En Estados Unidos (EE. UU.) “nos estamos enfrentando a preguntas impensables sobre si aún vivimos en un Estado de derecho democrático”, dijo Michelle Wu, alcaldesa de Boston, frente a manifestantes que protestaban contra el arresto ilegal de una estudiante turca. Éste es un ejemplo de cómo transcurren estos días en el país más rico del mundo.

Las grietas son evidentes en el aparato gubernamental. Desde el interior del gabinete, en primer lugar, con la escandalosa deserción del magnate tecnológico Elon Musk. Como contexto, hay que recordar que el hombre más rico del mundo se gastó una pequeña parte de su inmensa fortuna en apoyar la campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales de EE. UU. y, “a cambio”, el ahora presidente le daría (le dio) manga ancha para aplicar parte de sus políticas económicas al interior de su administración. Al respecto, los nuevos documentos registrados ante la Comisión Electoral Federal muestran que la factura pagada por el magnate fue mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora y que acabó superando los 260 millones de dólares. Musk se marchó dejando claro, a través de un mensaje difundido en su cuenta de X, que confirmaba su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), el organismo que encabezó y con el que jugó, bajo la premisa de que la administración republicana prometía eliminar el gasto excesivo existente en la administración, así como la burocracia federal. Sin embargo, el verdadero detonante de la ruptura –se sabe ahora– habría sido el megaproyecto fiscal promovido por Trump y aprobado en la primera semana de junio por la Cámara de Representantes. Elon Musk no ocultó su “decepción”: el empresario, uno de los dueños de ese país, calificó la “gran y hermosa ley”, como la ha denominado el propio Trump, como un “despilfarro que agrava el déficit y socava el trabajo del DOGE”, dicho esto en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning. Cuando las comadres se pelean…

Descubren una unidad policial secreta

Teniendo como marco el agravamiento del conflicto armado en el Medio Oriente entre Israel e Irán, víctima del primer ataque de los sionistas, donde la semana pasada, con el bombardeo ordenado por Trump a tres sitios “sensibles” de supuesto almacenamiento de armas nucleares, y mientras el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial, el gobierno se le deshace al presidente estadounidense en el frente interno. Está, por otro lado, la pugna agravada entre los republicanos, que apoyan las desmedidas políticas del presidente Trump, y los demócratas, que para oponerse al gobierno de sus adversarios no dudan en ondear como consignas políticas y citar en sus discursos todo tipo de fragmentos de su constitución, de los códigos civil y penal de EE. UU. y hasta jurisprudencia pertinente, para demostrar que la actual administración es una contumaz violadora de todo tipo de derechos ciudadanos.

Así, congresistas demócratas denunciaron también condiciones “inhumanas” en los centros de detención de migrantes de Trump. El Caucus Hispano del Congreso (CHC) de EE. UU. denunció las condiciones “crueles e infrahumanas” que se dan en los centros de detención de migrantes de la administración federal, tras haber realizado un recorrido. Las visitas a estos centros se realizaron sin aviso y por los propios legisladores. La congresista de Texas, Sylvia García, en la supervisión que hizo a una de estas instalaciones en Houston, denunció que el Gobierno ha convertido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en “una unidad policial secreta”. Señaló que los perpetradores de estas violaciones constitucionales en las aprehensiones ilegales, “llevan máscaras y tienden emboscadas” para detener a inmigrantes.

Sylvia García dimensionó estos delitos cometidos por su propio gobierno: “no se trata sólo de inmigrantes. Se trata del Estado de derecho. Se trata de si tu gobierno puede o no puede secuestrar a un niño en una parada de autobús simplemente por el color de su piel y enviarlo a una prisión sin ir a juicio, sin abogado y sin recurso alguno, porque es lo que ocurre”, apuntó la legisladora.

EE. UU., principal violador de los derechos humanos

El gobierno de EE. UU. habla con mucha frecuencia de los países que se encuentran fuera de su órbita política y que, por lo mismo, considera como sus enemigos; dice que sus gobiernos “violan los derechos humanos”, hace propaganda y paga “noticias” que repiten estas condenas a lo largo y ancho del mundo. Ahora, por el contrario, se trata de que una parte del propio gobierno estadounidense, una parte del poder legislativo está acusando al ejecutivo, encabezado por Donald Trump, de violar estos derechos humanos.

Los legisladores relataron diferentes testimonios de personas de “todos los estatus legales, incluidos los residentes permanentes legales, los cónyuges de otros, ciudadanos y las personas que llevan más de una década viviendo en este país”, que fueron detenidos, en muchos casos, por sorpresa. Tras las visitas a esos centros de detención, los legisladores encontraron situaciones en las que había deficiencias médicas y no se cumplía con la atención básica de un detenido, como la alimentación elemental, condiciones sanitarias, además recogieron testimonios de amenazas y abusos.

Ya no hablamos de los derechos que otorga la constitución de ese país a todos sus habitantes, ciudadanos o no, a la legítima defensa y a un proceso jurídico justo. ¿Recuerda el lector aquellas bonitas escenas de películas y series en donde al acusado se le leen sus derechos al arrestarlo; en las que los oficiales de la ley le recuerdan que tiene derecho a un abogado que lo defienda, ya sea particular o uno pagado por el Estado… y aquellas hermosas cortes de justicia imparcial? Pues sorry, querido lector, aquí todo eso es ficción y fantasía.

Durante la andanada de persecuciones, acosos, detenciones masivas con que muchos inmigrantes sin documentos fueron atacados en más de 15 estados, fue monumental el número de actos brutales, golpizas, aprehensiones extrajudiciales y violaciones a todos los derechos humanos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, de la que Estados Unidos es signatario.

Newsom condena el uso de fuerzas armadas contra migrantes

En un duelo de poder, el presidente Trump y el gobernador de California se enfrascaron en agria disputa, de la que sobresalieron acusaciones mutuas de violar la ley (reclamo de Gavin Newsom) y de obstaculizar la ejecución de una Ley Marcial no declarada por nadie, pero justificada por el presidente como una medida extraordinaria ante la “invasión extranjera”, como catalogó a la presencia de trabajadores migrantes (por Trump hacia Mewsom).

La disputa estalló en un tenso pulso en torno a las protestas contra las políticas migratorias de la Casa Blanca que han sacudido a Los Ángeles desde el seis y hasta el nueve de junio pasado y que se extendieron prácticamente por todo el país hasta alcanzar las dos mil movilizaciones en diversas ciudades, barrios y planteles educativos, con el mismo ánimo de combatir las desmedidas acciones de Trump por hacer uso de la Guardia Nacional, de efectivos del Ejército y la Marina contra los migrantes y contra los manifestantes.

La tensión escaló tras el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobierno californiano, como lo mandata la ley.

La medida, ordenada por Trump en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue tildada como “ilegal” y “provocadora” por Newsom, quien demandó a la administración federal. Trump, por su parte, justificó el despliegue por la necesidad de restaurar el orden y declaró que el gobernador de California debería ser arrestado por “obstrucción”, a lo que éste le respondió desafiándolo a que lo hiciera.

La independencia de Boston, Massachusetts

En los días que corren, marcados por las políticas de gigantescos recortes federales de programas sociales y de atención ambiental, a la educación, a la salud, a los parques nacionales, Boston está al frente de un tipo de desafío distinto: su Ayuntamiento y sus concejales, que forman el City Council (o Concejo Municipal) está plantando cara a las medidas y políticas en contra de los migrantes que impulsa desde Washington la presidencia de Donald Trump.

A la cabeza de esta moderna “rebelión” está la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Michelle Wu.

En EE. UU. “nos estamos enfrentando a preguntas impensables sobre si aún vivimos en un Estado de derecho democrático…” dijo Michelle Wu el ocho de abril frente un grupo de manifestantes que pedían la liberación de una estudiante turca arrestada sin juicio por su supuesto apoyo al grupo palestino Hamás, considerado por EE. UU. como una organización terrorista.

Los alcaldes demócratas de cuatro grandes ciudades afirmaron, apenas en marzo pasado, que el Congreso y la Administración Trump están exagerando los delitos cometidos por inmigrantes y atacando a las llamadas “ciudades santuario”, simplemente para ganar ventajas políticas.

Los comentarios se produjeron en una audiencia, a ratos acalorada, ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde los republicanos acusaron a los alcaldes de poner en peligro a sus ciudades y de socavar los esfuerzos de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y señalaron un puñado de “crímenes brutales” cometidos por los inmigrantes.

Crisis migratoria, consecuencia del imperialismo

El escenario previsto ante la deportación masiva de inmigrantes era la parálisis de los campos agrícolas, los comercios y las fábricas, como consecuencia de la ausencia de trabajadores que, fueron deportados o están escondidos protegiéndose de ser arrestados por el ICE. Ya está sucediendo. En el estado de California, la falta de trabajadores, especialmente inmigrantes, está afectando la cosecha, procesamiento y distribución de alimentos, lo que podría provocar el aumento de precios y la escasez de productos. Este clima de temor ha provocado que entre el 25 y el 45 por ciento de los trabajadores deje de asistir a sus labores, según Maureen McGuire, directora ejecutiva de la Oficina Agrícola del Condado de Ventura.

Este fenómeno sólo es la punta del iceberg, si se me permite utilizar un símil tan gastado. Al respecto, Abel Pérez Zamorano, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, University of London, y quien se ha desempeñado como Director General de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo, comparte su opinión sobre el delicado tema de los migrantes:

“Los latinos, los migrantes, sus familiares, sobre todo los mexicanos, protestaron y se ha creado un conflicto social bastante serio en EE. UU. El gobierno de Donald Trump envió a cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional, a 700 marines a Los Ángeles para controlar la situación. El problema es verdaderamente serio, preocupante”, señaló de entrada el investigador y catedrático.

Pérez Zamorano dijo que “es necesario que abordemos la explicación del fenómeno, sus causas más profundas”. El problema, especificó, “en realidad tiene que ver con la estructura del imperialismo a nivel mundial. Estados Unidos y los países cúpula del imperio, que saquean a los países pobres, los empobrecen, sacan sus recursos, no generan empleo, frenan su desarrollo y, como consecuencia, los habitantes de esas naciones buscan el ingreso que no encuentran en su patria, en los países ricos”. Es decir, que la crisis migratoria en EE. UU. “es consecuencia de la política saqueadora del imperio”. Pero sucede algo que sólo en apariencia es contradictorio: “el propio EE. UU. utiliza a los migrantes cuando los necesita, y los rechaza cuando le sobran”. Y al respecto, citó como ejemplo el Programa Bracero, iniciado en 1942 y concluido en 1964, que buscaba cubrir la escasez de mano de obra en Estados Unidos causada por la Segunda Guerra Mundial, pero que también generó controversias por las condiciones laborales y los bajos salarios ofrecidos a los braceros.

Los inmigrantes legales o ilegales, pero sobre todo estos últimos, “a final de cuentas, favorecen a la economía norteamericana, generándole una gran plusvalía, sometidos a un régimen de explotación tremendo; y por otro lado, le reducen presiones y dificultades al gobierno mexicano” (con su ausencia del país). 

¿La solución?

“Desde mi punto de vista, lo que procede es promover el desarrollo económico de México, generar empleos suficientes y bien pagados, condiciones laborales decorosas para los trabajadores, de modo que nuestros compatriotas obtengan en su país los ingresos que merecen y no tengan que ir a afrontar peligros, riesgos de todo tipo, para buscar el pan de su familia en otras tierras”, concluyó.