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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al secretario general del organismo remitir de forma urgente la situación de las desapariciones en México a la Asamblea General, con el fin de que se evalúen medidas de apoyo para enfrentar esta crisis.

En su decisión, el Comité concluyó que existen “indicios fundados” de que en el país “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, al considerar que han ocurrido ataques “generalizados o sistemáticos contra la población civil” en distintas regiones y momentos.

El organismo aclaró que este procedimiento tiene carácter preventivo y no busca fincar responsabilidades penales individuales, sino movilizar la atención internacional. Aun así, enfatizó que su análisis se basa en información “detallada y precisa” proveniente de fuentes confiables, incluyendo reportes de la sociedad civil, respuestas del Estado mexicano y datos recabados desde 2012.

El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, subrayó que la gravedad del problema no depende de su origen en las más altas esferas del poder. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y que se dirijan contra la población civil”, afirmó.

El Comité también señaló que, aunque el contexto de violencia relacionado con la llamada “guerra contra las drogas” ha influido en la situación, no encontró pruebas de una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas. Sin embargo, advirtió que en algunos casos existen indicios de participación, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos.

Respecto a la postura del Estado mexicano, que atribuye muchas desapariciones a grupos delictivos, el organismo recordó que, conforme al derecho internacional, estos crímenes también pueden ser cometidos por organizaciones no estatales si forman parte de ataques sistemáticos contra la población.

Sobre la magnitud del problema, el Comité destacó que el Registro Nacional no ofrece claridad sobre cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, pero advirtió que las cifras evidencian una crisis grave. Señaló que se han localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas con más de 6 mil 200 cuerpos y miles de restos humanos adicionales, incluidos alrededor de 72 mil sin identificar.

Asimismo, indicó que, pese a las medidas adoptadas tras su visita a México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, y alertó que las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema.

Ante este panorama, el Comité pidió a la Asamblea General considerar medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las capacidades de búsqueda, análisis forense e investigación. También solicitó la creación de mecanismos eficaces para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas y a sus familias.

“El procedimiento tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y evitar que la situación se deteriore aún más”, concluyó Albán-Alencastro.