¿Dónde están? Es la pregunta que los colectivos de derechos humanos y familiares de las víctimas de desaparición forzada en Guerrero plantean mientras el problema aumenta; el estado se ubica entre las entidades con más delitos y el gobierno no hace nada para evitarlos.

Los testimonios en vivo o vía telefónica de familiares de personas no aparecidas eriza la piel de miedo e indignación; según cifras oficiales, las víctimas son más de 97 mil, aunque las extraoficiales reportan más de 200 mil desaparecidos.

En Guerrero, donde se vive una crisis humanitaria, especialmente en comunidades sociales pobres y marginadas, de 2015 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha registrado cuatro mil 747 desaparecidos –de los cuales tres mil 443 siguen en ese estatus–; pero la cifra está lejos de la realidad, porque diariamente hay tres desapariciones y, solo en Acapulco, los colectivos han contabilizado cuatro mil 200.

El puerto turístico encabeza la lista de las ciudades con más personas no localizadas en Guerrero, seguido de Chilpancingo e Iguala. Esta ciudad incluso ha aportado el caso más “emblemático” de las desapariciones forzadas en México, cuando en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron secuestrados 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla de Guerrero, sin que a la fecha haya avances en las investigaciones de ese crimen masivo.

A siete años de una desaparición, cuyo impacto fue mundial, las madres y padres de las víctimas siguen buscándolas con la tristeza y el cansancio reflejado en sus rostros. Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos, buscó a su hijo durante 40 meses y murió en la búsqueda mientras combatía el cáncer que la afectaba y “el cáncer” de la impunidad que corroe a Guerrero.

En la misma situación se hallan los familiares de la adolescente de 13 años Ayelín Iczae Gutiérrez Marcelo, quien desapareció en una barranca de Tixtla Guerrero en octubre de 2020. El 19 de octubre de 2022 fueron encontrados cuatro fragmentos óseos que podrían pertenecerle porque se hallaron muy cerca de donde desapareció. En este lugar hay una cruz dedicada a su memoria.

Los trabajos de su búsqueda se realizaron en la colonia 6 de Noviembre y en ellos participaron integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), el Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF), el Grupo Interdisciplinario de Peritos Forenses (PGPF), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Según Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelín, los restos corresponden a las clavículas y a dos dedos y son objeto de análisis de necropsia en el Servicio de Medicina Forense (Semefo) de Chilpancingo y posteriormente serán enviados a un laboratorio especializado para determinar si pertenecen a la joven,

En la lista de las desapariciones forzadas más relevantes en Guerrero se encuentran también las ocurridas entre 1965-1990, periodo que se conoce como la “guerra sucia”; recientemente, los familiares de esas víctimas se reunieron con integrantes de la Comisión de Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos.

El encuentro se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación de Chilpancingo con la asistencia de esposas, hermanas e hijos de las víctimas. Los testimonios incluyeron la descripción desgarradora de torturas, asesinatos y encarcelamientos en voz de familiares, entre quienes estuvo Nicolás Catarino, quien relató que en 1970, cuando tenía 18 años y estudiaba la preparatoria, fue secuestrado, torturado y encarcelado por el Ejército Mexicano.

A 52 años de los hechos, exige que le sean reparados los daños físicos y psicológicos que le causaron, además exigió que las personas que lo torturaron sean sometidas a las sanciones previstas por la justicia.

El gobierno rechaza una base de datos única

En México se registran aproximadamente 15 desapariciones diarias; y el Estado se niega a crear una base de datos única y una base de material genético porque insiste en negar la existencia de este fenómeno delictivo, que además se incrementa y cada vez se hace más visible.

En Guerrero hay muchas personas que fueron detenidas por la Policía del Estado y que hoy están declaradas como desaparecidas. “Falta mucho qué hacer en este rubro. Hay protocolos que las policías deberían seguir, pero no lo hacen, como el protocolo en torno a la desaparición forzada. Cuando una persona llega al Ministerio Público a denunciar, las autoridades deben lanzar las alertas de acuerdo con la edad y el sexo del desaparecido. Una primer problemática es que la gente se enfrenta a no saber qué hacer, luego van al Ministerio Público (MP), donde les ponen trabas; luego comentan el caso a los familiares, que se limitan a expresar ‘en algo andaba’, aíslan y maltratan al familiar directo, que va perdiendo sus ingresos económicos porque tiene que trasladarse varias ocasiones al MP, a la Fiscalía General del Estado (FGE), los despiden de sus trabajos por las constantes faltas y, además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tampoco atiende o cumple con dilación, no brinda atención psicológica, asilo legal ni apoyos económicos a los familiares de los desaparecidos, que se van consumiendo poco a poco”, denunció Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y vocal de comunicación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FLAFDD), con presencia en todo el país, especialmente en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde actualmente documenta el caso de los desaparecidos durante la “guerra sucia” de los años 70.

Los familiares de los desaparecidos aún están afectados emocionalmente porque hay quienes después de 46 años no saben qué ocurrió con su padre o hermano: si murió o sobrevive en condiciones lamentables. Algunas de estas personas han muerto, están enfermas del hígado, los riñones o padecen cáncer; además de que en la búsqueda incansable de sus parientes invertían dinero, esperanza y dejaban de atender a otros familiares.

México padece una crisis humanitaria por desapariciones forzadas, pero las autoridades actúan como si no pasara nada. Esta actitud ha provocado que las familias de los desaparecidos unifiquen sus esfuerzos para salir a las calles a marchar, bloquear avenidas y mítines de protestas para presionar a los gobiernos, explicó Julio Mata.

Estos colectivos investigan y organizan búsquedas en el campo, en cerros y veredas hasta localizar sitios donde “hayan enterrado” un cadáver o varios. La mayoría son coordinados por mujeres: madres, esposas, hijas y hermanas.

Entre ellos destacan Madres y Padres de los 43 Normalistas Desaparecidos, Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del País Guadalupe Rodríguez Narciso, Colectivo Siempre Vivos de La Montaña Baja, Colectivo de Madres Igualtecas, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Colectivo Luciérnaga en Tlapa de Comonfort, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.

Guadalupe Rodríguez Narciso lideró el colectivo que lleva su nombre hasta agosto de 2021, cuando falleció víctima de Covid-19 luego de siete años de dolor, incertidumbre, rabia y búsqueda incesante de su hijo Josué Molina, quien desapareció en junio de 2014. Hoy esta madre es un referente de la lucha por los desaparecidos en el estado.

Las familias hallan en estos colectivos fe y esperanza por encontrar a sus parientes, porque están integrados por personas con el mismo dolor y el coraje para buscar a sus familiares y exigir el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno para que no se desobliguen de su responsabilidad.

Las desapariciones forzadas en Guerrero son noticia cotidiana en la prensa local, y en las redes sociales se leen diariamente denuncias de familiares, hijos, hijas, esposas y esposos. Sin embargo, muchas personas no presentan éstas ante las autoridades judiciales por temor o a amenazas de represalias en su contra.

En esta situación se encuentra una señora, a quien llamaremos Julia para proteger su seguridad personal. Julia tiene casi 11 años sin saber dónde está su esposo, a quien ha buscado en hospitales del estado, en los recintos del Semefo en Acapulco, Chilpancingo e Iguala y otros municipios guerrerenses exhibiendo la fotografía del desaparecido con la esperanza de encontrarlo en alguna calle.

“Es un dolor indescriptible no saber nada de mi esposo, no hay ningún indicio de él, las fuerzas van mermando igual que la esperanza de encontrarlo con vida”, lamentó a buzos. También reveló que, en un principio acudió a las autoridades correspondientes para denunciar la desaparición; pero una semana después llamaron a su teléfono celular y fijo para decirle:

“Señora, acuérdese que también tiene hijos, mejor deje las cosas así”. Recibió tres veces el mismo mensaje y decidió ya no buscar a su esposo con el “apoyo de las autoridades de justicia” porque el mensaje era contundente: sus hijos en ese entonces eran menores de edad y debía dejarlos solos en su casa para dedicarse a trabajar para mantenerlos.

Debido a esas amenazas, ya no regresó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para preguntar cómo iban las investigaciones de su caso ni ha solicitado apoyo de un colectivo, porque teme que la vigilen y no quiere poner en riesgo la vida de sus hijos, quienes continúan estudiando.

Durante la conferencia sobre violencia de género, convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), delegación Acapulco, la presidenta del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, María Emma Mora, reveló que muchas mujeres no denuncian ante la FGE porque son amenazadas y porque tienen miedo a ataques criminales contra ellas y sus hijos, como ocurrió con Julia.

La activista inclusive comentó: “esas personas nos hacen mal, nos amenazan diciendo que si los seguimos buscando, les puede pasar algo a otros familiares y lógicamente, las mujeres paran la búsqueda”.

Desde su creación en 2016, esta organización ha registrado la desaparición de 18 mujeres, ha localizado nueve mujeres sin vida y 22 personas con vida; pero está buscando a otras 148 personas en un estado donde “tristemente se está normalizando la desaparición forzada”.

Cuando finalmente los familiares logran localizar a los desaparecidos, en la mayoría de los casos se trata de cadáveres o restos óseos, con los que además deben enfrentarse a otro problema: que la FGE no entrega identificaciones genéticas porque argumenta que no tiene recursos para confrontarlas.

Las desapariciones forzadas son crímenes de alto impacto; y en las familias generan traumas severos tanto físicos como emocionales, entre los que destaca la incertidumbre; pero las autoridades son incapaces de prevenirlo o enfrentarlo; y desde 2011 cuenta con una fecha conmemorativa: el 30 de agosto, Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, que brinda la oportunidad de analizar este flagelo que agobia al país, principalmente al estado de Guerrero.

Pese a su relevancia, a la fecha no hay cifras exactas del número de desaparecidos; y la búsqueda de los familiares se ha convertido en una labor solitaria y marginal con el silencio de los gobiernos y el sub-registro de las víctimas. Por ello, los colectivos son los únicos que buscan denunciar y detallar el mundo de horror que prevalece en este país.

Después de varios años sin atender este problema el gobierno del estado de Guerrero atendió a integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, se reunió el 13 de marzo con integrantes de la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico, el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 y para realizar acciones que permitan esclarecer los hechos ocurridos durante la “guerra sucia”.

En esa reunión se acordaron los procedimientos legales y técnicos para investigar cada uno de los casos; el acceso a los integrantes de la citada comisión a los archivos históricos del estado y las autoridades municipales anunciaron su disposición a colaborar en las investigaciones, que se centrarán en Atoyac de Álvarez y Chilpancingo.

La Comisión Nacional de Búsqueda garantizó que, dentro del Programa de Compensación y Reparación del Daño, Guerrero será la primera entidad en impulsar la justicia y reparar a las víctimas de las atrocidades cometidas.