El servicio de taxis por aplicación como Uber, DiDi, Cabify y Beat ha contribuido a mejorar la calidad y la accesibilidad en el sistema del transporte público de la Ciudad de México (CDMX); pero ahora se generó una creciente preocupación por la seguridad de sus usuarios.

Este problema se debe a que, en el área metropolitana de la capital de la República, entre el 30 y 45 por ciento del transporte público privado opera irregularmente, reveló a buzos Eduardo Velazco Santiago, excoordinador del gremio transportista en el Estado de México (Edomex).

Es cierto, reconoce, que los taxis por aplicación se popularizaron rápidamente porque, desde cualquier lugar y a cualquier hora, bastan unos clics de teléfono inteligente para acceder a vehículos más limpios, cómodos y guiados por conductores aparentemente mejor calificados.

Sus tarifas concertadas previamente, además de bajas, han influido también para que muchos usuarios los prefieran respecto a los taxis de sitio o los convencionales, entre los que suelen colarse los llamados piratas.

Su incursión en la CDMX se produjo en agosto de 2013 con la llegada de Uber, empresa estadounidense que revolucionó este sector del transporte capitalino mediante el modelo de servicio basado en la tecnología de comunicación digital.

De inmediato se expandió a Guadalajara, Monterrey y Puebla, ciudades populosas en las que también existe alta densidad poblacional y los problemas de vialidad son muy complicados debido a las deficiencias de los servicios de transporte público tradicionales.

El éxito de Uber atrajo a empresas como Cabify, DiDi y Beat que, para competir entre ellas, ofrecieron distintas alternativas de servicio, aunque todas compartían –siguen compartiendo– el uso de teléfonos móviles para solicitar un viaje.

Las malas experiencias 

La percepción pública sobre el servicio de taxis por aplicación en México es controversial ya que, para algunos usuarios, su accesibilidad resultó mejor evaluada sobre otros de iguales beneficios, mientras que para otros persiste la preocupación por su seguridad personal.

Sin embargo, desde la segunda mitad de la década anterior, los problemas de inseguridad pública y el incremento en la violencia delictiva comenzaron a afectar a los usuarios de este sistema de transporte debido, según algunos expertos, a la falta de protocolos de seguridad efectivos en estas plataformas.

En su informe Repensar la competencia en la Economía Digital, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) explica que desde 2015, gobiernos estatales como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Yucatán, San Luis Potosí, Colima, Sonora y Baja California cambiaron sus leyes de transporte público para que los vehículos de las Empresas de Redes de Transporte contaran con frenos antibloqueo, cinturones de seguridad y bolsas de aire para garantizar la seguridad de los usuarios.

En 2019, el presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux, advirtió que “los filtros de empresas como Uber, DiDi y Cabify, entre otras, no son confiables, en cuanto al registro, aceptación y permanencia de sus choferes; por lo que estas compañías deberían asegurar y garantizar el cuidado de sus usuarios con mecanismos y controles de confianza”.

Los usuarios se han encargado de informar mediante las redes sociales sobre los robos y las agresiones físicas de las que han sido víctimas, así como del desconocimiento de los choferes para reaccionar o reportar oportunamente las situaciones de emergencia, a pesar de que las plataformas aseguran que se verifican los antecedentes y las aptitudes de los conductores.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundió que, en el primer trimestre de 2024, 63.9 por ciento de la población mayor a 18 años se sintió insegura en el transporte público; y que la percepción de inseguridad de mujeres y hombres en ese mismo periodo fue de 69.2 y 57.2 por ciento, respectivamente, mientras utilizaban el transporte público.

Uno de los primeros casos que llamó la atención nacionalmente fue el de la estudiante Mara Fernanda Castilla, de 19 años quien, el ocho de septiembre de 2017, desapareció mientras utilizaba un servicio de la empresa Cabify, en Puebla, mismo que concertó alrededor de las cinco de la mañana. Después de una semana de búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE) de la entidad localizó su cuerpo en un hotel y pasó un año para que el chofer fuera vinculado a proceso por feminicidio.

Otro caso que captó la opinión pública fue el de Brenda de la Mora, originaria del estado de Guanajuato, quien denunció en la red social X que, la madrugada del 16 de agosto de 2019, abordó un Uber para que la llevara de la Central de Autobuses del Norte de la CDMX a la calle Andrés Bello, en Polanco, durante el trayecto se lanzó del auto y dejó sus pertenencias cuando el conductor la amenazó con un arma, le quitó su celular y lo arrojó por la ventana.

Cuando se hallaba en el piso pidió ayuda, otro automovilista se percató que se encontraba en el municipio de Ecatepec, Estado de México. En respuesta a este incidente, Uber anunció que había deshabilitado la cuenta del conductor y ofreció su apoyo a la usuaria para presentar la denuncia ante las autoridades.

Fernanda Zamora Ruvalcaba enfrentó una situación que pudo haber sido similar, pero evitó gracias a que reaccionó a tiempo cuando, el pasado siete de mayo, solicitó a Uber un servicio que debía llevarla en 15 minutos a la alcaldía Benito Juárez; pero el viaje no se realizó porque, en el mensaje de confirmación, escuchó que el chofer se estaba “acomodando”, y que le iba a meter un “sustito” a la usuaria. Fue por ello que se bajó como pudo del automóvil que ya empezaba a moverse.

“Hoy por la mañana tuve una experiencia horrible mientras utilizaba el servicio de Uber. Al subir al vehículo, el conductor sugirió tomar una ruta diferente a la que indicaba la aplicación; al negarme, tomó una screenshot de mi ruta de viaje y lo envió a varios contactos de WhatsApp. Este comportamiento me pareció rarísimo y me hizo poner más atención”.

Se sabe que el conductor responde al nombre de Óscar David, según la aplicación, y el vehículo es Nissan V-Drive, R91BNJ; que es nativo de la CDMX; cumplió con todos los requisitos para certificarse y que lleva 6.5 años en esta plataforma digital con una calificación de 4.94 estrellas.

Fer, como la llaman con cariño sus amigos, firmó utilizando el hashtag #NiUnaMasNiUnaMenos su publicación de Facebook y posteriormente formuló su denuncia ante la policía cibernética de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, instancia que le asignó el folio 54cf5676-bf02-4faf-a063-62ff9f8d0adb.

En entrevista con buzos, Fernanda aclaró que no ratificó su denuncia por temor, porque en línea la FGJ le señaló que no procedería porque no había delito de violencia física ni sexual. Por su parte, Uber únicamente le envió un mensaje en el que dijo lamentar el incidente; que en caso de ser necesario, notificarían al “socio conductor” su incumplimiento de los Términos y Condiciones; que lo orientarían sobre el comportamiento inadecuado y que quizás le bloquearían futuras conexiones.

Pero la única bloqueada hasta ahora es ella por los “acomodos”, el “sustito” y los cambios de ruta del conductor de Uber.

Otro caso de inseguridad fue reportado por @ElEidolon_ en X, el pasado 16 de mayo de 2024; este usuario denunció a “Rodrigo Daniel”, conductor de un Volkswagen Vento, PDW4077, quien, según el post, se estaba comportando extraño y nervioso desde el inicio del viaje, que comenzó a las dos de la madrugada en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

“… A mitad del camino decidió que era buena idea parar en un puestito para comprar unas pendejadas. Eso de inmediato me alertó, pagué el viaje de 140 pesos con un billete de 200 pesos, el sujeto tomó mi billete y lo cambió por uno falso, por lo que empezamos a discutir. Estaba nervioso y comenzó a maniobrar con el auto para dar la vuelta y huir conmigo a bordo, por lo que yo abrí la puerta y me lancé del auto en movimiento. Afortunadamente no tengo ninguna lesión de gravedad, sólo unos esguinces en el tobillo derecho y en el dedo pulgar… El conductor se dio a la fuga”.

A lo largo del post, los usuarios de X recomiendan a los pasajeros que porten armas como picahielos, navajas o pistolas de algún calibre para defenderse, pues consideran que la inseguridad en esas plataformas se incrementa últimamente.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consignan que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido 16 mil 391 robos en el transporte público individual, que incluye taxis tradicionales y por aplicación.

De enero a abril de 2024 se cometieron 706 robos en transporte público individual, de los cuales 418 fueron con violencia y 288 sin agresiones físicas. En 2023 hubo dos mil 460 delitos de este tipo, de los cuales mil 464 se efectuaron con violencia y 996 sin ella.

En 2022 hubo dos mil 727 robos de este tipo; en 2021 dos mil 896, cifra muy cercana a la registrada en 2019, cuando se efectuaron dos mil 898. En 2020 se cometieron dos mil 290 y en 2018 fueron dos mil 414.

Entre la regulación y la realidad

En el Edomex, el transporte público y el individual está regulado por la Ley de Movilidad, cuyos lineamientos son aplicados por la Secretaría con el mismo nombre, que también se encarga de otorgar concesiones, autorizar bases o sitios y asegurar que las unidades operen de manera eficiente y segura.

Sin embargo, esta ley plantea desafíos significativos para las autoridades y los concesionarios, porque su aplicación contrasta con la realidad económica y social, señaló –entrevistado por este semanario– Eduardo Velazco Santiago, quien durante seis años estuvo al frente del gremio del transporte en la entidad mexiquense.

Licenciado en derecho y luchador social, Velazco Santiago estimó que entre el 30 y 45 por ciento del transporte público, incluyendo taxis colectivos y privados, opera irregularmente por diversas causas, entre ellas las trabas gubernamentales para normalizarse y los altos costos del negocio, particularmente el de los vehículos automotores de modelo reciente.

El negocio de taxis por aplicación es distinto, explicó, porque están regulados por la Secretaría de Economía, las concesiones no son costosas y  requieren únicamente el registro en la plataforma. Los conductores pueden activar y desactivar la prestación del servicio según su conveniencia, lo que ofrece una flexibilidad atractiva en comparación con los taxis tradicionales, que deben permanecer en sus bases.

Aunque las plataformas de taxis por aplicación ofrecen ventajas como el seguimiento GPS y tarifas más bajas, también plantean riesgos. La falta de una verificación clara para los conductores y la facilidad de subarrendar vehículos pueden facilitar la infiltración de delincuentes. Por ello, los abusos y secuestros relacionados con este servicio han generado preocupación y la necesidad de mayor regulación y supervisión.

Para el actual secretario general de la Federación Revolucionaria de Trabajadores del Estado de México, la clave está en equilibrar las leyes y ordenamientos para ofrecer las mismas oportunidades a todos los prestadores de servicios de transporte. Y argumenta que las leyes actuales, en lugar de unificar, generan controversias y problemas sociales al no proporcionar facilidades equitativas para la regularización.

“La Ley de Movilidad del Estado de México establece un marco esencial para la regulación del transporte público; pero su aplicación enfrenta desafíos prácticos y socioeconómicos significativos. Para avanzar hacia una solución efectiva, es crucial que las autoridades consideren medidas que faciliten la regularización y ofrezcan apoyo equitativo a todos los transportistas, mitigando así las tensiones y promoviendo un entorno de competencia justa y segura”, concluyó.

Los legisladores del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa para tipificar “como agravante de violación y feminicidio que el conductor del transporte privado contactado por medio de aplicación por telefonía celular cometa el delito o que facilite la comisión del delito a un tercero.

“En el caso del robo, proponemos que se tipifique la modalidad de robo en transporte privado por aplicación vía teléfono celular, para buscar que la comisión de ese delito no quede impune. Con respecto al secuestro, también proponemos que la comisión de ese delito en transporte privado contactado por medio de aplicación por telefonía celular sea considerada como agravante”, dice la iniciativa enviada a la entonces presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero.