legarreta opera como su defensor de oficio en Palacio de Gobierno; ya que cuando los campesinos hablaron en torno a realizar un paro, espetó en tono agrio y rasposo: “No voy a permitir una huelga de ningún tipo”.

Es decir, el autoritario Director de gobierno estatal de Chihuahua se reveló tajantemente como decidido partidario de la minera transnacional y apuntó con uno de sus dedos índices a la abogada de los ejidatarios, mientras le decía: “usted no tiene derecho a hablar, ésta es mi oficina, y decido quién habla y quién no. ¡Te doy veinte minutos para que me quites a éstos!”, le ordenó, aludiendo a los campesinos que bloqueaban la circulación de la Aldama.

En su incontrolable arrebato, Gallegos Legarreta no solo tuteó a la abogada Lozoya como si fuera su empleada, sino además de pisotear los derechos constitucionales de petición, libre manifestación y protesta de todos los ciudadanos de la República, se olvidó de que el Palacio de Gobierno y las calles de Chihuahua son propiedad de la nación y de los mexicanos.

¿Qué más podría esperar una empresa trasnacional como Gatos Silver de un fiel escudero como Gallegos Legarreta en el gobierno estatal de Chihuahua?

Ya nada más, porque la protección que el actual gobierno del estado brinda a los inversionistas del sector minero llega a los más altos niveles de sumisión y abyección, como puede observarse en el caso del llamado Proyecto de la Mina del Cerro Los Gatos, en cuya defensa, los colaboradores del mandatario panista Javier Corral Jurado están pisoteando a los chihuahuenses.

Es la plata lo que brilla en el fondo

La mina del Cerro Los Gatos está situada en el Cinturón de Plata mexicano, ubicado a 120 kilómetros al sur de Chihuahua-capital. Su explotación se comparte entre las compañías Gatos Silver y Dowa Metals & Mining Co., que adquirieron el terreno y los derechos de acceso para crear un “modelo líder” en la extracción de plata.

Un texto oficial de la primera empresa informa que el “distrito Los Gatos abarca aproximadamente 103, 000 hectáreas e incluye 14 zonas de mineralización actualmente conocidas. GSI tiene planeado expandir progresivamente la exploración y producción a lo largo del Distrito Los Gatos”. La explotación y ampliaciones abarcan el territorio de dos poblados: San José del Sitio, del municipio de Satevó, y Valerio, comunidad del vecino municipio de Valle de Zaragoza.

Es en esta última población donde sus habitantes, desde hace ocho años, padecen varias afectaciones a sus tierras, al agua, medio ambiente y, por supuesto, a sus actividades agrícolas y ganaderas. Uno de los problemas que más resienten los ejidatarios es provocado por el paso de 110 camiones de carga, cada uno con capacidad para transportar 40 toneladas de mineral sobre la carretera vecinal de Zaragoza, ya que el frecuente tránsito de estos vehículos mantiene en la ruina el piso de asfalto.

El camino está casi intransitable, ya que los baches provocan la ruptura de los muelles y suspensiones de los vehículos de transporte colectivo y privado del Ejido Valerio, situación que no afecta gran cosa a los camiones de la Gatos Silver, que utilizan esa vía para llevar a Manzanillo, Colima, los minerales en bruto, de los que finalmente se extrae la plata.

Además de estos estropicios, los campesinos denuncian que la minera estadounidense ha alterado el ecosistema de esa región y que, mediante la ruptura de la cadena alimenticia, han desaparecido varias especies animales –entre ellas las liebres y los conejos– y han proliferado algunos depredadores como el caso del coyote que, en manadas, ataca frecuentemente el ganado vacuno, sobre todo a los becerros.

Denunciaron, asimismo, que ya “se fueron las abejas también, a causa del estrés y el ruido”; y ahora ya no es posible hallar colmenas en los bosques. También ha disminuido la producción de maíz, frijol temporalero y pasto. Las norias están bajando de nivel, signo inequívoco de que se están colapsando los niveles freáticos.

“Y ahora, como no sucedía desde que la gente tiene memoria, los arroyos, sobre todo los más inmediatos a las explotaciones mineras, ya no tienen las zonas verdes que en años anteriores eran un indicador de que, aún en tiempo de secas, había corrientes subterráneas en los lechos de arroyos como La Tinaja, el Aguilar o el arroyo Tres Hermanos, entre otros sitios”, advirtió uno de los ejidatarios.

Éstos han detectado, además, varios padecimientos inusuales en la gente, entre ellos algunas alergias, cansancio, debilidad, náuseas, vómitos y diarrea. En breve enviarán a Chihuahua-capital muestras del agua para que su análisis de laboratorio determine si tales síntomas son provocados por la contaminación del líquido vital por cuenta de los desechos mineros.

Esta presunción se debe a que en la mina Gatos Silver, en la parte alta del ejido y el poblado de Valerio surgieron socavones y los pobladores temen que las aguas vertidas corran “hacia acá”, es decir, hacia el sur-sureste. La preocupación de los campesinos de Valerio es muy grande y está por demás fundamentada.

Derechos pisoteados

Los ejidatarios llegaron a la protesta pública porque, a pesar de que han acudido a todas las reuniones convocadas por la PA, la compañía insiste en actuar con prepotencia e ilegalidad al insistir en el uso de un camino vecinal que cruza en medio del Ejido Valerio, sin importar los graves daños causados por sus grandes camiones de carga a esa vialidad.

“No hay un derecho de paso establecido, nunca ha querido la empresa formalizarlo, ni siquiera considerar realizarlo por una ruta diferente”, explicó a buzos su apoderada legal, la abogada penalista Edelia Lozoya. Se sabe, por otra parte, que la minera Los Gatos presume, en su propaganda institucional, que tiene esos derechos legales; pero en la práctica nunca se preocupó por hacerlos de manera efectiva.

“De esta manera, jurídicamente, es una invasión porque, aunque la carretera de Valerio a San José del Sitio es un camino público, no tiene especificaciones para soportar las cargas ni las dimensiones de los vehículos que les están imponiendo a los ejidatarios, ni mucho menos la frecuencia de estos desplazamientos”, explicó.

El 11 de mayo, durante una primera reunión con representantes de las dos partes implicadas, el ingeniero Mario Alberto Arzaga, en representación de la PA, dictaminó que la llamada “servidumbre de paso desde y hacia la mina es ilegal”, porque no existe una condición previa mediante la cual el ejido hubiera vendido una franja de sus terrenos para el uso de la empresa minera.

 Sin embargo, hubo varios acuerdos entre los que se halla un acta firmada por los ejidatarios y dos apoderados de la minera, en la que se recomienda que el asunto se resuelva en el Registro Agrario Nacional (RAN). El 19 de mayo, víspera de las manifestaciones en la capital y en Valerio, los representantes de la minera no se presentaron y se canceló todo. Los apoderados de ésta no llegaron porque reciben el apoyo del gobierno estatal y las fuerzas de Seguridad Pública.

Este respaldo se hizo manifiesto no solo por el exabrupto “te doy veinte minutos para que me saques a éstos” de Joel Gallegos a la abogada de los ejidatarios, sino también con el despliegue de una fuerza combinada de 70 elementos de la Policía Ministerial y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para desalojar la carretera de Valerio, que los campesinos habían bloqueado para impedir el paso de los camiones de carga de la empresa minera.

Aunque parezca una exageración del celo por cumplir con las exigencias de su cargo, en menos de dos horas llegó hasta allá Gallegos Legarreta, el director de gobierno, para ponerse al frente de la operación de desalojo e imprecar a los ejidatarios que ese tipo de manifestaciones son ilegales y advertirles: “voy a hacer todo lo que esté de mi mano para impedirlas”.

Desencajado, furioso en extremo, Gallegos ordenaba a las fuerzas policiales y a grito abierto: “¡Quítenmelos!”, pese a que en su calidad de director de gobierno carecía de facultades para colocarse al mando de un contingente represivo, ya que sus funciones consisten, por definición, en intermediar y resolver los problemas mediante el diálogo y la conciliación. Pero en Gallegos Legarreta pesan más sus labores de representante de los intereses de los empresarios extranjeros.

En Valerio, además, los agentes policiales se dedicaron a atacar a campesinos en acciones simultáneas para arrestarlos con el claro objetivo de infundir miedo a la comunidad. A un hombre de 70 años, indefenso y enfermo, se lo llevaron arrestado. A su regreso a Valerio, don Eleazar Quintana estuvo en peligro de perder la vida porque es diabético, hipertenso y padece del corazón.

¿Qué es lo que sigue en Valerio?

La respuesta de los ejidatarios es solo una: la lucha; porque ellos no se rendirán luego de las primeras batallas. “Y menos ahora, cuando la empresa acaba de abrir otro socavón, pero ahora en terrenos del ejido”, declaró Marisela Quintana, comisaria de la Policía Ejidal de Valerio, quien insistió en prever que los 15 socavones “se están tragando el agua de nosotros”, y aludir a que las explotaciones mineras están jalando el agua subterránea y robando la de sus pozos artesianos.

Otro indicio grave de la contaminación generada por la minera Los Gatos fue la muerte de 40 vacas y 25 becerros, en un periodo de tres meses, en el rancho El Aguaje, ubicado en el poblado de San José del Sitio, muy cerca de la explotación de plata, al parecer envenenados con arsénico, según un primer dictamen practicado por veterinarios especializados en ganado vacuno.