Del proyecto educativo anunciado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el nombre Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y que ofrecería carreras profesionales a estudiantes de escasos recursos según las “necesidades específicas” de sus municipios y regiones, hoy sólo existen instalaciones a medio-construir, predios baldíos sin ningún asomo de edificación, abultadas cifras de estudiantes y docentes inventados y en las pocas sedes que funcionan, prevalece la desilusión de alumnos y maestros por las múltiples deficiencias con que éstas operan.

La información acerca de buena parte del gasto público que el Gobierno Federal morenista ha destinado a esas instituciones públicas se mantiene, además, en la opacidad, pues sus responsables directos no permiten conocer los detalles de cómo se han ejercido estos millonarios recursos.

En un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2022 del Gobierno Federal, se plantea que el organismo coordinador de las Universidades del Bienestar debe aclarar el destino de 66 millones 981 mil 578 pesos, pues el reporte de sus gastos no correspondía con la documentación revisada.

Uno de los principales montos por aclarar supera los 46 millones de pesos (mdp) ya que, de acuerdo con la investigación contable de la Cámara de Diputados, en el informe del órgano directivo de la UBBJG “no se presentó la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio del recurso público federal de 19 sedes educativas”.

La ASF también detectó que otros 17 millones 320 mil pesos se gastaron en “Ayudas sociales” entregadas a 26 docentes y 75 trabajadores administrativos que no cumplían “con los requisitos de las convocatorias emitidas”, es decir, a personas sin el perfil ni la preparación para el cargo.

El año pasado, AMLO aseguró que la UBBJG contaba con 203 sedes ubicadas en 31 entidades del país, tenía una matrícula escolar de 33 mil 500 alumnos y 700 docentes y en sus instalaciones se impartían 37 carreras del área de salud con nivel de licenciatura, entre ellas medicina integral y salud comunitaria, enfermería y obstetricia y medicina veterinaria y zootecnia.

Sin embargo, en ese mismo informe –contenido en su mensaje presidencial del 1° de septiembre del 2023– el mandatario incluyó “otros datos” sobre el número de personas que confluyen en esa institución, pues dijo que contaba con 200 sedes y que su matrícula se integraba con 62 mil 775 y mil 393 maestros.

En un boletín de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la directora general de la UBBJG, Raquel Sosa Elízaga señala que hasta 2022, el Gobierno Federal había destinado cuatro mil mdp para la instalación, equipamiento y operación de sus unidades educativas en todo el país. La Cámara de Diputados le aprobó un gasto de mil 547 mdp para este año; casi 71 mdp más que en 2023, cuando ejerció mil 476 mdp.

Las denuncias y las quejas

Las denuncias sobre irregularidades en las Universidades del Bienestar provenientes de alumnos y docentes abundan en las redes sociales. Una de ellas, difundida a través de Facebook, fue suscrita en mayo pasado por la Red Nacional Estudiantil de la UBBJG, integrada por alumnos y egresados, que exhibió fotografías y textos como protesta pública de los estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UBBJG de la sede de Atlamajalcingo, Guerrero, donde demandaron espacios para realizar sus prácticas profesionales. 

A principios de 2024, alumnos de enfermería de la sede de Tlanchinol, Hidalgo, fueron suspendidos por las autoridades educativas sin explicarles el fondo de tal decisión, lo que provocó una protesta pública.

En otro mensaje difundido a través de la misma red social se denunció que, desde agosto de 2023, los estudiantes de medicina de la sede de la UBBJG de Zomajapa, en la región de Zongolica, Veracruz, toman clases en “salones provisionales”, habilitados en un predio donde solamente hay varillas y otros materiales que están esparcidos porque el proceso para construir el plantel fue interrumpido.

La sede de Ciudad Altamirano, Chiapas, según la ficha pública, se construye en un predio ejidal de cinco hectáreas con una inversión que a la fecha suma un millón 900 mil pesos; pero la denuncia gráfica muestra sólo un terreno baldío donde no existe el mínimo vestigio de que ahí reciban clases 196 alumnos de licenciatura en medicina integral y comunitaria atendidos por cuatro maestros.

Los egresados de la primera generación de medicina en la sede de Tlalpan, Ciudad de México (CDMX) se sienten defraudados: “no hemos recibido el título profesional y las autoridades de la UBBJG ya ni nos responden después de un año. En la sede nos dicen que lo tiene que resolver la gente de Pátzcuaro; y en Pátzcuaro nos dicen que eso lo tiene que resolver la gente de la sede”, denuncia otra de las demandas publicada en febrero pasado por la Red Nacional Estudiantil.

Los profesores también denunciaron la falta de pagos, despidos injustificados (más de 200), descuentos; para defenderse, crearon la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

En la página oficial de esta institución abundan las deficiencias y no es posible ubicar los planteles porque, en varios de ellos, aparece la misma fotografía de inicio, así como tampoco puede accederse a la información relativa al número de alumnos y las carreras impartidas en las sedes.

En Escárcega, Campeche, se han gastado a la fecha 10 millones 87 mil 344 pesos en una sede donde presuntamente ocho docentes imparten la carrera de ingeniería agroforestal a 178 estudiantes; pero en las imágenes del predio no se aprecia construcción alguna.

Lo mismo ocurre con la de Amatenango del Valle, Chiapas, donde no es posible saber dónde están “las aulas” a las que supuestamente acuden 119 alumnos y cinco docentes; sólo hay un terreno baldío. Y en la sede de Arriaga, también en Chiapas, la construcción se inició el 26 de junio de 2023 y se han invertido seis millones 900 mil pesos; pero lo único verificable de este proceso de edificación es un cuadro de cimentación con algunas varillas de castillo que apuntan hacia el cielo y una serie de trazos en terreno baldío donde, según la información oficial, 301 estudiantes de la licenciatura de medicina integral y salud comunitaria son atendidos por cuatro maestros.

En Bellavista, Chiapas, la unidad fue construida en noviembre de 2021; en ella, 11 docentes brindan educación a 521 alumnos, pero la información gráfica sólo muestra tres pequeñas aulas donde resulta imposible la presencia de medio millar de alumnos.

En el ejido Lázaro Cárdenas, de Cintalapa, Chiapas, la unidad se halla en proceso de construcción desde julio de 2023; a la fecha ha consumido 3.9 mdp, y aún sin terminar se informa que cuenta con 364 alumnos y siete docentes.

En Frontera Comalapa, Chiapas, sucede lo mismo: en el predio únicamente existen algunas paredes levantadas; pero en su interior, según informa el portal oficial, tres docentes dan clases a 128 estudiantes. En Ixtapa, Chiapas, la situación está peor, porque solamente hay unas excavaciones con algunos alambrados y en ellas se asegura que 300 alumnos cursan la licenciatura de medicina integral y salud, atendidos por siete docentes.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó recientemente que la UBBJG ha sido muy criticada porque la información relativa a sus programas de estudio y al número de sus alumnos y docentes son poco claros e insuficientes, además de que sus planteles están mal ubicados y se encuentran en condiciones inadecuadas.

Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del IMCO, explicó que mientras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) existen 19 docentes por cada 100 alumnos, en las unidades de la UBBJG el promedio corresponde a un docente por cada 50 alumnos, lo que imposibilita la atención adecuada para estos estudiantes.

El análisis de este instituto destaca que en el país es necesaria una mayor oferta de educación superior, pero que es indispensable garantizar el buen desarrollo de las habilidades y capacidades de los alumnos porque de nada les sirve un título si carecen de los conocimientos adecuados.

Marco Fernández, investigador de la organización civil México Evalúa, denunció que el gobierno de AMLO vende una ilusión de oportunidad educativa a los jóvenes mediante el uso de “espejitos” que poco les servirán para acceder a mejores oportunidades laborales.

La opacidad con la que operan tales centros escolares es tan alta que el titular de la Secretaría de Educación (SE) de Guanajuato reveló que su dependencia no tiene coordinación alguna con los planteles de la UBBJG; y explicó que para instituir una carrera en la entidad, sea en universidad pública o privada, el proyecto educativo se somete a consideración de un comité especializado para corroborar qué se necesita. “Yo desconozco qué carreras se imparten ahí”, aclaró el funcionario.

Las “carreras universitarias”

Hace días, la UBBJG publicó una convocatoria en la que invitó a jóvenes y adultos con interés “en cursar estudios profesionales, de manera presencial y que no hayan tenido estudios previos o simultáneos de tipo superior”.

Desde su página oficial enlistó las carreras que se imparten: ingenierías en Desarrollo regional sustentable, Ambiental para la sustentabilidad, en Gestión integrada del agua, Forestal comunitaria, en Biodiversidad tropical, en Procesos agroalimentarios, en Administración agropecuaria, en Agronomía y agricultura, en Acuicultura y piscicultura yAgroforestal.

También en las ingenierías en Administración de la Industria energética, en Desarrollo de la industria petrolera, en Procesos petroleros y en las ingenierías Civil, Electromecánica, en Computación, Industrial, en Energías renovables, en Minas, en Restauración ambiental y en Mantenimiento industrial.

En las unidades de la UBBJG se imparten, asimismo, las licenciaturas en Formación docente para educación básica y Patrimonio histórico y cultural de México, en Música y artes, en Industria de viajes y turismo, en Producción artística y en Educación bilingüe maya-español.

Así como las licenciaturas en Contabilidad y Administración pública, Estudios sociales, Administración municipal, Políticas públicas, Derecho, Medicina integral y salud comunitaria, Enfermería y obstetricia y Medicina veterinaria y zootecnia.

Discriminación en las universidades

A pesar del discurso morenista sobre la “no exclusión”, la “escuela para todos” y “primero los pobres”, en las Universidades del Bienestar existen reglas discriminatorias, como el requisito que excluye a los aspirantes con estudios previos o simultáneos de tipo superior; es decir, los jóvenes o adultos que abandonaron sus estudios superiores no tienen derecho a ingresar a las UBBJG; y si ocultan este pasado e incursionan en ellas, son dados de baja sin aviso previo.

Varios casos de este tipo han sido denunciados en los estados de Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Edomex por la Red Nacional Estudiantil mediante Facebook; los alumnos excluidos demandan la revisión de su situación académica o la reintegración a sus cursos, porque fueron dados de baja después de que las autoridades de la UBBJG realizaran encuestas para detectar a quienes habían tenido estudios superiores.

Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, esta norma de exclusión no formaba parte de los requisitos cuando ellos se inscribieron y una vez impuesta en fecha posterior les fue aplicada de manera retroactiva por las autoridades administrativas, actitud absolutamente ilegal de acuerdo con la legislación constitucional vigente en el país.

Por ello, los afectados recurrieron al apoyo de senadores y diputados para ser escuchados, pues la directora general de las Universidades del Bienestar, Raquel Sosa, se ha mostrado indiferente ante las demandas de reintegración. La diputada Sayonara Vargas pidió a la institución reconsiderar estas bajas, que violentan el derecho de acceso a la educación.

Comentó que el asunto es discriminatorio, además de violatorio al Artículo 3º Constitucional y al 7° de la Ley de Educación. Vargas advirtió que el requisito de no contar con estudios superiores previos afecta no solamente a los estudiantes dados de baja, sino en general a los inscritos y futuros aspirantes.

En las redes sociales, además, se ha difundido que varios jóvenes inscritos en estas unidades únicamente lo hacen para recibir la beca de dos mil 800 pesos mensuales y que algunos de ellos emplean este dinero para ayudarse a pagar la colegiatura en universidades privadas, pues consideran que con los títulos de las UBBJG difícilmente conseguirán empleos.

La legisladora comentó que estas inscripciones simultáneas explican las encuestas, la persecución y la expulsión de varios alumnos; pero insistió en que el requisito excluyente aplicado en tales unidades educativas resulta discriminatorio y anticonstitucional. De acuerdo con la información oficial del Gobierno Federal, con su inscripción a las Universidades del Bienestar, los estudiantes automáticamente reciben esa beca mensual.

“La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez García recibe la información de los estudiantes de las UBBJG en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (Subes) para su incorporación al programa de becas de tipo superior, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los provee del registro al seguro facultativo durante los años que duran sus estudios”.

En las UBBJG no existen cobros a los estudiantes por servicios, exámenes, uso de computadoras o servicio de bibliotecas ni un pago obligado por la compra de equipos para la realización de prácticas de estudio”, detalla la convocatoria.

Sin embargo, la mayoría de sus sedes están incompletas, no tienen aulas, son pocas o demasiado pequeñas; se encuentran en predios baldíos; el número de estudiantes no corresponde al citado oficialmente; se desconoce cuántos egresados tiene, cuántos de sus titulados han conseguido empleo y si figuran activos en las plantillas laborales de sus comunidades.

Es tal la opacidad, que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación con medida cautelar a la UBBJG por no expedir los títulos profesionales de manera oportuna, sin que exista motivo o justificación para ello.

Sin embargo, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, brindó protección a la directora general de la UBBJG, Raquel Sosa, cuando frenó su comparecencia ante el Senado de la República para que explicara las múltiples irregularidades que se han presentado en esta institución, información que había sido solicitada por legisladores opositores en la Cámara de Diputados.

Este medio acudió a una de las sedes en la CDMX para solicitar información; pero la única respuesta fueron indicaciones sobre cómo consultar su página web; y cuando personalmente se formuló, un empleado la negó y en tono burlón señaló: “pues no sé para qué hablar con alguien si en la página está todo”. Claro, toda la información está en la puerta del inmueble.