La respuesta oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al anuncio de inconformidad de los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá a su política energética, la cual da prioridad a dos empresas estatales (por demás ineficientes) en perjuicio de las compañías privadas de esos países fue, amable y paciente lector, mediante el uso de la interjección popular “¡uy, qué miedo!” que Francisco José Hernández Mandujano, músico tabasqueño mejor conocido como Chico Che y su grupo La Crisis, utilizan en una canción. Así de serio es el Presidente cuando aborda problemas internacionales como el Tratado de Libre Comercio firmado por el gobierno de México en presencia de Jesús Seade Kuri, un negociador y observador designado por él.

¿Cuál es el problema? Que los gobiernos de los países vecinos se quejan de que México no está respetando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia de energía eléctrica, porque da trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el acopio y la distribución de energía, además de negar permisos de producción a sus empresas, con lo que incurre en prácticas monopólicas. Pero en respuesta a este serio reclamo internacional, lo único que se le ocurrió a AMLO fue invocar, en una mañanera, a su paisano Chico Che para soslayar lo difícil que será enfrentar un panel de controversias; y en el caso de perderse, obligaría a México a pagar entre 10 mil y 30 mil millones de dólares (mdd), dinero que, por supuesto, él no pagará de su bolsillo sino tú, yo y todos los mexicanos.

¿Por qué el Presidente de México desafió a EE. UU., el primer socio comercial de nuestro país, cuyo gobierno puede dar jaque mate a nuestra economía con unas cuantas medidas coercitivas? ¿Por qué lo hizo poco después de haberse entrevistado con su homólogo estadounidense Joseph Biden? Una respuesta a estas preguntas solo podrían brindarla ambos personajes; pero a falta de una confiable, podemos movernos en el terreno de la lógica y la especulación para explorar lo que puede haber detrás de este conflicto, de cuyo resultado final los estadounidenses podrían llevarse la enchilada completa. En obra de este supuesto aportaré algunos elementos de juicio, aunque no afirmaciones categóricas.

En primer lugar, y considerando que la habitual estrategia de comunicación del Presidente Chupacabras 2.0, en casos de cuestionamiento a sus tonterías y ocurrencias apela siempre a su sobado discurso de la “defensa de la soberanía nacional”, el emergente diferendo comercial con EE. UU. y Canadá puede ser otro distractor político para que la mayoría de los mexicanos –en particular los más desprotegidos– olviden momentáneamente sus graves problemas de desempleo, bajos o nulos ingresos y el alza sin control de los precios de los productos y servicios básicos.

Es decir, el gobierno morenista querría que los mexicanos no hablemos de la inflación alimentaria que, en lo que va del actual sexenio, en promedio ha llegado al 32 por ciento. Los alimentos que más han subido durante el periodo gubernamental de AMLO son la naranja, con el 150 por ciento; el aguacate, con el 125 por ciento; el chayote, 102; la toronja, 90; la papa, 84; aceites comestibles, 72; manteca de cerdo, 72; limón, 62; y huevo, 61 por ciento. Estas alzas están provocando que muchas personas no puedan comer tres veces al día y que aumente el riesgo de que se enfermen, advierten los expertos (El Universal, 23 de julio de 2022).

En contraste con la situación de los mexicanos más desprotegidos, los hombres más ricos del país están incrementando su riqueza. “Durante el periodo de enero a marzo de 2022, la fortuna de Carlos Slim aumentó cerca de 89,043 millones de pesos (mdp), la cual llegó al nivel histórico de 1.88 billones de pesos”, de acuerdo con el Índice Slim creado por la casa editorial que edita el diario El Economista (20 de julio de 2022).

En segundo lugar, el gobierno morenista no está informando correctamente las consecuencias de las acciones discriminatorias de la CFE y la Secretaría de Energía, realizadas contra las empresas de EE. UU. –en específico negándoles permisos para funcionar– pueden traer para la economía una vez que haya un dictamen en el panel de controversias, pues el Artículo 133° de la Carta Magna establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Es decir, el T-MEC y su contenido deben ser respetados en calidad de ley por los mexicanos, porque así lo mandatan la Constitución y el Capítulo 31 del T-MEC, el cual especifica que si hay una controversia no resuelta en términos amistosos se usará el llamado Mecanismo de Solución de Controversias, que se conformará con un panel de expertos que emitirá su dictamen a mediados de 2023. Y si éste no es atendido, los afectados están en posibilidad de imponer sanciones, entre las que se halla la imposición de aranceles (Carlos Urzúa, El Universal, 25 de julio de 2022) para cobrarse “a la mala” y provocar que los precios de los productos mexicanos cuesten más en EE. UU. y Canadá.

¡Todo esto tendríamos que pagar los mexicanos por uno más de los caprichos del Presidente!

A todo esto, cabe preguntarse por qué AMLO –quien hace muchos meses ordenó liberar a Ovidio Guzmán durante el “culiacanazo” y el retiro de una aeronave de la Oficina Antidrogas del gobierno de EE. UU.– recuperó su espíritu “soberano” y sus ánimos de pelea después de su entrevista con el presidente estadounidense Joseph Biden en la Casa Blanca.

Con respecto a este asunto han circulado versiones, en las que se afirma que las cosas le salieron mal y que su futuro político podría ser muy cuestionado. Una de ellas fue vertida en el famoso tuit de Gabriel Quadri: “López será procesado en Estados Unidos por complicidad con el Narco. Y será extraditado…”. ¿Será que durante su visita a Washington fue amenazado y que por ello ahora está haciendo un llamamiento a la defensa de la soberanía? Imposible afirmarlo; pero hay que recordar que también Raúl Aragón Loya subió una noticia al programa de Ciro Gómez Leyva en la que reveló: “la fiscalía de USA ya trae acusación vs AMLO en caso GARCÍA LUNA. Podría ser el PRIMER PRESIDENTE de MÉXICO que termine en una cárcel allá” (@RaulAragonLoya).

La respuesta del Presidente a la solicitud de consultas dentro del T-MEC, según anunció en una conferencia mañanera, que recientemente brindó en el estado de Jalisco, la dará el 16 de septiembre durante la celebración de la Independencia y el desfile militar, que organizan las Fuerzas Armadas de México. En esa misma rueda de prensa declaró: “no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, de nuestra soberanía”.

Sin embargo, el Presidente olvidó el contenido del Artículo 133° constitucional; la noticia de que el Senado de la República aprobó con 107 votos en favor y uno en contra el Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres naciones el pasado 10 de diciembre en la Ciudad de México; que el lunes 29 de junio de 2020, él mismo lo promulgó con su firma y que, por ende, su cumplimiento no violenta la soberanía nacional porque representa la voluntad política de tres Estados nacionales.

El pueblo de México debe estar bien informado para no ser engañado con distractores como el descrito y, sobre todo, para que la posible judicialización del conflicto, y aun su mayor politización demagógica el 16 de septiembre, no vayan a atraerle más consecuencias socioeconómicas de las que ya padece. El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no sabe gobernar y los mexicanos corremos el riesgo de tener que pagar decenas de millones de dólares por responder a reclamos externos con el irresponsable gritito: “¡uy, qué miedo!”.