En su número anterior, buzos abordó los intentos injerencistas del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), particularmente al de inmiscuirse en los asuntos internos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en sus luchas políticas, en la forma de elegir sus autoridades, tratando incluso de modificar la Ley Orgánica Universitaria en lo que se refiere a la elección del Rector. Antes de cerrar la siguiente edición, se trata nuevamente el tema, abordando otro problema que confirma la tendencia de la presente administración federal a controlar absolutamente las instituciones que rigen la vida económica, social y política del país. Se trata solamente de conservar el poder, de apropiarse de las instituciones públicas y de los Poderes de la Unión y de poner bajo el mando de la 4T al organismo encargado de organizar la elección democrática de los principales funcionarios, como los miembros del Poder Ejecutivo (presidentes municipales, gobernadores y Presidente de la República) y del Poder Legislativo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución autónoma encargada de organizar elecciones independientes, imparciales y equitativas; esta autonomía es una característica indispensable para garantizar el respeto al voto y a la voluntad de los ciudadanos en la elección de sus representantes, asegurando el trato democrático, justo e imparcial a los partidos aspirantes a ocupar cargos públicos. Esta característica es producto de una evolución que ha requerido mucho tiempo y esfuerzo en la historia política del país; pero desde el inicio del gobierno de la 4T, el INE se ha visto amenazado con perder esa esencial característica; de materializarse los intentos injerencistas en la designación de los miembros del Consejo General del INE se retrocedería un gran trecho en la vida política de México, anulando la posibilidad de que la población elija libremente a sus gobernantes.
Recortes presupuestales, acusaciones infundadas, propuestas de remoción de su presidencia y nuevas formas para elegir a sus integrantes son algunas de las maniobras para que este organismo caiga al fin bajo la férula del gobierno actual. Toda una campaña para apoderarse de una institución más en su carrera hacia un gobierno centralista que se presenta como de izquierda.
El fondo de esta campaña contra un organismo electoral también es electoral; se aproxima la elección de legisladores y de un gran número de ayuntamientos; y la autonomía de este organismo representa un obstáculo para un gobierno que ha demostrado su intención de controlarlo todo.
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El Gobierno y la clase empresarial
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