Empujado desde las sombras por el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump y las corporaciones estadounidenses, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó la reanudación de las actividades laborales a partir del 1° de junio, aunque la alerta sanitaria permanezca y la “nueva normalidad” no quiera decir que se ha vencido al Covid-19.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel Ramírez, reiteró que la pandemia no ha concluido; el riesgo de un nuevo brote es una realidad con el retorno a las actividades económicas, razón por la que ésta se desarrollará por etapas mediante el uso de un “semáforo de riesgos”, que definirá las medidas restrictivas en municipios y ciudades del país.

Un rebrote de contagios puede generarse “porque se relajen las medidas de seguridad sanitaria; no queremos que esto pase, por eso la jornada tiene que ser ordenada mediante un sistema de semáforo, a partir del 1° de junio, vamos a estar identificando los patrones de movilidad y también cuáles son las actividades que permiten movilizar a la población en forma segura.

“Empezaremos con aquellas actividades laborales que son altamente prioritarias por su importancia social y también por su importancia económica (se entiende que las manufactureras, de acuerdo con el nuevo criterio del Consejo de Salubridad General)”.

López-Gatell advirtió que no podrán abrir industrias y empresas cuyas actividades no sean esenciales, porque entonces habrá un rebrote. Sin embargo, entre las labores “esenciales” para el gobierno de México figuran las que realizan las empresas manufactureras que componen la cadena productiva de los consorcios industriales estadounidenses, algunos de los cuales ya reabrieron en el territorio del país vecino. 

El 12 de mayo, el Consejo de Salubridad General informó cuáles serían los sectores prioritarios, previamente descritos en un decreto del presidente el 31 de marzo. El Consejo de Salubridad General autorizó la reactivación de la industria de la construcción (por las magnas obras pendientes del actual gobierno) y la minería, sector del mayor interés para el gobierno canadiense.

También es esencial “la fabricación de equipo de transporte”, área donde se hallan las empresas dedicadas a la manufactura de componentes para autos y motocicletas, trenes, aviones, buques, incluso vehículos aeroespaciales, que antes del 12 de mayo no eran consideradas prioritarias y ahora sí lo son.     

La manifiesta vocación mediática de AMLO llevó al Gobierno Federal a denominar “municipios de la esperanza” a los 324 pequeños ayuntamientos del país –de un total de dos mil 463 en la República– que hasta la semana anterior no habían registrado ningún caso de Covid-19, que serían los primeros en reiniciar actividades públicas a partir del lunes 18 de mayo, según el plan oficial.

Por la misma tendencia a la propaganda oportunista el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que frenar, el pasado 30 de abril, el envío de cartas de AMLO a los pacientes recuperados del Covid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al constituir una promoción ilegal del mandatario.

El sistema sanitario lleno de riesgos

La enfermera Martha Medina Gómez, quien encabeza el Movimiento Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (Mondess), indicó a buzos: “Seguimos sin el material, el equipo de protección para nosotros, lo que ha generado que el contagio hacia los trabajadores sea un porcentaje muy elevado; inclusive, ya hay pérdidas de compañeros.

“Lamentablemente, el porcentaje de personal de salud contagiado, pues va a seguir en crecimiento, ¿por qué? Porque somos quienes estamos recibiendo y atendiendo directamente a los pacientes enfermos, sin el equipo de protección, porque el equipo no ha llegado, de tal forma que nosotros mismos vamos a ser pacientes”, enfatizó la también integrante de la directiva del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS), alterno al sindicato oficial (SNTIMSS).

Explicó que “las mascarillas N-95 (de alto grado de seguridad) únicamente se le han estado entregando a los compañeros que están directamente en las áreas de urgencias. Pero, por supuesto, que todo el personal que labora en los hospitales, todos, sin excepción, desde los propios vigilantes que están en las entradas, tenemos contacto con estos pacientes, desde que ellos llegan a una puerta de un servicio de urgencias. Todas las personas que están ahí tienen el riesgo de contagiarse y no ha llegado el equipo, como las mascarillas caretas y batas desechables”.

El doctor Julio Bueno Ledesma, especialista e integrante del grupo activista Yo soy 17, señaló a ese semanario que la emergencia ha evidenciado la necesidad de invertir en el sector salud; el médico desecha la idea de que su gasto debe reducirse. Hoy, las consecuencias se han acumulado y caído como una bola de nieve, agregó el doctor Bueno, cuya organización ha denunciado las disminuciones presupuestales desde hace más de 10 años.

A pesar de que las condiciones del sector ya estaban mal –añadió– “en la actual administración se recortó personal médico, entre ellos especialistas, mientras las precarias condiciones laborales ahuyentaron a médicos, enfermeras y a otro personal de salud.  

“Esta situación va a servir para que este gobierno y los que sigan tengan presente que sin salud no somos nada. Se tendrá que impulsar la inversión, la especialización de más médicos en infectología, epidemiología, internistas y que las instituciones tomen conciencia de que deben dar incentivos para que los especialistas se queden en el sector público”, precisó el doctor Bueno. 

Alejandro Macías Hernández, médico internista e infectólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel tres e integrante de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM), advirtió que la reactivación del sector productivo, sin hacer pruebas de detección de Covid-19 a los trabajadores que se reincorporen, representa “hacerlo a ciegas y puede generar un desastre”.   

De 2009 a 2010, el doctor Macías se desempeñó como Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México (H1N1), cuando el doctor Hugo López-Gatell  era director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS), dependencia entonces a cargo del doctor José Ángel Córdova Villalobos. Actualmente, López-Gatell, exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la misma Secretaría y encargado de la estrategia sanitaria contra el Covid-19.

Especializado en el Laboratorio de Microbiología y Salud Pública de Los Ángeles, California, maestro en biología molecular de enfermedades infecciosas y académico de la Universidad de Guanajuato, el doctor Macías ha declarado, en varias ocasiones, –con réplicas en medios internacionales– que, antes de la reapertura de las actividades públicas, resulta indispensable la aplicación de más pruebas de Covid-19 y mantener una vigilancia sobre la capacidad de respuesta hospitalaria y con camas disponibles para recibir pacientes de emergencia.

Las pruebas de Covid-19 se han restringido en el país con el argumento de que no se requieren. Su costo unitario en el sector privado oscila entre tres y cinco mil pesos. El doctor Macías advirtió que es más barato incrementar el número de pruebas que cerrar la economía; mientras, el doctor López-Gatell insiste en que no es necesario hacer más pruebas para tomar decisiones acertadas sobre las políticas de salud.

La actitud asumida por López-Gatell, respecto a la práctica de las pruebas médicas, parece corresponder a la política de la “austeridad republicana” de AMLO, quien ha mostrado su desdén hacia el uso de las estadísticas y las mediciones.

El epidemiólogo Fernando Alarid-Escudero, avezado en mediciones matemáticas de cuestiones sanitarias, también alertó sobre un posible repunte de contagios si se terminan las restricciones sociales el 31 de mayo. El doctor Alarid ha realizado diversos proyectos de cálculo matemático sobre temas sanitarios como las epidemias.

Alarid es uno de los desarrolladores del Proyecto de Análisis de Decisiones para Contextos Inciertos, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)-Aguascalientes, con el que se efectúan mediciones sobre el problema del Covid-19; también trabaja con la Universidad de Stanford, EE. UU, en la aplicación de mediciones internacionales.

La Ciudad de México (CDMX) y su área conurbada, con más de una veintena de municipios del Estado de México (Edomex), integran hoy la mayor concentración poblacional del país con cerca de 25 millones de personas y también el número más alto de enfermos afectados por el Covid-19, con 13 mil 76 casos activos y mil 286 defunciones.

El doctor Alarid afirmó que, con la flexibilización de las restricciones sanitarias en la Zona Metropolitana de la CDMX el “pico” –es decir el número más alto de infecciones– se alcanzaría hasta el 21 de junio y que los casos de contagio subirían a 28 mil 757, para descender más tarde. Si los controles se mantienen hasta el 30 de junio, entonces el “pico” se presentaría el 17 de julio y los contagios serían menores, es decir, 14 mil 815 y así sucesivamente.

El experto destacó que los resultados del modelo matemático del CIDE aportan una cara de la moneda, un dato técnico, para la toma de decisiones porque, reconoce, entran en juego decisiones humanas relacionadas con los factores económicos, políticos y sociales, que determinan los resultados.

“Ahí como la vean”

Sobre las medidas de reapertura para las actividades productivas en el país, AMLO informó el 13 de mayo: “Este plan es de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todo, en lo más amplio posible. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos”.

Ese mismo día, pero más tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió que las actividades, en algunas zonas del país, quedarán restringidas por ser de alto riesgo y que, donde éste sea menor, las actividades se reanudarán de manera gradual, con medidas sanitarias específicas, porque el virus sigue activo y la pandemia de Covid-19 no ha terminado.   

La manera difusa e incierta sobre la reapertura de algunas actividades productivas, sobre todo en ciertas áreas de la industria manufacturera, tienen una explicación política: las presiones desde la sombra que el presidente estadounidense Donald Trump ha dado a su homólogo mexicano AMLO, a través del embajador Christopher Landau y la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos (NAM), integrada por mil 400 corporaciones y empresas medianas estadounidenses, a las que urge abrir sus fábricas para integrar totalmente sus líneas de producción. 

Además, es inminente la activación del nuevo acuerdo comercial México-EE. UU.-Canadá, denominado T-MEC, cuya fecha fue fijada por el presidente Trump para el 1° de julio. De tal forma que el gobierno de AMLO tiene todo el mes de junio para sincronizar al sector manufacturero que participa en la producción estadounidense.

En la mañanera del 23 de abril, el presidente mexicano habló sobre la reapertura de actividades en EE. UU. y pronosticó que para ese reinicio “tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación (…) hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas.

En ese momento se va a llegar a un acuerdo. Cuando ellos abran, nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera”. Precisamente en la frontera mexicana con EE. UU. es donde se localiza la mayor parte de las manufactureras.

El día 21 de abril, el embajador estadounidense Chirstopher Landau escribió en un tuit: “Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro (aquí insertó iconos de las banderas de México, EE. UU. y Canadá) que se crearon a través de las últimas décadas. Es posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de Norteamérica exige coordinación”.

En otro tuit del 22 de abril, Landau insistió: “Hay que proteger la salud sin destruir la economía, no es imposible”. De esta manera, el embajador estadounidense demandó al gobierno de AMLO integrarse a la reactivación económica en las líneas de producción de América del Norte (México-Estados Unidos y Canadá). Aunque Landau expresó que la salud es primero, insistió en que resultaría una miopía considerar que las consecuencias económicas no importen.

Ese mismo día, el 22 de abril, se divulgó una carta avalada por 14 mil empresas estadounidenses, cuyos propietarios tienen operaciones en las 50 entidades de EE. UU., con la que demandaron al gobierno mexicano reactivar la producción estadounidense. Entre las firmas están Intel, Mitsubishi Electric US, Navistar, Nucor, Robert Bosch y Visteon.3M, ABB, ArcelorMittal, BASF, Caterpillar, Eaton, GE Appliances  y Honeywell.

En una misiva pública, las corporaciones del NAM consideraron que el decreto presidencial del 31 marzo, sobre la clasificación de prioridades, es congruente con las medidas tomadas por EE. UU.; pero cuestionaron que, en la lista de no prioritarias, se haya enlistado a las manufactureras directamente asociadas a la producción de EE. UU.

“La  implementación del decreto ha dado como resultado el cierre de instalaciones de fabricación esenciales en todo México, incluidas las que sirven como la columna vertebral de la infraestructura crítica en todo nuestro continente, lo que debilita potencialmente nuestra respuesta a la pandemia de Covid-19”, reclamaron.

El 16 de mayo, en el marco de la reapertura económica, empujada por la reactivación del 1° de julio para el T-MEC que, en los hechos, ratifica la vigencia del modelo económico neoliberal en México, AMLO divulgó un video y un mensaje en Twitter para presentar un “ensayo” con el que describe un presunto “nuevo modelo económico” de su inspiración literaria, moral y filosófica. 

Ese supuesto nuevo modelo está basado en el evidente desconocimiento de las mediciones econométricas del Producto Interno Bruto (PIB) –utilizadas en todo el mundo– y sustituirlas por la medición del “bienestar” en las personas.

La aversión de AMLO a las estadísticas y las mediciones económicas se debe, con seguridad, a la difusión de datos negativos sobre el desempeño de su gobierno en materia económica, aún antes de la pandemia. AMLO declaró que su modelo “tiene como eje dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico, no estar pensando en que lo más importante es la medición del PIB”.

Entre muchas instituciones que han anticipado un “futuro depresivo” para la economía del país, destaca el propio Banco de México (Banxico). El cuatro de mayo reportó haber recabado información de especialistas, que estaba tendiente al 7.1 por ciento de desplome en PIB para finales 2020. El año pasado, el PIB de México mostró signos de descenso, con (-0.7) por ciento, en tanto en los anteriores gobiernos alcanzaron el ya bajo nivel de dos por ciento promedio. La agencia internacional JP Morgan calculó un desplome de al menos siete por ciento en 2020, con todo y el T-MEC.