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Antes de agosto de 2019, muchos poblanos pensaban ingenuamente –o quizás cayendo en excesos de confianza– que tras la crisis política e incertidumbre generadas por la muerte de los Moreno Valle las cosas mejorarían en su entidad; que Miguel Barbosa encabezaría un gobierno democrático y progresista, como había prometido, que impulsaría una políticas de combate frontal a la desigualdad y la marginación y que Puebla dejaría de ser el cuarto estado más pobre del país, solo superado por Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Pero a más de medio año de gobierno barbosista, en Puebla no hay indicios de que se vayan a cumplir tales promesas. En todas las regiones del estado, los problemas ambientales y de inseguridad pública se agudizan y en los numerosos cinturones de miseria rural y urbana, las carencias en los servicios básicos –de salud, educación y vivienda– aumentan notoriamente. La pobreza al 65 por ciento de los poblanos y llega al 87 por ciento si el análisis es multidimensional, según los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Puebla ocupa el primer lugar nacional en desigualdad.
En los dos últimos meses, el gobierno de Barbosa ha enfrentado problemas de estabilidad política ante la protesta masiva de varios sectores en la sociedad poblana. El evento más reciente ocurrió el 25 de febrero cuando 10 mil estudiantes protestaron públicamente por el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber, que habían asistido al Carnaval de Huejotzingo. Con el hashtag #NiUnaBataMenos, no solo alumnos, académicos y taxistas, sino también diversos sectores sociales expresaron su inconformidad y preocupación ante la ineficiencia y pasividad del gobierno morenista.
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) exigieron justicia y que el gobierno ponga un alto a la delincuencia, que ha cometido múltiples asesinatos en la entidad.
Recientemente, dos encuestas revelaron que Puebla es una de las entidades peor evaluadas. En el estudio Ciudades más habitables de México 2019, editado por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, Puebla-capital y Tehuacán aparecieron entre las cinco ciudades con más baja calificación; la primera se ubicó en el lugar 72 y la segunda en el 75 de los 76 municipios evaluados. El análisis midió los servicios municipales que más influyen en la calidad de vida de los habitantes, entre ellos el que brindan las policías auxiliares y la administración carcelaria. En estos rubros, Puebla anda muy mal desde hace varios años, ya que sus policías han sido reiteradamente reprobados en confianza –figuran entre los primeros 15 a nivel nacional–; en materia de reclusorios, tres de los penales poblanos se hallan en el top ten de los peor evaluados del país.
A siete meses de gobierno morenista, la inconformidad popular aflora ya en todos sitios y, en la mayoría de los rubros, incluido el de seguridad pública, en cuya materia Barbosa se jacta de ser experto y en la que está cometiendo graves errores. Sus yerros están llevando a Puebla hacia una crisis social que muy pronto podrían cuestionar su aptitud para gobernar.
A todas las pifias antes citadas, hay que agregar su proceder antidemocrático y autoritario al ordenar a sus incondicionales en el Instituto Estatal Electoral (IEE) negar el registro como partido político al Movimiento Antorchista Poblano (MAP) , el cual cumplió sobradamente con los requisitos legales y cuenta con el apoyo de decenas de miles de poblanos.
En algunos ámbitos de la vida política partidista y del análisis mediático de Puebla, se rumora que Barbosa tomó esta decisión por instrucciones directas del Presidente, que se cree “discípulo” de éste y en todo momento quiere emularlo.
Esta versión pinta a Barbosa como un pelele, un inconsciente que no considera que Puebla no es el país y que un estado siempre es más frágil y susceptible de resentir con mayor intensidad las crisis políticas. Del más sencillo y rápido parangón entre su estatus político y su líder nacional, destacan estos resultados: que mientras AMLO se ha “tardado” un año y tres meses en poner a México de cabeza, él, en solo siete meses, ha generado tal inconformidad social que la población ya se pregunta quién ocupará su lugar en el Palacio de Gobierno de Puebla. ¡Dios los hace y ellos se juntan! Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).