El transporte público del Estado de México (Edomex) está considerado el peor del país por ineficiente, obsoleto, inseguro –los robos a mano armada a bordo de sus unidades son múltiples y cotidianos– y por caro, “mérito” del que el gobierno mexiquense es copartícipe, pues en el pasado reciente le ha autorizado nuevas tarifas en 14 ocasiones, con aumentos de 50 centavos y dos pesos.

En el paradero del metro Pantitlán, la resistencia de los usuarios al incremento de la nueva tarifa es todavía visible, pese a que se estableció en enero pasado. Enrique Torres viaja todos los días de Nezahualcóyotl a la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX); y para llegar al metro, usa dos combis. “Gasto 44 pesos en pasaje, con el aumento serán 52. Los transportistas piensan que no nos afecta porque son dos pesos, pero en mi caso terminaré gastando 120 pesos más cada quincena. Todo sube menos mi salario”, declaró a buzos.

Ésta es la misma queja de los habitantes del Edomex, quienes despertaron de su profundo letargo, luego de que el gobierno estatal anunciara que la tarifa mínima del transporte público pasaría de 10 a 12 pesos en los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional. La sociedad mexiquense ya no está dispuesta a pagar este nuevo incremento del 20 por ciento en los pasajes.

En diciembre pasado, la Secretaría de Movilidad (Semovi) del Edomex formalizó un acuerdo con 385 transportistas para aumentar la tarifa del transporte público, con el argumento de que en la entidad no existen subsidios que amortigüen los gastos de las más de 200 mil unidades concesionadas que prestan el servicio a cerca de ocho millones de personas, que representan el 72 por ciento del total de los usuarios mexiquenses.

El incremento se aplicó del 1° de enero de 2020 en adelante, en el Sistema de Transporte Masivo Mexibús I, II y III y en el Mexicable, cuyas tarifas pasaron de siete a nueve pesos, a diferencia de la pirámide tarifaria de las más de 38 mil unidades de mediana capacidad que, a partir del 1° de febrero, debían aplicar los nuevos pasajes autorizados. La “cuesta de enero” y la necesidad de informar a los usuarios del ajuste tarifario fue la causa piadosa para no aplicar éste desde principios de año. Sin embargo, al cierre de esta edición, la tarifa continúa con un mínimo de 10 pesos.

El titular de la Semovi estatal, Raymundo Martínez Carvajal, informó que, a cambio del incremento a las tarifas, los concesionarios asumieron el compromiso de concluir el proceso de renovación de unidades; contar con la cromática respectiva; certificar a los 100 mil operadores y equipar las unidades con un kit de seguridad que incluya cámaras de video, botones de pánico y geolocalización, a fin de “brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro”.

El funcionario advirtió que los transportistas que incumplan con el acuerdo, perderán sus concesiones y anunció que el gobierno del Edomex proyecta la creación de un sistema de prepago, mediante el cual los usuarios y choferes estén plenamente identificados para inhibir la comisión de delitos en las unidades de transporte.

Sin embargo, para diversos sectores de la población, estos compromisos fueron vistos como “justificaciones insuficientes” y con la consigna de “ni un peso más”, comenzaron a movilizarse en los municipios más grandes de la entidad, entre ellos Toluca, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. En este último, el nueve de enero, los policías auxiliares reprimieron a los manifestantes.

La inconformidad social derivó en la conformación del Frente Amplio Contra el Tarifazo, que propuso un paro estatal el 13 de febrero. El principal reclamo al gobernador Alfredo del Mazo Maza es que “el tarifazo es ilegal… Que el ajuste a la tarifa la pidieron solo 17 concesionarios, de los más de dos mil que prestan el servicio en la entidad mexiquense”. Además, anunciaron que demandarán el conocimiento público del dictamen técnico del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM), el cual calcula que “la tarifa debe ser de seis pesos y no 12 como autorizó la Semovi”.

Los inconformes aseguran que “los compromisos asumidos” por los transportistas con el gobierno estatal se convertirán en letra muerta, como ha sucedido anteriormente, y que pese a contar con la tarifa más alta en el país, las unidades en servicio continuarán con los mismos serios problemas de movilidad, sanitarios, ecológicos y de seguridad que hoy prevalecen.  

De acuerdo con datos recabados por la Semovi, de 2013 a 2019 cerca de 600 personas murieron víctimas de asalto, atropellamiento o choques ocasionados en estas unidades. La cifra más elevada corresponde a 2017, con un total de 247 defunciones.

Con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de 2015 a 2018, el delito de robo en transporte público se incrementó el 706 por ciento en el municipio de Nezahualcóyotl, cuya tasa promedio es de 54.41 robos por 100 mil habitantes; La Paz y Ecatepec tuvieron un aumento del 235 y el 42 por ciento con una tasa de más de 90 robos, respectivamente. 

No al tarifazo dicen mexiquenses

Marisol Ramírez, vecina del municipio de Chalco, quien diariamente viaja con sus hijas a la alcaldía de Coyoacán, donde trabaja como empleada doméstica, es una más de los afectados por el aumento de la tarifa, que le  duele enormemente. Ahora gastará 12 pesos más al día y 180 pesos más cada quincena.

Nayelli Alavés, de Chimalhuacán, estaría de acuerdo con el incremento, si de verdad cambiaran las condiciones ya que, al igual que su familia, se siente insegura en el transporte público: “Viajamos con miedo. Ya van tres veces en el año que nos asaltan; no se me hace justo que quieran subir el pasaje. Lo que deben hacer es mejorar su servicio para que nosotros queramos pagar ese extra”, expresó la estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, quien ahora gasta 62 pesos en transporte público y, a partir de que el aumento se haga efectivo, invertirá 70 pesos diarios, ya que su escuela no está incluida en el programa Sendero Seguro del Edomex, cuyos alumnos pagarán la tarifa de 10 pesos.

Los operadores del volante tampoco aceptan el tarifazo. Uno de ellos es Alberto N., quien aseguró que, con el incremento al pasaje, aumentará hasta el 30 por ciento la cuota que deben entregar diariamente a los dueños de las unidades. Su jornada laboral comienza a las cuatro de la mañana y concluye a las 11 de la noche, periodo en el que da seis vueltas del paradero Pantitlán al municipio de Chimalhuacán. Con base en su experiencia, asegura que, al haber más dinero, se incrementará la posibilidad de que los delincuentes suban a “atracar”.

“Me han asaltado tres veces. Una vez me apuntaron con una pistola en la sien. Da coraje ver que se llevan tu trabajo; los rateros suben muy agresivos, cachetean a mujeres embarazadas o de la tercera edad; ahora agarran parejo. Deberían hacerse más operativos, porque aumentar la tarifa no es la solución (a la inseguridad)”, indicó Alberto, quien además de reunir la cuenta, destina mil 600 pesos a la compra de combustible. Denunció que la avenida Bordo de Xochiaca representa un punto rojo de delincuencia y que diciembre es el mes con más asaltos.

El supervisor de la ruta que corre del metro Pantitlán al municipio de Chalco, Leonardo Ortiz, afirmó que unas 300 unidades cubren este derrotero, de las cuales solo el 25 y el 40 por ciento ya cuentan con kit de seguridad: “Nos apegamos a los lineamientos, pero la verdad es que no hemos visto un gran cambio. Los asaltos siguen, no hay un seguimiento ni revisión de cámaras; cuando hacían (la policía) retenes, ahí sí bajó el índice de robos; pero los dejaron de hacer y se vuelve a las mismas”, explicó y aseguró que el punto rojo en esta ruta es la parada de la Virgen en la autopista México-Puebla.

La inconformidad por el incremento a la tarifa del transporte llegó también a la Cámara de Diputados local, legisladores coincidieron en que el incremento fue una “determinación administrativa acordada… de manera discrecional… Entre el gobierno estatal y dirigentes del sector”, por lo que podría quedar sin efecto, ya que no se trata de una ley que requiere de todo un proceso legislativo para abrogarla. Planean modificar el Artículo 33^o de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Edomex para que no sea la Semovi la que regule al transporte público.

Entrevistado por buzos, el diputado local Telésforo García Carreón comentó que el aumento a la tarifa del transporte público es un atentado contra la economía familiar, porque el 63 por ciento de los mexiquenses toman de dos a cuatro transportes para llegar a su empleo y regresar a su hogar, por lo que el incremento equivale a gastar 16 pesos diarios y 96 pesos en una semana.

“Esto indudablemente anula el incremento de 20 pesos al salario mínimo que los empresarios y el presidente aprobaron, el cual cabe aclarar, fue producto de las condiciones que pusieron Estados Unidos y Canadá para que las mercancías mexicanas no compitieran con cierta ventaja sobre los productos que proceden de esos países, ya que los salarios en México representan una sexta parte de lo que ganan los obreros canadienses o estadounidenses”, explicó el legislador.

Agregó que este asunto no es tan sencillo y que no se puede ser unilateral. “Sería popular oponerse simplemente diciendo ¡no al aumento! Cuando en realidad ha subido el precio de los combustibles, refacciones, mantenimiento e incluso alimentos; la solución no es tan sencilla, son años y años en los que el gobierno estatal ha arrastrado problemas de concesiones, unidades piratas, accidentes e inseguridad”.

El diputado local explicó: “Sí nos manifestamos en contra del aumento al transporte, pero no de una manera simplista, se necesitan muchas cosas que no se pueden hacer en lo inmediato, como lo proponen los diputados de Morena, que sea el gobierno estatal quien subsidie el incremento; a pesar de que el presupuesto es de 301 mil millones de pesos, hay muchas otras necesidades que deben atenderse. En primera instancia, se requiere que el gobierno estatal y los transportistas tengan voluntad para negociar pensando en los usuarios; pero es un secreto a voces que son los mismos transportistas quienes tienen el control de la Semovi”.

García Carreón precisó que se necesita crear fuentes de empleo en los municipios para que los trabajadores ya no sufran el desgaste económico, físico y emocional que les provoca viajar todos los días hasta cuatro horas en el transporte público. Además, destacó, se requieren mejores salarios y una justa distribución de la riqueza.

“En Chimalhuacán llevamos una década luchando por la construcción de un parque industrial que genere 40 mil empleos; esto representa una fuerte inversión, pero se trata de una solución definitiva que fortalecerá la economía local, potencializará la mano de obra, incrementará el ingreso familiar y disminuirá el estrés que genera viajar tantas horas en transporte público, llegar tarde, que te puedan robar o faltar al respeto”.

Finalmente, el diputado local invitó a la gente para que se organice porque “los actuales gobernantes no representan los intereses del pueblo. Vemos lo que está haciendo el mismo Presidente de la República con los centroamericanos, con el transporte, la salud. Los problemas del pueblo los tiene que resolver el pueblo mismo, organizado, educado y luchando para que el trabajador saque de su seno a sus propios gobernantes y sean verdaderos representantes populares quienes dirijan el rumbo de México”.