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La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) identificó que los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en contextos de movilidad enfrentan riesgos graves y sistemáticos, como detenciones arbitrarias, la falta de aplicación de protocolos internacionales, la negativa del derecho de asilo y la exclusión de los mecanismos de protección.

En su más reciente informe comparativo, la organización destacó que el 54.6 por ciento de estos menores eran estudiantes antes de migrar, el 45.4 por ciento se desplazó mediante redes de tráfico, el 41.7 por ciento viajaba acompañado por familiares en rutas de alta peligrosidad y el 5.8 por ciento lo hacía sin compañía.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos (EE. UU.) y el aumento de los retornos forzados, REDIM advirtió que la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales está siendo rebasada. Por ello, urgió a consolidar un Mecanismo de Protección Transnacional que permita una coordinación regional efectiva entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, trascendiendo las fronteras para garantizar el interés superior de la niñez.

Crisis de protección en México

En territorio mexicano, el tránsito de NNA en situación irregular experimentó un crecimiento exponencial. Mientras que en 2018 se registraron 29 mil 258 eventos, para el año 2023 la cifra ascendió a 113 mil 542 casos, de los cuales la gran mayoría, 80 mil 813, viajaban acompañados.

A pesar de los avances normativos, el informe de REDIM señaló deficiencias críticas en la implementación del sistema, como la saturación y la falta de recursos. La presión sobre los servicios de sanidad, educación y atención infantil ha generado riesgos sanitarios importantes e infraestructura insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores en movilidad.

Además, destacó brechas en salud y educación: aunque la norma permite la integración de estos menores al sistema educativo y de salud, en la práctica persisten barreras administrativas, escasez de docentes y trámites burocráticos que impiden una inserción inmediata.

El reporte también confirmó que la movilidad de los menores ocurre en contextos de violencia física, psicológica y sexual, así como de explotación y separación familiar, tal como lo ha señalado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

A ello sumó los vacíos en la gestión de datos: el Estado mexicano depende casi exclusivamente de la estadística migratoria de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) y carece de un sistema de información desagregada por edad, trayectoria o tipo de violencia sufrida, lo que impide diseñar respuestas diferenciadas y efectivas.

Desafíos institucionales y presupuestales

El análisis técnico reveló que la eficacia del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se ve limitada por la ausencia de un monitoreo sistemático que verifique el cumplimiento de los planes de restitución de derechos.

Asimismo, el documento reportó que la protección jurídica a menudo se subordina a una lógica administrativa migratoria en lugar de priorizar el bienestar integral del menor.

Finalmente, el informe destacó que la reducción de fondos internacionales y la dependencia de financiamiento externo han profundizado las restricciones presupuestales para la operatividad de los centros de atención y las procuradurías de protección, comprometiendo la sostenibilidad de la respuesta humanitaria en el país.