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¿Democracia en la desigualdad?
La democracia supone igualdad de quienes participan, pero siendo un mecanismo de control de una clase sobre otra, implica también exclusión real y freno a la parte sometida; históricamente ha sido así, incluso en la cuna de la democracia.
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Mucho se habla de justicia social, igualdad ante la ley y democracia, conceptos a los que de hecho se ha venido vaciando de contenido, pues para gran parte de la población no pueden hacerse realidad por falta de condiciones. Igual ocurre con los derechos humanos, formalmente protegidos por el Estado y las leyes, pero inaccesibles para amplios sectores sociales. La democracia supone igualdad de quienes participan, pero siendo un mecanismo de control de una clase sobre otra, implica también exclusión real y freno a la parte sometida; históricamente ha sido así, incluso en la cuna de la democracia. En su Historia de Grecia antigua, dice F. J. Gómez Espelosín: “La democracia ateniense era una democracia directa que se ejercía mediante la participación directa de los ciudadano en las instituciones. Sin embargo, era también una democracia restringida a un número reducido del total de los habitantes del Ática. Solo los que poseían la condición de ciudadanos, de la que se hallaba excluida la mayor parte de la población, prácticamente tres cuartos del total, compuesta por mujeres, metecos y esclavos, podían disfrutar de estas prerrogativas. Se ha calculado que en esta época habría en Atenas unos 40 mil ciudadanos frente a los más de 300 mil habitantes del Ática” (pág. 179). Una democracia, pues, con un marcado sello de clase, que rechaza la participación real del pueblo, imponiendo restricciones formales.

En su momento de ascenso, la burguesía conquistó como un logro la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, derrotando la desigualdad legislada de la democracia feudal. Ciertamente, en el esclavismo y la Edad Media, legalmente se excluía y privaba de ciudadanía a la mayoría de los habitantes; el capitalismo logra un progreso: los incluye en lo formal, en la ley, pero los excluye económicamente, situación que en nuestro tiempo debe ser superada, pues la real ciudadanía en una democracia no es solo cuestión jurídica; tiene connotaciones económicas e implica eliminar, o al menos reducir, las disparidades entre los participantes. Pero con el tiempo esto empeoró: en el desarrollo del capitalismo maduraron las contradicciones que in nuce contenía desde su gestación, ahondando la desigualdad, abriendo un verdadero abismo en el nivel económico entre clases sociales, y consecuentemente, una enorme disparidad en su capacidad de decisión y participación en los asuntos públicos, aunque ante la ley “todos seamos iguales”.

Este martes, el diario El Universal publicó información de un trabajo de Oxfam titulado Tiempo de cuidado (muy ad hoc a la situación actual): “¡seis mexicanos tienen ocho veces más riqueza que 62 millones de pobres! (...) y 3 veces más riquezas que el resto de los mexicanos (...) México ha entrado de esta forma en el 25 por ciento de los países más desiguales del planeta; más que Estados Unidos, Colombia y Chile...”. Es una élite dotada de un descomunal poder político, mediático e ideológico, a la que pertenecen los dueños de los grandes medios de comunicación, formadores y manipuladores de la “opinión pública”, capaces de inducir decisiones electorales, construir “imágenes políticas”, convertir en superhombres a personajes menores e incluso a pillos, y a la inversa, de destrozar o manchar honras a conveniencia. En contraparte, entre todos los pobres hay 9.3 millones en pobreza extrema (7.4 por ciento de la población), y 2.7 millones que perciben solo un salario mínimo (Coneval 2018). Pero a los partidos políticos no les interesa la suerte de ese sector, como no sea para manipularlo; resultaría muy caro y peligroso rescatarlo de su marginación e incorporarlo plenamente a la ciudadanía real, creándole condiciones propicias.

Mejor guardan prudente silencio, pues cambiarlas conlleva conflictos con la estructura económica de propiedad y distribución. Más bien, a los falsos demócratas beneficia que los pobres vivan necesitados del favor de las “ayudas” gubernamentales o de la “filantropía” de los ricos, en una dependencia que va desde lo emocional, como la gratitud al “benefactor”, hasta la subordinación política. La supeditación económica impide la libre toma de decisiones y la formación de criterio y opinión propios; quien está en la miseria difícilmente puede actuar por su cuenta. Es rehén de su circunstancia.

Millones de trabajadores carecen incluso del indispensable tiempo libre para participar en política. Están atados al trabajo, en largas jornadas y prolongados traslados desde sus hogares a sus centros laborales, que agotan sus energías físicas y merman su ánimo para informarse sobre los acontecimientos y ocuparse en los asuntos públicos, conocer programas de candidatos o incluso leer sobre derechos ciudadanos. Para ellos es primero el ser que el cómo ser; es conseguir la comida del día siguiente, protegerse del frío o curar sus enfermedades. En cambio, quienes nadan en la abundancia disponen de tiempo sobrado para reuniones, viajes, etc.; para participar en la cosa pública, y controlarla. ¡Cuándo un trabajador sujeto a un empleo de sobrevivencia podrá recorrer el país o un estado en campaña política! Así pues, la actual es una democracia altamente discriminatoria.

Agréguese el alto costo de las campañas políticas, auténtica e insalvable barrera a la entrada. Dicen además que información es poder; cierto, pero existe una marcada asimetría entre sectores y clases sociales. La información privilegiada, útil para tomar decisiones políticas y económicas importantes, es controlada por los dueños del dinero. Al ciudadano común se le desinforma, confunde y distrae; conoce acaso banalidades o escándalos, asuntos divertidos pero intrascendentes, a lo sumo materia de chistes y memes.

En conclusión, una verdadera democracia, que supere el rígido carácter de clase de la actual, precisa trabajo de conciencia, para que el pueblo supere la adversidad y decida participar en los asuntos públicos. Pero su afianzamiento exige condiciones materiales apropiadas: un ingreso universal digno, que permita a muchos estabilizar y mejorar su situación económica, y a otros más superar el umbral de esa miseria que embota su mente, merma su ánimo e impide toda acción independiente. Mejorar las condiciones es incorporar a la gente a la vida pública activa; a una ciudadanía real y efectiva para todos. Solo así habrá plena democracia. Ante esto, vale recordar el pensamiento de Rousseau: “La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro ni tan pobre como para verse forzado a venderse”.


Escrito por Abel Pérez Zamorano

Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.


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