El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una multa de 4.2 millones de pesos a Morena, tras comprobar que la entonces alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez durante 2018, obligó a trabajadores a ceder el 10 por ciento de su salario al partido.
“Terrible, ominosa y vulgar, usar el aparato estatal para desviar recursos hacia un partido”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
La ahora Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aplicó el recorte del 10 por ciento del salario a trabajadores del municipio, justo cuando fue candidata a una diputación federal en 2015.
El dictamen expuso que durante la gestión de Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2012-2015), la morenista no reportó ingresos por 2.1 millones de pesos para esta fuerza política.
La sanción parte de una queja presentada por el PAN desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco” y los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político.
“Se tiene certeza gracias a la evidencia que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, que el partido político Morena reconoció dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios, que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco”, se indica en el documento.
Además, se precisa que fueron emitidos cheques en beneficio de Morena por parte de “la principal retenedora de recursos, la C. María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado”.
Aunque los recursos no fueron reportados por la entonces candidata, Morena sí reconoció beneficiarse de dicho monto en 2015, por ello consideró el órgano electoral que “el sujeto obligado fue omiso”, y calificó la acción como una falta “grave especial”.
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