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El Gobierno mexicano se prepara para una batalla fiscal contra empresas grandes, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para resolver cerca de 50 litigios fiscales en un plazo aproximado de tres semanas.

Entre los casos figuran controversias que involucran a empresas como ArcelorMittal y General Motors, así como al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha perdido siete juicios y ha cubierto alrededor de 32 mil millones de pesos.

En conjunto, los expedientes concentran dos billones de pesos en créditos fiscales impugnados, además de 44 mil millones de pesos relacionados con impuestos que la autoridad atribuye a operaciones de maquiladoras. Las resoluciones definirán si existieron prácticas de evasión fiscal o si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicó criterios de cobro que exceden lo permitido por la ley, con posibles efectos para un amplio número de empresas.

El análisis de estos casos ocurre en el marco de la reforma judicial que estableció un plazo máximo de seis meses para la resolución de controversias fiscales, con el objetivo de evitar la acumulación de expedientes y dotar de mayor certeza jurídica a las partes involucradas.

Uno de los puntos centrales es la contradicción de criterios sobre la posible doble tributación en aproximadamente 30 juicios contra el SAT, los cuales permanecen suspendidos por acuerdo de la Corte hasta que se fije una postura definitiva que será aplicable a casos similares.

El proyecto correspondiente fue asignado el año pasado a la ministra Yasmín Esquivel y presentado al pleno en febrero; no obstante, su discusión fue pospuesta a solicitud de la ministra Lenia Batres.

Las controversias están vinculadas con el régimen fiscal del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), que permite la importación temporal de insumos sin el pago de IVA cuando estos se destinan a procesos productivos para exportación. Dentro de este esquema se utilizó la figura de la exportación virtual, mediante la cual los insumos se transfieren a otras empresas dentro del país sin concluir el proceso productivo.

En 2019, el SAT modificó su interpretación del régimen al considerar que algunas empresas hicieron un uso indebido de este mecanismo. Un antecedente similar se presentó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno Federal excluyó al calzado importado del esquema, con el argumento de proteger a la industria nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, durante el último año el Gobierno Federal litigó 15 mil 186 juicios fiscales en última instancia, con 8 mil 428 resoluciones favorables, lo que derivó en una recuperación de 198 mil 263 millones de pesos.

Con estas resoluciones, la Suprema Corte deberá establecer si las operaciones bajo el régimen IMMEX dieron lugar a incumplimientos fiscales o si las determinaciones del SAT excedieron el marco legal vigente.