Han pasado ya 14 días desde que dos jóvenes padres de familia y su pequeño hijo de seis años fueron masacrados en el estado de Guerrero y las autoridades guardan silencio. Nada dicen a los deudos y compañeros, ni un indicio, ni un adelanto, ni una esperanza de que harán justicia y castigarán de forma ejemplar a las bestias que mataron a golpes a dos muchachos que solo habían ayudado en sus penas seculares a los pobres de Guerrero y que ahorcaron brutalmente a su vástago que, ofende decirlo, pero es obligado hacerlo, nada le había hecho a nadie como no fuera alegrarle el día con su sonrisa.

La violencia azota a los mexicanos. Las muertes violentas ya sobrepasan las 140 mil, cifra superior a las muertes que tuvieron que padecerse en los mismos periodos de tiempo en sexenios anteriores. Hay que decir alto y claro que esa violencia aterradora no la sufría el país desde la Revolución Mexicana y que no hay entidad federativa que se salve. Tiene raíces estructurales en la pobreza, en la desesperación que causa no solo no tener nada que perder, sino tener cerradas las posibilidades de mejora mediante las ocupaciones legales y, también, se encuentra en su origen, una educación excluyente y deficiente, tanto, que sus datos, su realidad ofensiva, ya fue escondida por el régimen. Éstos, a no dudarlo, son los resultados de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la que “primero los pobres”, se ha convertido ya literalmente en una burla sangrienta.

Pero también hay que considerar como causa relevante de la violencia persistente, a la impunidad. Es ampliamente conocido que el régimen actual, por razones que no muy tarde tendrán que ser plenamente esclarecidas, renunció, sin que tuviera ninguna facultad para ello, a ejercer los derechos y a cumplir con las obligaciones que la Constitución le impone a la autoridad para combatir sin distinción alguna todo tipo de delitos. “Abrazos y no balazos” fue la cínica fórmula con la que se anunció al país entero que, en el régimen de Andrés Manuel López Obrador, no se respetaría la ley.

En adelante, la justicia se ejercería discrecionalmente; la 4T y López Obrador, se reservaban, como en cualquier dictadura del mundo, a decidir en las oscuras salas del poder, a quién sí y a quién no, se había de aplicar la magnánima fórmula; habría, pues, “abrazos y no balazos”, pero, desde que esto no era ninguna ley en vigor, sería la nueva autocracia la que decidiría a quién se le daban los cariñosos abrazos y a quién se le metían los balazos. Y así ha sido, hay muchos presuntos delincuentes asesinados a quienes jamás se les otorgó la gracia de los abrazos. La impunidad selectiva también es obra del régimen de la llamada “Cuarta Transformación”.

De las más de 140 mil muertes violentas que ya se cuentan, ¿cuántos sentenciados se pueden contar?, ¿cuántos procesados? Poquísimos. Prueba fehaciente e irrefutable de ello, son las familias agraviadas que se consumen en sus hogares, las que peregrinan por las oficinas exigiendo que la autoridad cumpla con su elemental obligación, las madres consumidas que buscan a sus desaparecidos en todos los rincones. “Guerrero tiene actualmente al menos 25 mil 300 personas desplazadas por la violencia, las cuales se encuentran sin ningún apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón” (nota publicada en el diario Reforma el pasado seis de febrero). Y ¿qué obliga a familias enteras a huir de su casa y de su tierra e irse a sobrevivir a donde nada tienen y nadie los conoce? No hay más respuesta que la violencia que sufren y la impunidad oficial que la acompaña.

La consigna “primero los pobres” está aplicándose en Guerrero con toda intensidad. Hasta 2022, se ha entregado fertilizante a 340 mil 640 campesinos; pensión para el bienestar de adultos mayores a 309 mil 869 personas con un monto total de 73 millones 631 mil 350 pesos y, entre otros beneficios más, becas para el bienestar Benito Juárez Educación Básica a 277 mil 930 niños con un monto de 147 millones 621 mil 600 pesos. Entre todos los programas, la 4T ha aplicado para el bienestar de los guerrerenses un total de tres mil 128 millones 490 mil 927 pesos aportados, desde luego, por los propios guerrerenses.

A pesar de tales programas o, más bien dicho, como consecuencia de la instrumentación de tales programas que exigen que la gente los reciba individual y pasivamente y no como consecuencia de una protesta organizada, la pobreza en Guerrero es de escándalo. Según los últimos datos del Coneval, en Guerrero, el 66.4 por ciento de la población vive en la pobreza y el 25.5 en pobreza extrema; es vulnerable por carencias sociales, el 21.7 por ciento; y solamente el 7.9 por ciento de la población es considerado no pobre y no vulnerable. La áspera realidad no miente: las ayudas en dinero que alcanzan a un millón 488 mil 447 personas, no han sacado a ninguna de la pobreza y la miseria. Ahí siguen. Como ahí siguen los pobres y los miserables de todo el país y su existencia persistente es la prueba irrefutable que las tales ayudas no son más que un calculado analgésico y un diabólico mecanismo de extorsión a los votantes.

¿Qué pasa, pues? ¿Por qué el silencio en el caso de los antorchistas sacrificados? ¿Qué poderosos personajes e intereses se protegen? Es ya sabido que cuando se toman decisiones favorables porque así conviene a la autoridad, la movilización de investigadores expertos y policías entrenados es inmediata y masiva. Quedan en la memoria los sucesos de Matamoros, Tamaulipas de hace unas cuantas semanas en los que fueron secuestrados cuatro ciudadanos norteamericanos y que, tan pronto como protestaron públicamente las autoridades de Estados Unidos y el poderoso embajador de ese país fue recibido en Palacio Nacional, la acción de las autoridades estatales y federales fue tan contundente y eficaz que las víctimas aparecieron de inmediato y hasta los compañeros de los secuestradores amarraron a éstos y les informaron a las autoridades dónde tenían que ir a aprehenderlos. En plena era de la tecnología avanzada, de los geolocalizadores insertados en los teléfonos celulares, de las escalofriantes cámaras de cine colocadas en todas las esquinas, del espionaje digital Pegasus y de la sabida relación personal de policías con delincuentes, ¿por qué tanta lenidad en la investigación y castigo de los crímenes contra los antorchistas?

Conra, Meche y Vladi, es de fundamental importancia repetirlo, no fueron víctimas de la violencia aterradora, no los mató el crimen organizado por alguna vendetta, no los mataron para robarles nada, porque nada tenían, ni los mató una bala perdida; los masacraron por antorchistas, por ser combatientes de la primera línea en contra de la pobreza, ésa que azota a los guerrerenses y no cura la 4T. Murieron mientras desde las más altas esferas del poder se creaba un clima de linchamiento y se atizaba con premeditación, con alevosía y con ventaja brutal. En ese entorno de odio, de exterminio, mataron a Conrado, a Meche y al pequeño Vladi. No lo olvidamos, nadie en el país debe olvidarlo. Seguimos, seguiremos exigiendo justicia para nuestros mártires y, también, como no, para los muertos de todas las familias transidas de dolor que acudan a nosotros en busca de un apoyo fraterno. No nos callaremos. No nos callarán.