La “democracia imprescindibleˮ se produce en el país más poderoso del mundo, donde más se gasta en armas –190 mil 973 millones de dólares (mdd)–; el Estado que aloja a la mayor cifra de multimillonarios y en cuyas minorías sufren un racismo estructural que se expresa en la negación de derechos económicos, sociales y sanitarios como se ha visto durante la pandemia de Covid-19.

A más 156 años de la abolición de la esclavitud, las comunidades indígenas, afroamericanas, latinas y asiáticas de Estados Unidos (EE. UU.) sobreviven en la exclusión, desigualdad económica y privación de sus derechos cívicos. Esa nación suma casi 55 millones de pobres, casi todos de las minorías, luego de que tuvieron, durante 12 años, un presidente afroamericano del Partido Demócrata y después a un multimillonario del Partido Republicano. Ese racismo estructural revela el profundo conflicto de clases en aquel país.

En la superpotencia aumentan la desigualdad y pobreza. La causa es la lacra del racismo, que se ensaña con los más explotados y abandonados del capitalismo y sus élites, y que ha sido factor clave en la formación de la potencia. Ese fenómeno, denunciado por siglos y tolerado por la clase política, es prexistente a la crisis del nuevo coronavirus, que propició la caída de salarios, el desempleo y el incremento de la deuda.

De modo que en la superpotencia militar con la mayor economía global, los sectores más pobres viven una situación insoportable. A pesar de las inversiones y ayudas gubernamentales, que sumarían apenas 1.9 mil mdd, la tasa de pobreza representa el 12 por ciento contra el 19 por ciento de 1946.

Al comparar ese magro avance con el Coeficiente Gini, se ve que EE. UU. es el segundo país más desigual después de China. Es decir que en la superpotencia hoy es muy alta la proporción de la riqueza en manos del uno por ciento más rico, señala el Banco Mundial.

Casa dividida

Tan grave es la desigualdad y el racismo en esa nación que, el 28 de junio, la representante de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, emitió este llamado: “¡Paren de negar el racismo estructural que crea barreras para las minorías, impide el acceso a empleos, el sistema de salud, vivienda digna, educación y justicia, comiencen a desmantelarlo!”.

Al asumir la presidencia durante las secuelas de las mayores protestas raciales desde 1968 y la violencia de ultraderecha, Joseph Robinette Biden anunció que emprendería una batalla por el alma de su nación, que estará “atribulada mientras se permita que persista el racismo, corrosivo y destructivo”.

Pero su estrategia contra el racismo sistémico diluye las esperanzas de las minorías que confirman que a Biden le importa más la forma que el fondo. Aunque firmó órdenes ejecutivas, supuestamente para garantizar equidad racial en vivienda y más soberanía a pueblos originarios, persiste un modelo desigual.

La novedad es su multimillonario plan de infraestructura para recuperar la economía estadounidense tras la pandemia. Si avanza, sería el proyecto gubernamental más ambicioso desde la Segunda Guerra Mundial; pero los defensores de las minorías denuncian que tiene componentes racistas.

Muchas obras destruirán viviendas para pobres y minorías, así como caminos que utilizan agricultores y comerciantes de pocos recursos, como la carretera Interestatal 81, en Syracuse, Nueva York; es antigua, como muestran sus oxidadas vigas de acero, pero es indispensable para acceder pronto a las casas y cultivos que la rodean.

Biden ofreció revertir los recortes fiscales al sector aprobados por el expresidente Donald Trump y pidió al Congreso que ricos y corporaciones paguen su justa parte en impuestos. Si lo logra, terminarían 40 años de un sistema fiscal que favorece al uno por ciento más rico, el cual en 1950 pagaba hasta el 92 por ciento, monto impensable hoy para las tecnológicas y magnates.

La mayoría de los estadounidenses rechaza que las corporaciones y los millonarios incumplan sus compromisos fiscales, porque eso significaría poner fin a la fractura del consenso neoliberal en EE. UU. Y es que nunca ha funcionado el modelo de reducir impuestos para detonar el crecimiento, advierte Claudio della Croce.

Por ello, parece más un plan de Biden para ganar adeptos en los comicios de 2022. La historia lo confirma. Por ocho años, los discriminados y pobres de EE. UU. oyeron a Barack Obama plantear un “Estados Unidos post-racial” y lo vieron realizar medidas cosméticas.

Por eso, los expertos señalan que, cuando se trata de algo racial, el país aún es una casa dividida, pues el racismo es parte indeleble de su razón de ser. Y si el Estado margina, también el capitalismo excluye, con la codicia de las empresas estadounidenses.

Ese sistema “dio por resultado que el país tenga más desigualdad de ingresos y de riqueza que cualquier otro en la Tierra”, admitió el senador Bernie Sanders al postularse como precandidato presidencial demócrata.

Todas las fuentes muestran que las minorías siguen sufriendo desproporcionadamente en todos los parámetros y que la causa es el racismo. Desde las tasas de prisión, pasando por la segregación, hasta la disparidad e inequidad educativa, refiere el Centro de Estudios Afroamericanos e Indígenas de la Universidad de California.

La clave está en el modelo neoliberal pues, en ese país, todo está definido por el grosor de la billetera y el color de la piel, publicó el diario conservador Miami Herald el 18 de diciembre de 2020.

Pobres y sin derechos

EE. UU. representa una contradicción. Aunque sus principios fundamentales expresan ideales de libertad e igualdad, también es una nación construida en la sistemática supresión de derechos a sus comunidades originarias, escribió Margaret Simm, notoria estudiosa del Instituto Urban.

Durante siglos, mujeres y hombres lucharon por abandonar ese arraigado racismo estructural. El resultado es una democracia que distorsiona las formas en que se concentra el poder y la influencia, y éstas son la base del modelo político estadounidense, agrega Simm.

Pese a algunos progresos significativos, en esa nación permanece el andamiaje legal y políticas públicas diseñadas para evitar que nativos americanos, afroamericanos, latinos y otras minorías gocen de plenos derechos democráticos para excluirlos del progreso.

En marzo, decenas de homeless fueron desalojados de sus precarias carpas en el barrio residencial de Echo Park en Los Ángeles, California. Como ahí es delito vivir en las calles, mujeres y hombres fueron perseguidos por agentes bajo la luz de helicópteros. Un cartel, colocado sobre una de las tiendas, resume la tragedia con el lema: “Nos rehusamos a ser barridos a rincones oscuros”.

Ése es el problema social de EE. UU. Estas personas errantes en las grandes urbes que buscan sustento diario, retratan el impacto de la desigualdad en familias enteras, refiere Eloá Orazem. A ellos se suman más de 19 millones de adultos incapaces de pagar el alquiler o la hipoteca de sus casas, distribuidos en 41 de los 50 estados, no solo por la pandemia sino porque, hace tiempo, el sistema actual les impide cubrir sus necesidades.

Pobreza significa carecer de dinero para satisfacer necesidades básicas o mantener un mínimo de vida adecuada como comida, refugio y ropa. La Autoridad de Servicio a los Sin Casa afirma que, en 2020, en Los Ángeles vivían en esa condición 70 mil personas, cifra con un aumento del 12.7 por ciento con respecto a 2019.

Hasta ahora, iniciativas como la antigua Acción Afirmativa –que beneficia más a mujeres blancas estadounidenses que a latinos y asiáticos– no solucionan el problema, asegura la experta Bárbara A. Driscoll, para quien el centro del debate está en la desigualdad y el modelo neoliberal.

Ejercer su derecho al voto es un problema para las minorías. Casi todos los afroamericanos han sufrido coacción o boicot para votar, y eso se traduce en falta de poder político. Es decir, elegir candidatos con valores compartidos y que otorguen al elector la posibilidad de que haya políticas públicas favorables para ellos, explican la oficina Household Pulse y el Centro para el Progreso Estadounidense.

Personas pobres de origen mexicano en EE. UU. viven en la incertidumbre económica y legal, aislamiento social, acceso limitado a servicios cotidianos y aumento de enfermedades. Esto se suma a la endémica pobreza, viviendas precarias y explotación laboral, refiere Francisco Lara Valencia, de la Universidad del Estado de Arizona.

Tal es el caso de los trabajadores de la planta de tortillas El Milagro, en Chicago, que hace semanas marcharon en protesta por los bajos salarios, recortes de plazas y abusivas condiciones de trabajo (intimidación y acoso sexual).

Martin Salas describió así a Democracy Now la situación: “Exigimos nuestros derechos de empleados. Yo hago 80 paquetes de tortillas por minuto, cargo cajas, las pongo en un contenedor y regreso al mismo ciclo; si no lo mantengo, las tortillas caen de la máquina y pierdo mi trabajo”.

Los directivos alegan que la pandemia afectó la cadena de suministros; pero los manifestantes aseguran que desde antes de la crisis ocurrían abusos; y que, en 2020, docenas de empleados enfermaron y cinco murieron por un brote de Covid-19.

Aunque parezca sorprendente, en EE. UU. no existe una medición oficial de la pobreza y, por lo tanto, no hay estadísticas sobre su alcance, forma o naturaleza cambiante. Este país necesita medir cuánta gente es pobre, reclamó en julio el académico de la Universidad St. Louis, Mark Robert Rank, autor del libro Confrontando la Pobreza.

Pronto expirarán las ayudas para los más pobres que entregaron los programas de asistencia pública durante la pandemia. Casi el doble de personas en pobreza recibió apoyo, en 2020, contra el que recibieron en 2018; de modo que millones retornarán a la precariedad, advierte el Instituto Urbano.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró en febrero: “En EE. UU., la riqueza se construye sobre la riqueza; es decir que la prosperidad retorna a unos cuantos, mientras muchos más apenas sobreviven; de ahí que los sectores más desfavorecidos se rezaguen”.

Víctimas de Covid-19

Ser pobre en EE. UU. expone a las personas a una muerte súbita y a gran sufrimiento, como evidenció la pandemia de SARS-COV2, que arrasó al país en la primavera de 2020. Entonces emergió un patrón preocupante: los afroamericanos se infectaron al doble y murieron más que los blancos, denunció Joseph P. Williams.

El gobierno socavó también la protección a comunidades vulnerables, contra prestamistas y abusivos cobradores de deudas. Como efecto de la desigualdad racial y económica, minó el derecho a la educación de pobres y marginados al cerrar escuelas y pasar al aprendizaje digital; pues, en EE. UU., uno de cada cinco niños carece de acceso a computadora o Internet de alta velocidad en casa.

Negros, latinos y nativos americanos que nacieron con la marca de la desigualdad sufrieron los mayores casos de mortalidad por Covid-19 y han perdido años de vida potencial, revela un estudio de la Universidad de California en 45 estados y Washington.

EE. UU. suma el mayor número de muertos y contagios de Covid-19; pero el virus no afectó a todos los sectores de igual manera, explica la doctora en bioestadística Christina Ramírez. Solo en Los Ángeles, latinos y afros engrosaron las tasas de contagio, publicó Los Angeles Times.

Utah ilustra las condiciones de desigualdad en atención médica de los latinos, pues concentró el 40 por ciento de contagios contra el 39 por ciento de Washington, revela Francisco Lara Valencia, de la Universidad del Estado de Arizona.

Para personas de origen asiático vivir en EE. UU. es condenarse a la soledad y al escarnio. Para ellos, la pandemia aumentó el abuso y fueron humillados en público de forma generalizada publicó The New York Times el 16 de abril de 2020.