Prácticamente todos los teóricos coinciden en afirmar que el principio de autonomía constituye uno de los pilares centrales de la vida democrática en cualquier país. La autonomía puede definirse, grosso modo, como la capacidad plena de un organismo público para diseñar un marco jurídico propio, con el cual tomar decisiones y definir las reglas de operación de sus funciones específicas.

La constitución de organismos autónomos en el contexto de la sociedad mexicana ha tenido un camino largo. Hoy, a más de 150 años de la gesta liberal encabezada por la Reforma de Benito Juárez, la autonomía representa un instrumento central en la difícil construcción de la vida democrática de México.

La autonomía es el eje rector de múltiples organismos en nuestro país. Entre los más importantes se hallan el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Incluso, desde una perspectiva crítica, puede afirmarse que su funcionamiento autónomo ha permitido a estas instituciones actuar de manera independiente con respecto al poder público. Esta independencia –ciertamente relativa– constituye no solo un elemento interno decisivo para la ejecución de sus tareas estrictamente técnicas, sino que, además, su autonomía las ha provisto de un papel todavía más relevante: operar, dentro del marco democrático, como un contrapeso real frente a los afanes totalizadores que pueden surgir en el poder público.

La historia de las dictaduras modernas demuestra que la construcción del totalitarismo estatal recorre siempre el camino del ataque sistemático a los órganos con funcionamiento autónomo.

El contexto político actual de México coloca este tema en el centro de la discusión. A estas alturas, los actores partidistas y los analistas políticos notarán que existe una campaña para imponer, como único, su propio rumbo político desde la figura misma del Poder Ejecutivo. Las voces críticas no solamente son desestimadas por completo y, desde la tribuna presidencial, se les asedia incisivamente todos los días. Para esta visión, el mando sin restricciones en el país tiene una sola voz: la del Presidente y, desde hace varios meses, está claro que la supuesta división de poderes, pilar vital de la democracia según la teoría liberal del Siglo XVIII, dejó de existir.

Esta arremetida ya ha tomado por asalto a varios órganos autónomos. A la imposición de Rosario Piedra en la CNDH, desoyendo incluso la voz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se sumaron otros intentos, en el mismo sentido, con el propósito de controlar todo a costa de hacer retroceder la maltrecha democracia mexicana. Tal es el caso de la presentación de una iniciativa de reforma electoral que vulneraría la autonomía del INE y la reciente introducción de una iniciativa para reformar la ley orgánica de la UNAM, la cual generó una oleada de críticas hasta entre los incondicionales del Presidente.

Pero todavía hay más: algunos novicios han querido ir más allá de su pastor. Hace unas semanas, el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, declaró que no permitirá que el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) consiga su registro como partido político estatal, a pesar de que cumple con todos los requisitos normativos. Tal declaración revela, por encima de los vericuetos jurídicos, que la supuesta autonomía del Instituto Electoral del Estado (IEE) no existe más; y que las decisiones provienen del gobernador Barbosa. Y a pesar de que este asunto sigue abierto, en él pueden verse, con nitidez, las gravísimas implicaciones de la violación del principio de autonomía, atropellado por un ejercicio totalitario del poder.