La decisión de AMLO de lanzarse a retener el poder en 2024 a cualquier costo puede traer graves consecuencias al país no sólo en el ámbito político, sino también en el económico y social, insisten actores políticos y analistas especializados.

Desde que asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ejercido facciosamente el Poder Ejecutivo en favor de su partido, Morena.

Esa actitud se está acentuado ahora que se acercan las elecciones federales y estatales del dos de junio de 2024, con el claro propósito de mantener el país en manos de los morenistas, advierten partidos políticos, investigadores y organizaciones civiles especializadas en análisis político.

En sus hostigamientos y bravatas de las conferencias de prensa “mañaneras”, con las que viola la Constitución y varias legislaciones reglamentarias, entre ellas la electoral, presume que no hay ninguna manera en que sus opositores puedan frenar la “Cuarta Transformación (4T).

El analista político Emilio Rabasa Gamboa, del Instituto deInvestigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó, el pasado 20 de julio, en el diario Siglo de Torreón (días más tarde en El Universal), un artículo con este significativo encabezado: ¿Estadista, demócrata o jefe de facción autocrático?

En su texto, el jurista analiza genéricamente el desempeño de los gobernantes más conocidos de Occidente desde el Siglo XIV hasta nuestros días, en el que incluye a AMLO, y de quien opina que ahora se halla en la disyuntiva de “actuar como un jefe de Estado que garantice el equitativo y transparente juego democrático para 2024, y conquistar el consentimiento del pueblo por la buena, u obstruirlo como jefe faccioso de campaña de su partido para ganar a cualquier precio la Presidencia, por la mala”.

“La centralización total del esquema de las corcholatas y la injerencia en el proceso interno de la oposición, con su constante y feroz ataque a Xóchitl Gálvez, puntera de la coalición opositora, lo inclinan por la segunda opción”, denuncia Rabasa.

La parcialidad de AMLO se evidencia en la ruta hacia los comicios generales del año próximo, considerados los más grandes de la historia porque habrá 20 mil 200 puestos de elección popular en disputa, entre ellos la Presidencia de la República, las legislaturas de las cámaras de Diputados y Senadores, y seis gubernaturas estatales.

Estos cargos públicos –además de numerosas presidencias municipales y diputaciones locales– se definirán por el voto de 98 millones de ciudadanos, cuyo padrón es mayor en ocho millones al que existía al corte del 28 de septiembre de 2018, cuando estuvo integrado por 90.7 millones.

Los comicios del año próximo tendrán lugar en un entorno social marcado por la extrema inseguridad pública que los empoderados grupos de la delincuencia organizada han generado en buena parte de la República; por un notable aumento de la militarización en el territorio nacional; un mayor empobrecimiento de las áreas rurales y urbanas de los estados del sur del país y por el riesgo de una severa crisis en las finanzas públicas.

La decisión de AMLO de lanzarse a retener el poder en 2024 a cualquier costo puede traer graves consecuencias al país no sólo en el ámbito político, sino también en el económico y social, insisten actores políticos y analistas especializados.

Se vislumbra elección de Estado

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió el ocho de octubre que la alianza opositora enfrentará el año entrante una elección de Estado: “es una lucha brutal la que han desatado para mantenerse en el poder”.

El 29 de noviembre de 2022, en la presentación del informe Diagnóstico de México: obscuras perspectivas, de la organización civil Signos Vitales, la académica y analista María Amparo Casar advirtió que los mexicanos enfrentarán una “elección de Estado” en 2024, destacando que AMLO está dispuesto a lo que sea para asegurar que su grupo político conserve el poder.

Desde el inició de su gestión, AMLO ha procurado acumular cada vez más poder a costa de los poderes Legislativo y Judicial. En el caso del primero, donde Morena cuenta con mayoría, lo ha logrado de manera “natural”; pero ante el Judicial, sus procedimientos han resultado agresivos, buscando imponerse a toda costa.

Con los mismos recursos autoritarios se ha lanzado en contra de instituciones autónomas creadas constitucionalmente para servir “de contrapeso” ciudadano al poder Ejecutivo Federal y evitar abusos de poder.

Además de sus ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), AMLO ha combatido a instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en cuya presidencia colocó desde 2018 a su incondicional Rosario Piedra Ibarra.

En meses pasados logró ubicar en la presidencia del Consejo General del INE, a Guadalupe Taddei Zavala, a quien analistas y partidos de oposición han criticado por su cercanía a Morena y al propio AMLO, en tanto que su puesto exige garantías de imparcialidad.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), organismo encargado de garantizar la información pública sobre el funcionamiento del gobierno, también ha sido objeto de ataques verbales de AMLO; y a través de bloqueos legislativos, los morenistas han evitado la designación de nuevos consejeros consiguiendo, en abril de 2023, que su pleno quedara paralizado al existir sólo cuatro de los siete integrantes, mientras la ley en la materia señala que para sesionar deben participar al menos cinco.

Debido a lo anterior el INAI se mantuvo “congelado” durante cuatro meses hasta que, el 23 de agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio su aval para funcionar provisionalmente con cuatro consejeros y seguir cumpliendo con su mandato constitucional, mientras el Congreso de la Unión designa a los tres consejeros que le faltan.

Etrevistado por buzos, Ernesto Peralta, director ejecutivo del centro de análisis Borde Político, A.C., señaló que AMLO “busca concentrar la mayor cantidad de poder. Tiene un discurso que, en general, es incendiario… se centra en generar los conflictos y, a partir de esos conflictos, amasar poder… jalar funciones de otras instituciones hacia una estructura absolutamente piramidal de funcionamiento del poder (en cuya punta se encontraría él)”.

“Creo que en 2024 vamos a ver, además de la Guardia Nacional con metralletas afuera de las casillas, una distribución masiva de recursos públicos… todo el dinero que ya desviaron, todo ese bono de ahorro que tienen guardado, junto con los programas sociales”, detalló Peralta.

El analista expuso a este semanario que, desde el inicio de su gobierno, AMLO se ha ocupado de construir una estructura de poder con la que pueda mantener controles políticos en el país, tras dejar la Presidencia de la República el 1º de octubre de 2024.

Por ello –indicó Peralta– actualmente está buscando dominar “sobre todo al Poder Judicial, porque podría terminar persiguiéndolo, quitándole pedazos de esa estructura que ya amalgamó. Por eso, también le preocupa que se mantenga Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República), porque es otra estructura que puede terminar persiguiéndolo, de no haber un titular afín a él.

“Por eso también se lanzó contra los organismos constitucionalmente autónomos, que son contrapesos ciudadanos para evitar acumulación excesiva y abusos de poder”, agregó Peralta, quien insistió en que el objetivo de AMLO consiste en gobernar “desde la sombra”:

“Tiene en el Ejército un depositario de su poder… él lo ha dicho de una manera clara y lapidaria: todo lo que quede en el ejército es seguro para el futuro, ¿para cuál futuro? ¡Para el de él! Es su gran banco de ahorro de poder, no solamente poder político, sino poder territorial y poder económico”.

Las ilegalidades de AMLO

Arturo Espinosa Silis, director del centro de investigación y análisis Laboratorio Electoral, dijo a buzos que en 2024 los comicios se realizarán en medio de una marcada polarización entre quienes consideran adecuada la continuidad de la llamada “Cuarta Transformación” de AMLO y quienes no; pero, sobre todo, se efectuarán en un marco de inequidad entre los competidores por la falta de apego de éste a ley, así como de sus colaboradores en el Gobierno Federal y los gobernadores estatales morenistas.

A la polarización debemos “agregar un contexto importante de ilegalidades, no sólo del Presidente de la República, que utiliza constantemente todos los recursos a su alcance para incidir en los temas electorales para llamar al voto en favor de unos, llamar al voto en contra de otros, para atacar a los opositores, para ahondar en esta polarización; pero también desde Morena”.

Espinosa destacó que la tónica del Presidente y su partido “ha sido la ilegalidad; es decir, siempre estar fuera de la Ley; y esto, a las autoridades electorales las pone en un contexto muy complicado, porque las obliga a estar en constante confrontación con los principales actores políticos y con quienes no son del gobierno.

“Creo que también veremos cómo el gobierno, a nivel federal y local, no va a escatimar recursos para ganar la elección; es decir, hará todo lo que esté a su alcance para que pueda refrendar los triunfos; y esto, desde luego, implicará una gran cantidad de recursos invertidos, que no serán específicamente los del próximo año; son los que han invertido en los últimos años, recursos con fines electorales”.

Sobre esos recursos, Arturo Espinosa explicó que proceden de los recortes al presupuesto de los órganos autónomos; del Poder Judicial; de la eliminación de fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo Nacional para los Desastres Naturales (Fonden); los excedentes petroleros, la desaparición de órganos de gobierno con el pretexto de la austeridad, y de más deuda pública. “Y la pregunta es: ¿y ese dinero, en qué se está usando?: en los programas sociales, en el Ejército, en las megaobras, para hacerse de clientelas electorales”.

A ellos les interesa, desde ahorita, generar la percepción de que no habrá competencia; por eso la guerra de encuestas; porque ellos quieren generar el desinterés de la ciudadanía en cuanto a que la elección está definida desde un año antes”, detalló el especialista de Laboratorio Electoral.

Con respecto a los comicios de 2024, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió durante su comparecencia del 11 de octubre en el Senado: “Tenemos la enorme responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado”.

Previamente, el cuatro de octubre, había declarado ante los diputados federales que el gobierno morenista garantizará elecciones libres, pacíficas y ordenadas en 2024; que no se usarán los programas sociales con fines electorales y habrá “máximas garantías de seguridad y protección” para todos los candidatos.

En esa sesión, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del partido Movimiento Ciudadano (MC), denunció: “en los últimos meses hemos presenciado el uso faccioso de las instituciones para limitar los derechos político-electorales. Exhortamos a que en el próximo proceso electoral se garantice que los candidatos y las candidatas puedan sentirse seguros y libres de persecución política”.

Miguel Ángel Torres Rosales, diputado del PRD, reconoció que “la gobernabilidad del país está en riesgo” porque los grupos delictivos del crimen organizado han crecido a tal grado que se han “convertido en el quinto empleador del país”.

Violencia contra políticos 

De acuerdo con el informe Votar entre Balas, elaborado por especialistas de la organización civil Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de 2018 a lo que va de 2023, se han registrado mil 457 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o instalaciones de gobierno y partidos locales.

El estudio explica que el 78.2 por ciento de las víctimas de esos ataques eran hombres; 10.3 por ciento, candidatos; 45.8 por ciento, funcionarios públicos estatales y 8.1 por ciento, familiares de éstos.

Los estados con mayor incidencia fueron Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Baja California, Morelos, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Sonora. Entre las víctimas hubo funcionarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), PRD y Morena; alcaldes en activo y expresidentes municipales, síndicos, trabajadores administrativos, policías locales y militantes partidistas.

En su informe del 13 de enero de 2023, estas organizaciones reportaron un incremento de 174 por ciento en la violencia política entre 2021 y 2022, y que el año pasado cerró con 483 ataques a políticos y 176 eventos de violencia criminal electoral, destacadamente en los estados de Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Morelos.

Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre Balas, indicó a buzos que la violencia política se observa predominantemente en los niveles locales, estatal y municipal. Ahora que se avecina 2024, “que serán las elecciones federales y estatales más grandes de la historia; entonces, evidentemente sí estamos preocupados por lo que suceda desde ahora con las campañas... sí llamaríamos a poner el foco en las estrategias de seguridad, sobre todo con candidatos y autoridades locales”.

La analista especializada explicó que durante la investigación encontraron que, por lo general, la violencia política se incrementa durante los procesos electorales y que se reduce cuando éstos pasan. Sin embargo, “en 2022, después de las elecciones, no hemos visto que la violencia disminuya, sino que se ha mantenido en niveles que consideraríamos altos, entre 30 y 40 eventos de violencia extrema al mes”, reveló.

Soto explicó también que con esta investigación “intentamos medir solamente eventos que ocurrieron por parte de la delincuencia organizada, no tanto como por riñas entre partidos políticos, problemas de tierras, etc., sino específicamente por parte de miembros de la delincuencia organizada buscando influir en la política”.

En un documento publicado el 16 de junio de 2023, la organización civil Causa en Común, reclamó a Morena y a AMLO su intención de “arrebatar ventajas ilegales”, como lo evidenciaron al lanzar una campaña electoral adelantada en este año, encubierta de manera tramposa como una selección del coordinador morenista para la “Defensa de la Transformación”.

“Fue así que, refiriéndose a este atropello flagrante, AMLO declaró, en días pasados (junio de 2023) durante una reunión con los consejeros del INE, que no se está definiendo una candidatura presidencial, sino un coordinador de la defensa de la transformación…

“Ante semejante cinismo y la enésima burla a la Constitución, es notoria la pasividad del INE… ante los que quieren arrebatar a los mexicanos el derecho a elegir, libremente y sin trampas, a sus representantes, opongamos siempre la razón, la integridad y la ley”, sugirió la organización civil.

Sanciones al por mayor

El 30 de diciembre de 2020, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE convocó al Presidente a no arriesgar la equidad y legalidad de los comicios de 2021 con sus declaraciones públicas; y lo llamó a asumirse como estadista y no como jefe de un partido político. Ese año, AMLO criticó persistentemente la formación de la alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD.

El 13 de mayo de 2021, a unas semanas de las elecciones federales intermedias y estatales de ese año, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exhortó al Presidente a “sacar las manos del proceso electoral” y lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su injerencia en la contienda electoral, con lo que violaba abiertamente lo dispuesto en la Constitución, así como varias resoluciones del INE y el TEPJF.

Entre las múltiples denuncias que han interpuesto actores políticos, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, denunció que AMLO violó el Artículo 134° Constitucional al convocar a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2022, con lo que incurrió en una promoción personalizada, camuflada como “informe de labores”.

El jueves 27 de julio de 2023, Ávila denunció al Presidente ante el INE por divulgar ilegalmente en su conferencia mañanera del 26 de julio el resultado de dos encuestas electorales mostrando como ganador a Morena en la elección presidencial de 2024.