El objetivo imperial y sus empresas multinacionales consiste en controlar recursos estratégicos y rutas clave para distribuirlos y definir precios en el mercado mundial. En la trama del golpe militar en Malí del pasado 18 de agosto se ve con claridad su mano, aunque vinculada con la supuesta guerra de Occidente contra el terrorismo islámico. Lo ocurrido en aquel país anticipa una nueva era de expoliación neocolonial a costa de la paz y miles de vidas. México no es inmune a ese riesgo, pues las corporaciones dominan sus riquezas sin que el gobierno les ponga freno.

Nadie quiere sustos con las materias primas. En esta fase imperialista y tras los estragos económicos de la pandemia del Covid-19, la banca y las corporaciones aseguran ganancias y suministros a toda costa: golpes militares o especulación en precios de recursos estratégicos. Los actores locales y regionales suscitan poca atención geopolítica, como en el caso de Malí.

El golpe en esa república de África Occidental se tramó hace tiempo. Múltiples intereses coincidían en mantener el caos y la dependencia: Wall Street, que reúne las principales transacciones con valor global; el NASDAQ, que cotiza acciones tecnológicas; las bolsas de Tokio, Londres, Hong Kong y la Deutssche Börse alemana.

A la par están las empresas trasnacionales (ET) fundamentales en la cadena de suministro capitalista. Junto a ese capital financiero y las antiguas metrópolis, las ET aprovecharon el vacío de poder en Malí para dominar sus grandes reservas de oro, bauxita, litio, cobalto y uranio.

Mineras, automotrices y agroindustrias aspiran también a controlar la envidiable posición geográfica del país, como puerta a las costas, puente al Mediterráneo y Europa, así como el paso entre el Atlántico y el centro del continente. Por esas rutas transita el comercio legal africano y operan redes trasnacionales que trafican drogas, armas y personas, confiados en sus nexos con las mafias transfronterizas.

En medio de ese juego geoestratégico están 20 millones de malienses, de los que casi la mitad vive en el umbral de la pobreza.

Guerra multidimensional

Propiciada por la política de segregación de sus élites, Malí se divide entre el norte que alberga petróleo, uranio y gas, pero que pueblan tuaregs y bereberes que reclaman su autodeterminación, agobiados por la sequía y la hambruna; y un sur próspero que posee minas y agroindustrias de la cuenca del río Níger y es asiento del gobierno.

La combinación de desigualdad y expoliación nutrió por años la dinámica de descontento que, en 2011, propició una profunda crisis política y de seguridad social en las “primaveras” del Magreb árabe. Ese vacío de poder gestó, en 2012, la antiterrorista Operación Serval de Occidente, urdida para evitar una eventual confirmación de la teoría del dominó, pues al caer Malí en el separatismo y el radicalismo islámico, sus vecinos podrían imitarlo.

Los adversarios eran tuaregs, bereberes y grupos islámicos como Ansar Dine (Defensores de la Fe), aliado con el Estado Islámico contra el imperialismo extranjero. La precariedad social, falta de infraestructura y caos económico regional llevó a los tuaregs a exigir su autodeterminación ante el gobierno que los había abandonado.

Aunque el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad compartió su objetivo de derrotar al Estado con los radicales islámicos de Ansar Dine, los tuaregs –eminentemente seculares– no compartieron la visión islámica radical a futuro, y desistieron de su alianza.

El Estado, en lugar de atender los reclamos de igualdad y desarrollo, acentuó su dependencia con Occidente; persistió en mantener los privilegios extranjeros sobre sus recursos y aceptó que las potencias ideasen la guerra contra el terrorismo, ahora personificado por bereberes, tuaregs e islámicos. Así detonó la guerra multidimensional.

Desde una visión geopolítica, las exmetrópolis y el islamismo radical aprovecharon ese conflicto que dejó buenos réditos a las ET. Así se vio hace dos semanas cuando, tras el golpe, el presidente francés Emmanuel Macron se posicionó política y militarmente en Malí.

Por ello, el Partido Comunista de Francia (PCF) lo llamó “oportunista” y advirtió que la injerencia extranjera en Malí y sus componentes de austeridad económica y militarización agravarán el caos imperante en ese país africano.

Tal como el PCF denunció, Occidente, que eludió su responsabilidad en la compleja crisis sistémica de Malí, favoreció todos los golpes (el de 2012 y el de agosto pasado), mientras la prensa corporativa justificó la asonada por la larga guerra del ejército contra el “terrorismo separatista”.

Caos por riquezas

Pese a sus grandes recursos, la excolonia francesa siguió en subdesarrollo y hoy solo es base de tropas europeas que dicen combatir a rebeldes islámicos en el Sahel, la franja que cruza de este a oeste el continente.

Sin embargo, su riqueza no pasa desapercibida: es el tercer productor de oro en África –en 2018 se descubrieron los yacimientos de Goulamina y Bougoni con reservas de hasta 48 millones de toneladas y 694 mil toneladas de litio– según el ministro de Minas.

La mayor reserva mundial de litio está en el Salar de Atacama, que comparten Bolivia, Argentina y Chile, y es tal su importancia geoestratégica, que por su control se produjo el golpe contra el presidente boliviano Evo Morales en la llamada Guerra del Litio.

Asegurarse el suministro de ese recurso resulta vital para las multinacionales aeronáuticas, nucleares, ópticas y de autos eléctricos, como la automotriz Tesla, que necesita litio y cobalto para las baterías de sus vehículos. Tener abasto suficiente permitirá a su propietario, el magnate Elon Musk, completar la integración vertical (fabricar todo lo que vende casi sin proveedores).

Hoy, las acciones de las mineras y otras ET suben sin parar por su visión geopolítica. Promueven pactos, como el de Musk con la corporación minera Glencore, que en 2019 firmó otro con BMW, mientras Tesla afinaba su alianza con la brasileña Sigma Lithium Resources Group, cuya concesión obtuvo del gobierno de Jair Bolsonaro.

El objetivo general está en evitar la escasez. Entre 2013 y 2018 se especuló sobre una futura falta de cobalto, por lo que se dispararon los precios y las empresas idearon cómo reducir su dependencia. Las ET negociaron con las fuerzas políticas de la República Democrática del Congo, de donde proceden casi tres cuartos del cobalto mundial.

Lo mismo hicieron en Malí mineras como la británica Randgold, la mayor del sector en el mundo y las automotrices que apoyaron las mismas prácticas golpistas que en Bolivia, cuando surgió la asonada de hace días.

El antecedente de esta crisis responde al incremento en la demanda global de autos eléctricos, que impuso más presión a los países productores de litio, advirtió, en 2019, el analista Carlos Noya.

Confiada en sus extensas reservas de cobalto y litio, Tesla anunció que su planta en China será capaz de producir a la semana tres mil autos, y su planta en Alemania hasta 500 mil anuales en poco tiempo. Entretanto, las víctimas de esa ambición corporativa quedan en las minas y calles de los países proveedores.