El Estado, como todo, es un producto contradictorio del desarrollo humano. Hipotéticamente, los mecanismos del Estado funcionan para darnos seguridad y proteger los derechos de los miembros de una nación. En la realidad, son los mecanismos que ayudan a que una clase social domine a otras. Si el derecho que protege el Estado es en primer lugar, como decía Locke, el derecho de propiedad, quienes tengan más propiedad se verán en mejor condición de aprovechar la protección del Estado. 

El problema aquí es que los mecanismos del Estado se han ido fraguando a lo largo de la historia, se han incorporado a las leyes y mecanismos burocráticos, a las ideas políticas que sustentan la racionalidad del Estado, aspectos que han sido producto de incesantes luchas políticas, que buscan la realización de la justicia que implica que el interés de la sociedad en su conjunto, de quienes forman parte de la nación que se pretende defender, se vea representado en el Estado. 

En la vida política existe un choque de intereses que son manifestaciones de las contradicciones que existen en la sociedad, contradicciones que vienen como producto de que no todo mundo se beneficia igual del desarrollo económico ni todos soportan con igual medida la carga que supone un periodo de retroceso económico. Conforme se van clarificando los intereses a los que realmente responden los mecanismos del Estado, se va haciendo evidente la necesidad de que los sectores no favorecidos exijan que se cumpla aquello por lo que el Estado justificó su necesidad, esto es, el beneficio que trae para todos los ciudadanos el someterse a un poder más grande que ellos. En los presupuestos del Estado está la necesidad de su contradicción. La igualdad de todos está presupuesta, pero en la práctica nos damos cuenta de que unos son más iguales que otros, lo que provoca la reacción de inconformidad, natural, de quienes quedan fuera de los beneficios del Estado. 

Es curioso cómo, en alguna de las formulaciones teóricas que analizan la necesidad del Estado, se acepta incluso que se puede transformar el modo de gobierno de manera radical si la mayoría de la gente no está conforme con los principios que la gobiernan. El citado Locke menciona que se puede rehacer el contrato que rige en determinado momento a los miembros de una nación si el soberano (el pueblo) no se identifica ya con los principios del gobierno, se pueden así cambiar radicalmente las reglas del Estado y pasar a una nueva particularidad, a una nueva forma de gobierno.

El problema aquí es cómo medir el descontento de la gente, qué gobierno hará caso a la manifestación popular que repudie el poder que ejerce cuando la tendencia es a justificar siempre sus acciones, por evidentemente antipopulares que sean. Por esto es necesario pelear por las distintas reivindicaciones políticas ganadas a lo largo de las luchas populares, como la necesidad de reconocer el derecho a la libre asociación. 

La capacidad de oponer resistencia ante un poder que no represente los intereses de algunos sectores de la sociedad, de reconocer que la gente necesita agruparse en donde mejor se representen sus intereses y en donde mejor se identifiquen sus ideales, es parte de lo que conforma la vida política de nuestros tiempos. 

Quien quiera participar de la vida política debe hacer conciencia y tratar de desentrañar la esencia de cualquier grupo social en que quiera participar, pues corre el riesgo de caer en un engaño de grupos que ven la política como un negocio en el que parte de la actividad es tratar de aumentar la membresía a toda costa. Para no engañarse hay que ver las actividades que se realizan y con qué propósito y, sobre todo, ver si los ideales que se defienden ayudan a nuestros intereses. 

Por último, hay que defender el derecho de agrupación política, viendo que esto es producto de la necesidad histórica también, que surgió como producto del desarrollo de las contradicciones en el seno de la vida en sociedad y que conforma una parte esencial de la salud política de nuestros tiempos.