La proclamación de El Machete como grupo de autodefensa en el municipio de Pantelhó recordó el clima de violencia y terror criminal que los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas vivieron a partir de enero de 1994, con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La declaración de El Machete ocurrió el pasado 11 de julio, luego del asesinato de un dirigente comunero, catequista y defensor de derechos humanos en Pantelhó, población ubicada a cinco horas al norte San Cristóbal de las Casas, y epicentro social y militar del EZLN tras su emergencia el primero de enero de 1994.

En la región de Los Altos, una de las zonas con mayor presencia de pueblos originarios en México, hay poco más de 600 mil habitantes y alrededor de 400 mil de ellos hablan tres de los doce dialectos de la lengua maya que sobreviven en Chiapas: tsotzil, tzeltal y ch’ol.

Aunque la irrupción del nuevo grupo de autodefensa tuvo gran impacto mediático nacional e internacional, las agresiones violentas contra las comunidades indígenas y campesinas autónomas –sean disidentes o adictas al sistema político mexicano– se suscitan recurrentemente desde 2002, según El Machete.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal, fundado en 1989, ha documentado actos de violencia sistemática durante sus 32 años de existencia. Sin embargo, a partir de las campañas electorales de este año, reportó un alza en los ataques presuntamente relacionados con grupos armados de filiación partidista. En marzo, uno de estos grupos sembró el terror en Pantelhó y la citada organización no gubernamental (ONG) lo denunció en un documento que emitió el ocho de julio:

“A través de diferentes fuentes, en lo que va del año, en el municipio de Pantelhó, un grupo criminal asociado a la presidencia municipal perpetró el asesinato de 12 personas, entre ellas un niño: y una persona desaparecida y una mujer y un niño herido. Asimismo, existe un sin número de personas que han sido desplazadas de manera forzada y/o permanente debido al miedo y el riesgo de perder la vida”.

El texto lleva el título Exigimos Justicia para Simón Pedro Pérez López, un defensor comunero de derechos humanos, catequista y expresidente de la mesa directiva de la organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, integrante del Congreso Nacional Indígena, quien fue asesinado arteramente el cinco de julio.

Al día siguiente, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado en el que alertó a las autoridades federales y locales que hechos como el crimen contra Pérez López podrían derivar en una masacre como la vivida en Acteal el 22 diciembre de 1996, cuando fueron asesinados 45 indígenas tsotziles. El mismo seis de julio, tras el asesinato de Simón Pérez, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los campesinos del ejido Nuevo Israelita (pueblo natal de la víctima) localizaron dos bombas que no detonaron y que, posteriormente, el Ejército Mexicano hizo estallar porque no pudieran ser desactivadas.

“En el contexto de la espiral de violencia que vivimos en el Estado de Chiapas el dolor de los pueblos tsotzil, tzeltal, ch’ol, totic, tojolabal son una herida abierta de la Diócesis, multiplicada en incontables evidencias de abuso, injusticia e impunidad, desplazamientos forzados, asesinatos, homicidios políticos, robo de tierras y vehículos. Que nuestra memoria nos recuerda los acontecimientos sucedidos antes de la masacre de Acteal que nos resistimos a olvidar”, denuncia también el documento de la institución católica de San Cristóbal de las Casas.

Ausencia del gobierno en Los Altos

De acuerdo con información de la organización Las Abejas, el siete de julio, un grupo armado de 80 personas hostigó y desplazó parcialmente a pobladores de los parajes que se hallan en la frontera del municipio de Chenalhó y Pantelhó, mediante el uso de acciones violentas después de que se enfrentó a la policía estatal y el Ejército Mexicano, cuyos efectivos realizaban trabajos para desbloquear la carretera en las inmediaciones de la cabecera municipal de Pantelhó. Ocho soldados y cinco policías resultaron heridos.

Horas más tarde, alrededor de las 18:00 horas, 13 elementos de la 7ª. Compañía de la Guardia Nacional, que se movilizaban en dos vehículos al mando del oficial Luis Alberto Cerda Ávalos, fueron retenidos por un grupo de 30 indígenas a unos 500 metros de distancia de la comunidad de Majomut, antes de llegar a Acteal y Pantelhó.

El grupo de pobladores creció rápidamente hasta sumar unas 300 personas, entre las que se hallaban mujeres y niños, quienes desarmaron a los militares con el argumento de que no confían en ellos. El oficial Cerda Ávalos solicitó la presencia del presidente municipal de Chenalhó para negociar con los habitantes; pero el funcionario público no acudió y en su lugar llegó el director de Obras Públicas del municipio, lo que aumentó las tensiones y los pobladores convocaron a una asamblea comunal para resolver la situación, ya que el diálogo entre comuneros y los elementos de la Guardia Nacional no prosperaba pese a que se hacía en maya tzeltal.

De acuerdo con Cerda Ávalos, cuando la asamblea terminó y se decidió permitir a los elementos de la Guardia Nacional continuar su tránsito, otro grupo de 60 personas armadas apareció de “forma intempestiva” y se apoderaron del armamento, municiones y equipo de trasmisión militar. El comando armado, denominado Autodefensas de Chenalhó, vestía uniforme de tipo militar (verde pixelado), portaba armas largas y se abalanzó contra los vehículos de la Guardia Nacional provocando lesiones al personal militar y a los conductores de los vehículos.

Las armas robadas son ocho fusiles Fx05, calibre 55.56x45 mm; un fusil HKG3, una ametralladora NEGWB, calibre 55.56x45 mm, una pistola Px4 calibre 9 mm, un cañón de repuesto calibre 5.56x45 mm, 50 cargadores Fx-05, un cofre metálico con 1950 cartuchos Fx-05, 100 cartuchos calibre 7.62x51 mm, 800 cartuchos eslabonados de 5.56x45 mm, 12 chalecos antibalas con cuatro placas, dos uniformes de tela ristop color gris y un uniforme de tela ristop color blanco, propio de la Guardia Nacional.

Ese mismo día, en la comunidad La Esperanza, del municipio de Pantelhó, hubo varias balaceras entre un nuevo grupo de autodefensas y presuntos integrantes del narcotráfico que opera en esa zona, cuyas actividades ilícitas han causado el desplazamiento de por lo menos tres mil 205 personas, según información del Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).

Además de La Esperanza, hay desplazados de Canalal, Chimix, Quextic, Acteal alto y bajo; la mayoría son ancianos, ancianas, mujeres, niños y niñas y se han refugiado en los municipios Chenalhó, San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas o la misma cabecera de Pantelhó, que el domingo 11 de julio fue tomada por el Ejército Mexicano con el objetivo de restablecer el orden y recuperar las armas robadas.

Lucio Mariano Jiménez, de la Organización Indígena de Chiapas (OICh), originario de Pantelhó y víctima de desplazamiento forzado en 2015, reveló que debido a las constantes amenazas de muerte, robo de bienes y allanamiento de viviendas, las personas desplazadas se mantuvieron ocultas en las montañas y tienen miedo de rendir testimonio a autoridades y medios de prensa por temor a ser asesinados.

“La presidencia municipal ha estado mandada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 20 años, y como ellos ya no quieren dejar la presidencia han tratado de mantener su partido y se han ayudado con la delincuencia organizada. Comenzaron a hostigar a la gente que no votaba por Raquel Trujillo (el esposo de la actual alcaldesa), los mandaban a matar o entraban a sus casas. No es la única vez que pasa; aquí en Chiapas como no hay justicia, donde quiera hay muchos desplazados”, denunció.

Jiménez proporcionó a buzos la copia de un documento firmado por 69 agentes municipales, cuatro comisarios ejidales y tres mil ciudadanos del municipio emitida el 10 de julio en donde dicen: “Aclaramos que sí es verdad, el surgimiento de autodefensas del pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del Gobierno Federal y estatal.”

También enumeraron sus demandas. La primera es la renuncia de la actual presidenta municipal, Delia Flores Velasco; la segunda, la anulación de la pasada elección municipal, en la que su esposo Raquel Trujillo resultó ganador; y, por último, exigieron que se elija un presidente municipal mediante el sistema de usos y costumbres. Ese mismo 10 de julio, dos días después del robo de armamento a la Guardia Nacional a manos del grupo armado Autodefensas de Chenalhó, las autoridades lo hicieron público. En la misma fecha surgió el nuevo grupo de autodefensas llamado El Machete, el cual se anunció a través de un video en las redes sociales, en el que adjudicaron la expulsión de sicarios del narco en Pantelhó.

En las imágenes del video aparecen personas encapuchadas y armadas con rifles de alto calibre que declaran lo siguiente: “decidimos entrar en el pueblo de Pantelhó, el 10 de julio de 2021, a las cuatro de la madrugada, entramos, no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios y el crimen organizado, entramos porque no queremos más muertes para los pobres campesinos tzeltales y tsotziles (…)  Aclaramos que una vez que Pantelhó esté libre del Crimen Organizado encabezado por Raquel Trujillo Morales (presidente municipal electo de Pantelhó), una vez que esté libre de sicarios, nosotros como autodefensas del pueblo nos retiramos, porque no buscamos poder ni dinero”.

Un viejo cacicazgo narcopolítico

En el comunicado aseguran que en 2002, cuando Austroberto Herrera se “autonombró” juez municipal de Pantelhó, se “abrieron las puertas” al crimen organizado en esta población. Lo responsabilizan de haber ocasionado la muerte de unas 200 personas. “Al principio denunciamos, pero el Ministerio Público nunca tomó en cuenta nuestras denuncias, y algunos de nuestros compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos viviendo”.

Y aunque Austroberto Herrera fue detenido en 2019 por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), a través de la Fiscalía Indígena, el grupo El Machete asegura que la alcaldesa saliente, Delia Flores Velasco, dejará la presidencia municipal en manos de su esposo Raquel Trujillo Morales –ganador de los comicios del seis de junio– y así continuará el narcotráfico, que heredarán a sus hijos Daily y Rubén Gutiérrez Herrera.

Cuando el domingo 11 de julio llegó el Ejército Mexicano para recuperar el armamento robado a la Guardia Nacional en Chenalhó, el grupo de El Machete ya se había retirado de Pantelhó; desde entonces prevalece una tensa calma, ya que desde los choques del siete de julio, la alcaldesa Flores Velasco y su ayuntamiento habrían abandonado el municipio.

A partir del 12 de julio, cuando el Ejército, la Guardia Nacional y la FGE de Chiapas realizaron operativos para recuperar el armamento robado –objetivo aún no logrado– se han cateado dos inmuebles, propiedad de presuntos sicarios a quienes además se les acusa de haber asesinado a dos personas en marzo.

Sin embargo, los retenes y los cateos han generado críticas de las ONG´s, entre éstas la Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que en un comunicado de prensa advirtió que acciones militarizadas del Estado mexicano no contribuyen a una solución de raíz a los problemas sociales, económicos y políticos de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas.

“El Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotzil y tzeltal, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generada por el crimen organizado”.

Del domingo 11 al sábado 17 de julio, las ONG´s, otros grupos de la sociedad civil e instituciones del Estado mexicano, como Protección Civil, se han encargado de atender las necesidades básicas y sanitarias de los tres mil 205 desplazados, mientras que en Chiapas, no se había aclarado si El Machete contaba con el apoyo de los habitantes de esa región.

No fue sino hasta el domingo 18 de julio cuando el autodenominado “Autodefensas del Pueblo El Machete” convocó a medios de comunicación a una asamblea popular que se efectuó en la comunidad San José Buenavista Tercero –a una hora de la cabecera municipal de Pantelhó–, donde participaron alrededor de tres mil personas de 86 comunidades circundantes, que se formaron en las canchas deportivas con machete en mano para confirmar su apoyo al grupo que, a su vez, habilitó a 80 y 100 personas armadas para brindarles protección.

Fue ahí –a 11 kilómetros de Pantelhó, donde se hallaban la Guardia Nacional y el Ejército– donde una mujer indígena encapuchada y con vestimenta tradicional tomó el micrófono y ratificó la petición de anular las pasadas elecciones en ese municipio de Chiapas. La posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se hizo esperar y en su mañanera del día siguiente declaró que su administración no está de acuerdo con las autodefensas y que nadie debe armarse porque el Estado es quien debe proveer de seguridad pública a la población, lo que según él su gobierno está cumpliendo.

“Nadie puede hacer eso, es ilegal y eso no debe de aceptarse; nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad, porque se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad y no es eso. Puede ser una confrontación política de dominio cacique en una región o delincuencia”, indicó textualmente.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en voz de Oswaldo Cachón Rojas señaló, por su parte, que los resultados de la contienda electoral del pasado seis de junio se mantienen debido a que ningún partido político impugnó la elección en tiempo y forma. Por esta razón, Raquel Trujillo, el ganador con una diferencia de tres mil votos sobre su rival más cercano, será el presidente municipal de Pantelhó en los siguientes tres años.

Por ello, en la región de los Altos de Chiapas hay ahora una sensación de inseguridad generalizada; y aunque el 90 por ciento de los desplazados ya están en sus casas, la situación se mantiene tensa pese a la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las comunidades de Chenalhó y Pantelhó. En las ONG´s y en los medios periodísticos locales domina la preocupación de que el conflicto estalle en cualquier momento, pese a que el cacique perredista Raquel Trujillo tomará el control de poder municipal en noviembre de este año.