Por lo visto, en el país se están estableciendo dos formas de apreciar la realidad: la versión oficial y la versión del pueblo “sabio y bueno”, como le ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oficialmente se acepta que la inflación es alta y se dice que ya rebasa un poco el ocho por ciento, pero si se interroga a las amas de casa que van al mercado y les toca pagar los servicios de agua, luz, gas y algún otro y a los hombres que tienen que aportar diariamente para afrontar los gastos, el porcentaje real, el que golpea a la hora de que la cantidad antes desembolsada no alcanza, el porcentaje resulta mayor, mucho mayor. He puesto de ejemplo al tipo de familia que hasta hace algunos años era la familia tradicional, pero todo mundo sabe que ahora hay muchas familias que, por diferentes motivos, pero todos relacionados con la situación económica, ya no tienen dos soportes, sino solo uno, la madre sola enfrentando todas las dificultades de criar a los hijos y sacarlos adelante o el padre solo haciendo los dos papeles, las llamadas eufemísticamente, familias uniparentales, en las que la carga es todavía mayor.

Así que, preguntados estos mexicanos acerca de si creen que la inflación es de ocho por ciento y unas insignificantes centésimas, responderían convencidos que no, que es mucho más alta. Preguntados, asimismo, si creen que las medidas anunciadas por el Presidente de la República lograrán atajar la inflación, contestarán que no las conocen ni sabían que había anunciado medidas de contención y que, por tanto, creen que no han servido de nada. La verdad es que estas respuestas las he obtenido de pláticas con mexicanos que tienen que trabajar muy duro todos los días y enfrentar la vida real, no la del discurso ni la realidad de las mañaneras. Si el tamaño de la muestra que he investigado es muy pequeño, apelo a la seriedad y conocimientos del lector que también estará de acuerdo en que la mentada inflación está muy por encima de 8.16 por ciento, que es la cifra oficialmente difundida.

Aumentos de salarios no hay. El caso de los trabajadores de Telmex es muy ilustrativo. Indignantemente ilustrativo. Impulsados por los aumentos de los precios, se ponen en huelga 25 mil trabajadores de una empresa estratégica, los apoyan 30 mil jubilados, salen en todos los periódicos y noticieros, se prevé un largo y complicado conflicto para llegar a conquistar las demandas que enarbola un sindicato que hacía 37 años no se ponía en huelga y no hacía ni siquiera un paro de algunas horas; pero, sorprendentemente, a las 24 horas de iniciada la batalla de los trabajadores, sus dirigentes, también dirigentes desde hace más de 37 años, deciden levantar la huelga porque con esa huelga de 25 mil trabajadores en activo y 30 mil jubilados ya se conquistó ¡una mesa de negociaciones! para dos días después.

El Presidente de la República, tan dado a las declaraciones mañaneras y a la sorna contra los conservadores, ante esta burla sangrienta a una parte muy respetable de la clase trabajadora, se limitó a desear buenos resultados. Pero no atacó a los neoliberales que se están beneficiando de una de las características más devastadoras de esa forma de capitalismo rapaz: la nulificación de la lucha sindical y la obtención de mejoras laborales. Porque, en efecto, uno de los enemigos más odiados del neoliberalismo es el sindicalismo combativo que, con todo el poder del Estado, ha sido nulificado. Ahora, a la vista de todo México, se ha vuelto a mostrar; y el supuesto defensor del pueblo nada dice, ni una censurita siquiera.

Ya pronto, el día cuatro de agosto, se cumplirán tres meses de que el Presidente de la República anunció un “Paquete Contra la Inflación y la Carestía” (PACIC) que, supuestamente, habría de estabilizar los precios de los productos de la canasta básica; o sea, de los productos que más abarcan los ingresos de la clase trabajadora, tales como el huevo y la tortilla. Ese PACIC, que consistía en una serie de medidas gubernamentales, tenía como propósito estabilizar los precios de los 24 productos que componen le canasta básica; pero, a casi tres meses de su puesta en marcha, 22 productos han elevado sus precios, algunos muy por encima de la inflación oficialmente reconocida del 8.16 por ciento, fenómeno que cualquier comprador del pueblo, aun sin conocimientos de economía, registra perfectamente.

La papa (y otros tubérculos), registra un aumento de 53.12 por ciento; la cebolla, 53.64; el huevo, 37.15; el aceite y las grasas vegetales, 32.65; el limón, 19.20; el pan de caja, 18.26; el jabón de tocador, 17.90; la tortilla de maíz, 12.84; en fin, según datos del Inegi, la inflación en alimentos llega al 14.35 por ciento (Animal político, 27 de julio), bastante lejos de las cifras que maneja el gobierno de López Obrador. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el aumento de los precios de los alimentos impacta principalmente a los hogares con menos recursos, que destinan el 50 por ciento de su gasto a este rubro, mientras que el decil más rico le destina solamente el 28 por ciento. Es más, al primer trimestre de 2022, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 38.8 por ciento de la población con ingreso laboral gana menos de lo que cuesta la canasta alimentaria.

Los aumentos de precios no son de este año, no son consecuencia de la guerra en Ucrania, no son “el impuesto de Putin” como les dijo Joseph Biden a los norteamericanos, ya llevan varios años estragando a las familias trabajadoras. “En este gobierno, México sufre una carestía alimentaria dos veces más severa que en el anterior, lo que traerá consigo enfermedades y más población que no podrá comer tres veces al día. La canasta de más de 100 tipos de alimentos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encareció 32 por ciento durante los primeros 43 meses y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; es decir, del 1º de diciembre de 2018 al 15 de julio de 2022” (El Universal, 23 de julio).

La Reserva Federal elevó las tasas de interés en otros tres cuartos de punto porcentual (0.75) apenas el miércoles 27, en un nuevo intento para controlar la inflación en Estados Unidos y, supuestamente, estabilizar la economía y aliviar la presión sobre las familias y las empresas. La medida tiene importancia para México porque marca la ruta de las medidas de control que siguen los economistas mexicanos del régimen y, por tanto, no pasará mucho tiempo para que el Banco de México adopte una medida similar con la tasa de interés de referencia.

Estas decisiones consideran –o fingen que consideran– que la inflación es un fenómeno monetario, de manera que una tasa de interés más alta que encarece el dinero debe tener como consecuencia una reducción de las compras a crédito, es decir, una reducción de la demanda que obligaría a los vendedores (la oferta), a bajar sus precios para conquistar compradores. Se trata de una concepción que pretende manipular la oferta y la demanda. Pero los aumentos de precios, la inflación, no es consecuencia de un aumento en la demanda, menos ahora que el mundo se ha empobrecido como consecuencia de la crisis, la pandemia y la prohibición de luchar por mejores salarios, la inflación es consecuencia de los aumentos de precios que deciden las empresas, principalmente los monopolios que ven caer sus utilidades; es un fenómeno ligado al proceso productivo. “En México, los abusos por sobreprecio están por doquier. El negocio se ha vuelto vender caro. No competir. No innovar. No vender mejores productos. Simple y llanamente abusar del consumidor. Y no poquito” (Viri Ríos. No es Normal).

Las medidas monetaristas, por tanto, fracasarán ahora, como han fracasado antes. Los aumentos de precios continuarán mientras así lo decidan los que tienen la producción en sus manos. No hay manera de concluir algo diferente, el mundo del capital no ofrece ya nada más que pobreza, pobreza y más pobreza y sus defensores y operadores se emplean a fondo para que los pobres no hagan conciencia de ello.