La fabricación de delitos se ha convertido en un arma política en manos de las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial de Veracruz, como lo constata un citatorio que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo llegar a la oficina del Movimiento Antorchista en el que se informa a su líder, Samuel Aguirre Ochoa, que existe una carpeta de investigación con una denuncia en su contra interpuesta por María Nayeli González Chimal, mujer a la que no conoce y de la que jamás había escuchado su nombre.

Este hecho, frecuente en la entidad desde el arribo de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno estatal, indujo a su vez al dirigente antorchista a denunciar que el autor de este tipo de actos ilegales es el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, quien a través de varias instituciones del Estado como la FGE, el Congreso del Estado, el Poder Judicial local, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la policía estatal e incluso sicarios contratados, se dedica a amenazar, reprimir y hostigar a los críticos y opositores políticos de la administración morenista.

“La autocracia asume peculiaridades específicas que es necesario denunciar ante la opinión pública, pues también constituyen una grave amenaza para los ciudadanos de todo tipo en la entidad veracruzana. Aquí también se valen de la mentira, de la ilegalidad, de la represión, de la falta de transparencia y de la imposición contra toda razón. Sin embargo, las acciones del gobierno de Veracruz son más burdas y el mando no lo lleva el Gobernador”, detalló Aguirre Ochoa.

El líder social dijo, además, que esta ilegal y violenta estrategia del gobierno de García Jiménez para defenderse de las críticas de sus rivales políticos o simplemente de quienes se niegan a someterse a su voluntad, ha sido enderezada lo mismo contra organizaciones partidistas que contra las civiles y sociales.

 Aguirre Ochoa recordó que integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en Veracruz denunciaron en abril de 2020 una feroz campaña de terror orquestada desde la Secretaría de Gobierno contra estudiantes y promotores culturales y deportivos antorchistas.

“La autocracia es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. López Obrador encauza a México hacia este régimen y en Veracruz todo parece indicar que Eric Cisneros es el instrumento del Presidente para sus fines autoritarios y a Cuitláhuac lo dejan como gobernador a cambio de que devuelva dinero a la Federación, como consecuencia de los subejercicios”, agregó.

El vocero del MAN en Veracruz, Andi Uriel Hernández Sánchez, señaló que el gobierno estatal morenista se ha caracterizado por reprimir e intentar acallar las voces opositoras y críticas, así como por utilizar la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas.

Reveló que además de las innumerables acciones de represión física contra el MAN, el Gobierno estatal recurre a campañas de terror mediante llamadas telefónicas en las que se amenaza a dirigentes de colonos antorchistas, las cuales se producen habitualmente después de protestas pacíficas en las que se demanda apoyo a la población vulnerable de la entidad.

El ingeniero Samuel Aguirre Ochoa es uno de los principales críticos del gobierno morenista y el MAN es la organización social que más ha protestado por la falta de solución a las demandas más sentidas de los veracruzanos, como la carencia de obras y servicios básicos en sus comunidades y ahora por la falta de atención a los problemas de salud generados por la pandemia de Covid-19.

Por ello, enfatizó Hernández Sánchez, “no es descabellado pensar que la denuncia penal contra el ingeniero sea una nueva acción represiva contra el antorchismo”.

Alta incidencia de violaciones a derechos humanos

Una de las violaciones a los derechos humanos por cuenta de las instituciones del Estado que tomó mayor notoriedad este año en Veracruz fue la detención de seis jóvenes en Xalapa por el supuesto delito de ultraje cometido contra las autoridades, sin que éstas aportaran ninguna prueba, como argumentan los familiares y amigos de las víctimas.

El pasado 20 de noviembre, a través de sus redes sociales, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila difundió un video en el que hacía un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz a fin de detener la violación a los derechos humanos de personas “inocentes, acusadas del innovador delito de ultrajes a la autoridad”, el cual implica prisión oficiosa.

En su mensaje, Monreal dijo asimismo que nadie debe mostrar temor ante los abusos de autoridad, “aun cuando la reacción de los abusivos sea insensible, indiferente o con denuestos”, pues en una sociedad como la nuestra, la ciudadanía debe solidarizarse sin distinción con quienes sufren la violación de sus derechos humanos.

La FGE de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, reportaba diariamente un promedio dos detenciones por la supuesta comisión del delito de ultraje y solo en noviembre informó de 81 en sus comunicados oficiales. Después de la declaración del senador Monreal, solo se difundieron dos detenciones por esta causa y un par de días después el gobernador García Jiménez dijo que se revisaría el problema.

“Se va a revisar, se va a revisar, no hay ningún problema, recuerden que hay una coordinación entre los órdenes de gobierno, las instancias judiciales y la procuración de justicia, y se garantiza el derecho de los presuntos responsables a presentar sus pruebas, sus apelaciones. Estamos pendientes, estamos coordinados, se hace justicia”, enfatizó el mandatario.

Sin embargo, ni el Poder Judicial de Veracruz (PJV), ni la fiscalía estatal, ni la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, hicieron ningún comentario relacionado con la recomendación del senador morenista, quien sin duda estaba al tanto de que en junio pasado ésta había dicho que el delito de ultrajes a la autoridad podría contravenir y aun quebrantar las garantías individuales establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

“Un análisis riguroso de este tipo penal frente a la Constitución y determinados que podría tener o presentar vicios de inconstitucionalidad, entonces la ley que rige a la CEDH nos da la facultad, en estos casos en específico, de poder ejercer una acción de inconstitucionalidad y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva la inconstitucionalidad o no”, comentó Benítez, aunque aclaró que ningún ciudadano había solicitado a la CEDH intervenir por esta situación.

La posición de los partidos

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso Local, Marlon Ramírez Marín, aseveró que es necesario revisar dicho delito ante el “uso indebido” que se le está dando. “Me parece que, finalmente, quien hoy gobierna el estado fue parte fundamental de la oposición en el momento en que usaban el argumento de la no represión. Me parece que es muy importante que ese tipo de figuras políticas sean adecuadas”, agregó.

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, hizo un llamado al Poder Legislativo para que responda a la petición de la sociedad veracruzana de que se reforme el Código Penal. Dijo que es urgente la modificación del artículo que tipifica el ultraje a la autoridad como un delito que amerita “cárcel oficiosa” como medida cautelar.

“Ha resultado un exceso el uso de tal sanción al grado de que, en la mayoría de los casos, la autoridad supuestamente agraviada no puede demostrarlo. Es considerada un atentando a los derechos humanos, ya que la presunción de inocencia se violenta flagrantemente”, apuntó.

Entre las víctimas de la aplicación de esta norma resalta el caso de Rogelio Franco Castán, quien no pudo asumir la diputación federal plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque se hallaba encarcelado desde el 13 de marzo por haberle roto la manga de la camisa a un policía ministerial que le había llevado una notificación de la FGE.

Unas semanas después, en mayo de 2021, varios maestros del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) fueron arrestados por manifestarse en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y haber ultrajado a las autoridades policiales y ministeriales que acudieron a reprimirlos. Debido a estos excesos, la CEDH anunció que presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra este delito.

Las denuncias de estos abusos propiciaron que el añejo caso de Ernestina Ascensio Rosario, la indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica asesinada por militares, volviera a la palestra. Un nuevo reporte de la CNDH recordó que esta mujer de 73 años fue violada el 25 de febrero de 2007 por algunos de los soldados del 63º Batallón de Infantería del Ejército Federal, que la noche anterior habían acampado en un paraje cercano a su hogar. Sus familiares la encontraron aún con vida, pero gravemente herida a 300 metros del campamento militar y antes de perder el conocimiento pudo identificar a sus agresores.

La muerte de doña Ernestina se debió, además de las heridas que recibió, a que no pudo ser atendida médicamente porque trascurrieron 10 horas para que sus familiares lograran ingresarla al hospital regional de Río Blanco, en el que no había quien tradujera del náhuatl al castellano. Ascencio Rosario falleció la madrugada del 26 de febrero debido, según la necropsia realizada por médicos del hospital y una ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), a causa de “múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal”.

El 25 de febrero de 2007, sus familiares, acompañados de funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual a la PGJV, lo que originó la investigación 140/2007/AE por violación y posterior homicidio, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó a la Procuraduría de Justicia Penal Militar (PJPM) la apertura de la investigación 26Zm/04/2007 por abuso sexual. Catorce años después, la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ordenó una revisión de la Recomendación 34/2007 sobre el caso, a fin de clasificarlo también como una violación de derechos humanos, de género, etaria, étnica, multicultural.

“La CNDH manifiesta su más amplia colaboración y apertura con las instancias correspondientes del Estado mexicano, así como con los organismos internacionales, para brindar las facilidades que, en el ejercicio de sus funciones, permita esclarecer el caso de la señora Ascencio Rosario”, dice la recomendación.

La violación a los derechos humanos en la entidad es cotidiana y alta en número. El dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes, Irineo Mujica, a su paso por Veracruz denunció decenas de casos de migrantes que son víctimas de asaltos, extorsión y hasta tortura y asesinato. “Estoy cansado de ver cómo a los migrantes no se les respeta la vida, cómo ha corrido sangre y ni siquiera tenemos un juicio, ni siquiera tenemos un responsable. Parece que no valiéramos la pena y hoy hablamos con los migrantes y hablamos bien claro, que nosotros no salimos 12 días para estar en una cárcel, y ahora estamos dispuestos”, reclamó.

Este tipo de declaraciones están validadas por estudios de opinión como el que la CNDH realizó este año a través de la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 de las personas en movilidad, en la que se informa que, en los últimos 10 años, más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en el país; y que las entidades con mayor incidencia en estos delitos son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Los familiares de personas desaparecidas son asimismo víctimas de este tipo de delitos. En octubre pasado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), dependiente de la Secretaría de Gobierno, fue acusada de enviar machetes, picos y palas a un grupo de familiares de desaparecidos para que escarbaran en la Estancia Garnica de Xalapa sin ofrecerles ningún otro apoyo.

“Los llevaron a las víctimas para que trabajaran ellas. Se me enchina la piel de pensar en la mentalidad de esa persona que mandó a solo dos empleados de la comisión a hacer una búsqueda con la camioneta llena de herramienta. Les llevan morunas a las familias para que se pusieran a chapear. Traen herramienta, pero no traen personal. Es una burla”, denunció una de las madres inconforme con esa actitud.

Hay también violaciones a los derechos laborales de parte de las autoridades. Hace apenas unos días, el secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, denunció que una de sus agremiadas, de nombre Rosa Linda García Vázquez, quien es madre soltera, fue víctima de un acto de represión por parte de la Contraloría General del Estado de Veracruz, a cargo de Mercedes Santoyo. La Contralora del Estado se niega a reinstalarla y a pagarle su indemnización, pese a tener un laudo favorable. “Esto es totalmente injusto, ya que a cada funcionario cada vez que sale comisionado a cualquier parte, siempre se le cubren sus gastos de viáticos y alimentos como lo marca el manual, pero tratándose de trabajadores siempre ponen como excusa que no hay recursos y violan la ley, violan las condiciones generales de trabajo. A ella, con todo el derecho y con la ley en la mano, la reinstalaron y tienen que pagarle su indemnización correspondiente y con el fin de no hacer esto, la están perjudicando de esta manera. Le quieren aplicar la aburridora para que ella renuncie voluntariamente, sobre todo de la Contralora. Es incontrolable el odio que tiene en contra de la clase trabajadora, cuando los compañeros lo único que hacen es dar un servicio público eficiente y eficaz”, acusó.

Aunque la CEDH no ha actualizado datos de las violaciones en este año –su contabilidad pública se limita al primer trimestre– las dependencias del gobierno con más infracciones son las mismas de siempre, pese a que en los tres años pasados les han dado cursos de capacitación a su personal en materia de derechos humanos.