El 48% de los encuestados consideró que la situación actual del país es mala y el 47% que el próximo año estará peor.
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Con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Congreso de Perú procedió a la destitución del presidente interino José Jerí Oré, esto por la apertura de una investigación preliminar en su contra por presuntos actos de corrupción, relacionados con reuniones no informadas con diversos empresarios.
El presidente interino llevaba poco más de cuatro meses en el cargo, mismo que asumió cuando se desempeñaba como presidente del Congreso, esto tras la destitución de Diana Boluarte por “incapacidad moral permanente”, causal que contempla la Constitución peruana para remover al mandatario cuando ha perdido la capacidad ética o política para gobernar.
La destitución de Jerí Oré ocurrió a sólo dos meses de que ocurran las elecciones generales previstas para abril próximo y se suma a los siete cambios presidenciales que ha tenido Perú en casi una década, de estos cuatro han sido removidos por el Congreso, dos renunciaron ante procesos de destitución y uno que concluyó su mandato interino.
La fiscalía abrió en enero una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias, luego de que se revelara que sostuvo encuentros con empresarios extranjeros sin registrarlos en la agenda oficial ni informar al Legislativo.
Tras la votación, Jerí retomará su escaño como legislador a fin de terminar el actual periodo parlamentario; mientras tanto, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente interino entre sus miembros, quien gobernará hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el ganador de los comicios presidenciales.
El 48% de los encuestados consideró que la situación actual del país es mala y el 47% que el próximo año estará peor.
La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
El régimen de Zelensky ha sabido sumarle a la endémica corrupción que padece Ucrania un carácter mafioso y terrorista, con ajustes de cuentas y asesinatos dentro del mismo gobierno.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
Dos médicos legistas son señalados de simular una muerte para cobrar un seguro; además hay investigaciones por extorsión y homicidio.
Las derrotas aquí referidas son episódicas. Exhiben, sí, la incapacidad de la izquierda tradicional para encabezar la lucha de las grandes masas empobrecidas.
La presidenta ha perdido más de 17 puntos de apoyo social.
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La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.
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Se trata de más de 250 mil “apoyos sociales” vinculados a Morena en todo el país, lo que representa un desembolso millonario.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.