El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha golpeado severamente a la educación mexicana al cancelar el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), cuyos recursos trasladó al de La Escuela Es Nuestra (LEEN), destinado al mantenimiento de centros escolares.

Esta decisión afectó a 3.6 millones de estudiantes de educación básica, la mayoría residentes de municipios rurales e indígenas de las entidades más pobres del país, cuyos pobladores además sufren rezago educativo y sanitario; y los mayores niveles de deserción escolar e inseguridad pública.

Los hijos de Marcela Aranza Arce, dos pequeños de seis y nueve años, se hallaban entre esos infantes ahora damnificados por la política de “austeridad” del actual Gobierno Federal; ahora su madre deberá llevárselos al trabajo, encargarlos a parientes y vecinos o dejarlos solos en casa.

En esta misma complicada situación se encuentran miles de madres mexicanas que, desde 2007, podían dejar a sus hijos en las escuelas con “periodo ampliado” –es decir, de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde– mientras acudían a trabajar sin mayor preocupación. Ahora, estas mexicanas viven en total incertidumbre.

El Gobierno Federal inició la cancelación del programa ETC en 2019, cuando redujo su presupuesto; ya que había contado con nueve mil 564 millones de pesos (mdp) y en 2020 se quedó con solo cinco mil 100 mdp. En 2021, pese al compromiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de mantener este monto, hubo otra disminución; y en 2022 el programa desapareció definitivamente.

Esos recursos fueron enviados al programa LEEN, que depende de la Secretaría de Bienestar (SB) a la que, según el Presidente, se aplicarán de manera directa y “sin intermediarios” para brindar mantenimiento a escuelas de nivel básico. En 2020, un año después de que había iniciado, el gobierno le destinó cuatro mil 927 mdp en “beneficio” de 25 mil 510 escuelas.

En su conferencia matutina del seis de mayo, AMLO pidió a los comités de padres de familia que no destinaran los “150, 200 o 500 mil pesos” que les correspondieran, a la compra de computadoras u otras “mercancías”, sino en la construcción de salas de usos múltiples, baños o “en todo lo que signifique contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción.

“Lo que se busca es que el dinero se cuide, se aplique bien, se hagan bien las cosas, que no haya corrupción y que se tenga un efecto multiplicador. Que se hagan bien las cosas, se rehabilite y se active abajo (sic) la economía”.

Sin embargo, nada de lo que entonces declaró AMLO se cumple ahora. En la realidad, abunda la corrupción, en cuyas prácticas destacan los llamados Servidores de la Nación, quienes, además de ser operadores electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dirigen los comités del LEEN.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 573 millones 605 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2020 en este programa. Otras voces explican que el dinero destinado al mantenimiento o la ampliación de las escuelas fue desviado por los Servidores de la Nación mediante engaños o con el contubernio de los comités de padres de familia.

En su número 939, buzos consignó que dichos grupos morenistas acuden a los comités de padres de familia para condicionar la entrega de los recursos del LEEN a la contratación de determinadas empresas de construcción o proveedores de materiales de construcción; y que los directores y maestros de las instituciones educativas permanecen al margen de estos “enjuagues”.

“Definitivamente, para los directores es nula nuestra voz y voto. Entonces no nos toman en cuenta; los asesores mencionan que los padres de familia tienen que ver las necesidades de las escuelas, y a su vez son los que están al frente del proyecto de construcción o de lo que se vaya a realizar en cada una de ellas”, comentó la directora de una secundaria técnica del estado de Puebla, en la que estudian cerca de 300 alumnos.

Muchos niños en riesgo

Para la asociación civil Mexicanos Primero, el cierre de las ETC es una clara violación a los derechos infantiles, ya que las jornadas ampliadas les garantizaban alimentación y educación; y porque la titular de la SEP, Delfina Gómez, ejecutó la decisión de AMLO en desacato a un amparo que esta organización había interpuesto contra la desaparición de las ETC.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Ejecutivo Federal, al Legislativo y a la SEP garantizar los recursos económicos para el funcionamiento de las escuelas adscritas al programa ETC; es decir, el Gobierno Federal debía los cinco mil mdp autorizados para el ejercicio fiscal de 2021.

En opinión de Luz Romano, vocera de Mexicanos Primero, ETC –cuya primera versión empezó en el ciclo escolar 2007-2008– era “un programa que había sido muy positivo, que daba a los niños la oportunidad de tener clases extras, lograr un mejor aprendizaje. Había detección temprana de problemas socioemocionales. Los niños recibían alimentos calientes, que en muchos casos era el único alimento completo que recibían durante el día. Hoy ya nada de eso habrá”.

Las jornadas ampliadas comenzaron con extensiones de tres y cuatro horas en las aulas. Cuando se creó el programa ETC se le incluyeron alimentos, clases de inglés, deportes y talleres artísticos. Se inició en 500 escuelas; y operaba en 27 mil 63 instituciones de toda la República cuando la SEP ordenó su cierre. Chiapas era la entidad con más escuelas de este tipo.

En entrevista con buzos Luz Romano afirmó que a diferencia de LEEN, las ETC formaban parte de un programa que estaba comprobado por sus buenos resultados en materia educativa y que Evaluación Planea lo avalaba. En contraste, hasta ahora “no sabemos a dónde se está destinando el dinero de LEEN; hay opacidad en eso”.

Luz Romano aclara que “la autoridad sale a decir que dentro de LEEN se incluyen los recursos de las ETC para que la comunidad decida dónde van. Pero lo que nosotros decimos es que si quieren hacer eso, qué bueno, y para ello tienen que cambiar las reglas de operación del programa, porque en el de LEEN, que se publicó el 28 de febrero y entró en vigor el 1° de marzo, no viene nada relacionado con la jornada ampliada, con la alimentación; no está en papel el presupuesto y, si no hay presupuesto, no entendemos cómo les van a dar a las comunidades escolares si no existe una regulación”.

La activista reveló que, en algún momento, la titular de la SEP, Delfina Gómez, había anunciado, en una conferencia de prensa, que estaban evaluándose “algunos cambios” para analizar la posibilidad de seguir apoyando a las jornadas ampliadas; pero con su comentario “nos gustaría saber cuál es el plan y ver qué tan viable puede ser”, además descartó que el gobierno pudiera enmendar su error.

La escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex), formaba parte del programa ETC. Los niños eran atendidos en 12 grupos y ahora sus padres viven en la incertidumbre. Entre ellos Marcela Aranza Vargas, madre soltera que dejaba a sus pequeños a las 8:00 y a las 16:00 iba por ellos.

Durante el día trabajaba sin preocuparse de ellos porque sabía que recibían alimentos, su instrucción básica, además clases de inglés, de computación, en enseñanza artística y clases de regularización en algunas materias. La noticia del cierre de las ETC la puso en un predicamento porque ahora algunos días se quedan solos en casa.

Aseveró a buzos que las actividades realizadas por los estudiantes en estas escuelas “eran fundamentales para su desarrollo académico. A mí me afecta porque soy madre soltera y trabajo; no percibo un buen sueldo como para pagarle a una persona. Son muchos niños los afectados. Sí nos afecta también en lo económico; en el comedor era una cuota mínima para la comida. Hoy tenemos que poner un lonche por cada niño, entre 35 y 45 pesos por niño al día”.

Pero lo más preocupante para esta madre de familia, es que sus hijos se quedan solos cuando salen de la escuela y ella siempre tiene que andar con prisas para llegar temprano a su casa, lo que repercute en su trabajo, ya que constantemente tiene que solicitar permisos.

Marcela está preocupada también porque ahora sus hijos están afectados por la pérdida de varias materias de estudio y porque no podrán seguir con su desarrollo académico que, además, se había retrasado debido al confinamiento sanitario provocado por la pandemia de Covid-19, pese a que la mayoría intentó evitarlo.

Mexicanos Primero, en voz de Luz Romano, afirmó que el “programa se aplicaba en comunidades muy vulnerables. Los niños deben estar ahí, en las aulas, deben estar educados, no deben de estar en riesgo en las calles. Este programa les daba la posibilidad de aprender dentro de la escuela, que es lo que en este momento necesitan las niñas y niños; tienen que estar en las escuelas. Pensar que tienen que aprender como lo hacían en las aulas, se debe recuperar el aprendizaje. Nosotros hicimos un estudio desde el año pasado y lo hemos hecho con una muestra de estudiantes de 10 a 15 años; y detectamos un rezago de hasta tres ciclos escolares”.

Se alzan voces por las ETC

También han alzado la voz contra la desaparición de las ETC el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y varias organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, las asociaciones de padres de familia y hasta algunos gobernadores. Entre las organizaciones civiles que más destacan por su protesta contra la decisión del Gobierno Federal se hallan Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

“La eliminación de las escuelas de tiempo completo es un atentado contra los derechos de la niñez (...) estas escuelas han mostrado resultados, aumentando las oportunidades de aprendizaje, reduciendo el rezago escolar, beneficiando a estudiantes con desventajas económicas y ayudando a disminuir las brechas de desigualdad”, señaló Reinserta en un comunicado a principios de marzo de este año.

La organización advirtió que, en los últimos años, la niñez en México ha sido objeto de mayor violencia debido a la expansión de grupos de la delincuencia organizada.

Integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados calificaron de “terrible retroceso” la desaparición de las ETC. “Deberíamos aspirar a que todas las escuelas fueran de tiempo completo como sucede en Estados Unidos y otros países”, puntualizó Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario de ese instituto político.

Agrupadas en la organización Defensa de la Infancia, integrantes femeniles del Partido de la Revolución Democrática (PRD) protestaron afuera de la SEP para exigir respeto a los derechos de los niños en México y que se garantice una educación laica y de calidad. Adriana Díaz, secretaria general del partido, y Karen Quiroga, secretaria de igualdad de género, encabezaron la manifestación de protesta la semana pasada.

Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda en el primer año del gobierno de AMLO, se opuso también a la cancelación de las ETC; en una de sus colaboraciones periodísticas en el diario El Universal puntualizó que “de un plumazo, por obra y gracia de la SEP, 3.6 millones de niños, la inmensa mayoría de los cuales son habitantes de las zonas más marginadas del país, perdieron la mitad de sus horas de clase y su almuerzo diario”.

Aseveró además que tal decisión “no es solamente un ejemplo de los despropósitos del gobierno actual, sino que pasará a la historia como uno de los más lamentables”.

Para miles de madres de familia del Edomex, la última esperanza –como es el caso de Marcela y sus vecinas– es que al menos el gobernador Alfredo del Mazo cumpla con su anuncio de que, en esa entidad, se mantendrá el programa La Escuela es Nuestra, la versión mexiquense del ETC.

En el mismo sentido se han pronunciado otros 12 gobernadores estatales, entre ellos los de Michoacán, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Colima y Chihuahua.