Foto: Amnistía Internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó el informe Desaparición de Personas en México, en el que concluye que el país atraviesa una grave crisis humanitaria en materia de desapariciones. Hasta junio de 2025, más de 128 mil personas figuraban como desaparecidas, mientras conteos independientes estimaban más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado.

El informe señala que, aunque la mayor parte de las desapariciones son atribuibles al crimen organizado, las desapariciones forzadas —las cometidas directamente por agentes del gobierno— no han sido erradicadas. La CIDH documentó casos en que funcionarios de seguridad y procuración de justicia actuaron en complicidad con grupos delictivos, e incluso involucra a autoridades políticas.

El organismo identificó que la crisis no afecta a la población de manera uniforme. Los grupos más golpeados son niñas, niños y adolescentes —reclutados por el crimen organizado—, mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y migrantes en tránsito por el territorio mexicano.

La CIDH advirtió que la impunidad es uno de los mayores problemas: en un universo de decenas de miles de casos, solo alrededor de una veintena fueron judicializados en el último año. El organismo identificó fallas estructurales en las investigaciones, como la falta de hipótesis claras, errores en la tipificación de delitos y el miedo de las familias a denunciar. Señaló también que, en muchos casos, la carga de buscar a sus desaparecidos recae sobre los propios familiares.

Aunque reconoció el trabajo de colectivos y familias buscadoras, alertó sobre las amenazas y riesgos que enfrentan. En positivo, reconoció la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, aunque señaló que la coordinación entre autoridades sigue siendo deficiente. En cuanto a la identificación de cuerpos, calificó los avances como de efectividad muy limitada y llamó a fortalecer los centros forenses con un enfoque masivo.

Entre las 40 recomendaciones, se encuentran:

• Evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad y deslindar responsabilidades estatales
• Implementar búsqueda inmediata diferenciada según el perfil de la víctima
• Adoptar un enfoque masivo en la identificación de cuerpos
• Mejorar la coordinación interinstitucional e interoperabilidad de registros
• Garantizar acceso efectivo a apoyos económicos para familias buscadoras
• Avanzar en iniciativas de memoria, verdad y justicia sobre desapariciones pasadas y presentes
• Exigir la colaboración de instituciones militares en la entrega de información

La CIDH también reconoció algunas acciones positivas del gobierno federal, como la nueva estrategia de seguridad pública de 2025 y la creación de la dirección especializada en atención a colectivos de víctimas dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El organismo reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en la implementación de las recomendaciones.