Las autoridades aclaran que no existen privilegios para empresas extranjeras en la búsqueda de hidrocarburos
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Foto: Internet
Este viernes 10 de octubre, la Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que impida la salida del país a la expresidenta Diana Boluarte, quien fue destituida por corrupción, violación de derechos humanos y presunto lavado de dinero.
La solicitud establece una prohibición de salida del país por 36 meses, sustentada en tres de las 11 investigaciones abiertas contra la exmandataria. Entre los casos señalados figuran la designación irregular de funcionarios en EsSalud, el pago indebido de beneficios a allegados y la presunta recolección de dinero destinada a cubrir la reparación civil del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia por corrupción.
De acuerdo con las autoridades peruanas, otro hecho que también forma parte de las investigaciones abiertas es que desde que comenzó su gestión, en diciembre de 2022, se registraron 49 muertes en las protestas contra su gobierno.
Con un total de 118 votos a favor y sin abstenciones, el Congreso peruano aprobó la destitución de Boluarte, en la madrugada de este viernes, al declararla en “incapacidad moral permanente”. En su lugar asumió de forma interina el presidente del Parlamento, José Jerí, del partido derechista Somos Perú.
Por su parte, la exmandataria Boluarte negó haber solicitado asilo político y, según su abogado, permanece en su domicilio en Lima.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.