En sus dos primeros años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recortó, en más del 50 por ciento, el presupuesto federal destinado al campo de Oaxaca y desapareció dos terceras partes de los programas de desarrollo rural.

Dirigentes de varias organizaciones campesinas manifestaron su inconformidad con esta política y advirtieron que, este año, los más de 450 mil productores agrícolas básicos de la entidad verán acentuada su vulnerabilidad socioeconómica, y en algunas de las regiones con mayores problemas de marginación es posible la hambruna.

La reducción en el gasto federal para la agricultura y el desarrollo rural de Oaxaca en 2021, aprobada por la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y las fracciones partidistas aliadas, es inferior en 63.9 por ciento respecto al presupuesto del último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

En 2018, Oaxaca recibió 747 millones 100 mil pesos para financiar nueve programas: Concurrencia con Entidades Federativas, Desarrollo Rural, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, Información Estadística y Estudios, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Abasto Rural (a cargo de Diconsa) y Abasto Social de Leche (a cargo de Liconsa).

En 2019 se redujo a 420 millones 500 mil pesos el presupuesto de los programas Concurrencia con Entidades Federativas, Desarrollo Rural, Información Estadística y Estudios, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Abasto Social de Leche y Abasto Rural. Este recorte de 326.6 millones de pesos (mdp) fue avalado por Morena en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado.

Además de esta reducción, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados Federal, fue acotado el programa de Aseguramiento Agropecuario, que apoya a los productores de este sector con el pago de las primas y cuotas de los seguros de protección a cultivos.

Los diputados federales desaparecieron, también, el de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, conocido como PESA, creado en 2002 a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el que se auxiliaba a comunidades de alta y muy alta marginación. Este programa financiaba proyectos para la producción de alimentos en traspatios, y resolver así las necesidades alimentarias de familias vulnerables.

En 2018, este programa en Oaxaca recibió 348.8 mdp del Gobierno Federal, pero en 2019 ya no obtuvo nada. En los dos últimos años, la administración estatal invirtió en el PESA 651 mdp, beneficiando a 30 mil familias en pobreza y pobreza extrema.

También desaparecieron los recursos destinados a los programas Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, que en 2018 recibieron 28 mdp. Con este dinero se contrataron 308 técnicos que ayudaron a 25 mil productores a mejorar sus sistemas de cultivo.

En la misma situación se halló el programa Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional), que todavía en 2019 contó con un presupuesto de 25.7 mdp.

El programa de Información Estadística y Estudios redujo su gasto de tres a 1.6 mdp; el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, de 58 a 44 mdp y el de Concurrencia con Entidades Federativas no sufrió ningún cambio, pero su presupuesto se mantuvo en 116.3 mdp.

En 2020, los recursos federales asignados a Oaxaca ascendieron a 268.6 mdp y se aplicaron a solo tres programas: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Abasto Social de Leche y Abasto Rural. Estos mismos programas recibirán 270.2 mdp este año, y el Gobierno Federal desapareció los apoyos de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en el rubro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Programa de Aseguramiento Agropecuario en Oaxaca contó, en 2018, con 27.9 mdp; pero en 2019, el apoyo a 20.8 mdp; en 2020 bajó a 10.4 mdp y en el PEF 2021 ni siquiera fue contemplado. Desde el primer año de gobierno de AMLO, el número de beneficiarios por municipio disminuyó en 30.6 en el Proyecto de Desarrollo Territorial, que pertenece al Programa de Desarrollo Rural enfocado a pequeños productores agrícolas. Actualmente, solo 34 de 49 municipios tienen posibilidades de acceder a estos recursos.

Sin embargo, datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) revelan que los 49 municipios incluidos en las Zonas de Atención Prioritaria cuentan con una población de 979.5 mil personas, que el 82.8 por ciento está en pobreza y el 42.1 por ciento en pobreza extrema.

En las dos mil 857 localidades de estos 49 municipios hay 43 mil 180 productores de maíz que cultivan en los dos ciclos, cuyo rendimiento promedio es de 1.7 toneladas (ton) por hectárea (ha) y consumen el 87 por ciento del grano. El año pasado produjeron 217 mil ton. En 2017, la producción anual de frijol fue de 4.4 mil ton con rendimiento de 0.76 ton/ha con un autoconsumo del 88.8 por ciento.

“Considerando la canasta básica alimentaria de Coneval, que calcula 106 kilos anuales de maíz y 24 kilos de frijol, se estima que se requieren para el autoconsumo 103.8 mil ton de maíz; y 23.5 mil ton de frijol. En las dos mil 857 localidades de los 49 municipios existen 754 tiendas Diconsa”, señala el CEDRSSA.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), el 45 por ciento de las localidades en Oaxaca se ubican en el medio rural, es decir, se dedican al trabajo en el campo y aportan el 50 por ciento de la producción económica.

El Programa de Desarrollo Rural está dirigido a incrementar la capacidad productiva de los agricultores de los municipios y localidades de alta y muy alta marginación. En su manejo concurren los gobiernos estatal y Federal, y este año dispondrá de 258.5 mdp para invertir y contempla el acompañamiento de otras fuentes de inversión.

Inconformidad del sector campesino

Para el presidente de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Sebastián López, el Gobierno Federal pretende maquillar los recortes en el gasto agropecuario ofreciéndolos como una política de ahorro; pero en realidad su objetivo es el desmantelamiento de las instituciones sin considerar que, con ello, no solo genera incertidumbre sino que, además, arriesga las cosechas de miles de campesinos, sus ingresos de por sí ínfimos y su sobrevivencia.

Sebastián López explicó así el desmantelamiento de las instituciones generado por la “política de ahorro” del Gobierno Federal: “por ejemplo, la Sader tiene un programa de innovación tecnológica que era operado por 56 trabajadores. El actual gobierno despidió a 50 y solo dejó a seis trabajadores, lo que dificulta que el programa pueda operar eficientemente”. Luego, cuando no puede aplicar los recursos, los reintegra a la Federación.

“Hay incertidumbre porque las instituciones no están funcionando y paralelamente crearon una burocracia alterna que han llamado ‘servidores de la nación’ (que no contribuyen al funcionamiento de esas instituciones”, denunció.

Por otro lado, la Sedapa cuenta con un presupuesto de 272 millones 725 mil 757.21 pesos para este año; pero este dinero apenas le alcanzará para cubrir el pago de salarios del personal burocrático, así como las prestaciones laborales de 990 trabajadores sindicalizados y de 110 trabajadores de confianza, mandos medios y superiores, que consumen 270 mdp.

El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos afirmó que los recortes presupuestales a las actividades agropecuarias y la desaparición de programas de fomento productivo provocarán que, este año, el país enfrente problemas para satisfacer la demanda de la canasta básica alimentaria.

Para el dirigente campesino, el Poder Legislativo federal, conformado mayoritariamente por diputados de la alianza formada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), será “responsable y cómplice del recorte al campo, al otorgar un raquítico presupuesto de 49 mil 291 millones de pesos en 2021 a la Secretaría de Agricultura”.

López Ríos recordó que, en 2018, el presupuesto para el campo fue de 74 mil 476 mdp; en 2019 se redujo a 65 mil mdp; y en 2020 se ubicó en 47 mil mdp.

El CEDRSSA destacó que el Programa Especial Concurrente (PES) tiene previsto un gasto de 335 mil 227.6 mdp en el PEF 2021, monto cuatro mil 643.2 mdp menor al presupuesto que tuvo en 2020 (4.7 por ciento). Este programa es el instrumento del Gobierno Federal para generar y diversificar empleo en el campo, para garantizar bienestar e incorporar a su población al desarrollo nacional.

Sin embargo, estos objetivos están muy lejos de lograrse debido a las crisis sanitaria y económica. El año anterior, el 2020, no fue bueno para los productores agrícolas de Oaxaca, quienes registraron un déficit en la producción de alimentos y padecieron una crisis alimentaria.

Si los gobiernos Federal y estatal no implementan, en lo inmediato, un programa de incentivos para superar las dificultades del sector, propiciadas por la sequía, la pandemia de Covid-19 y el desplome económico, la población mayoritaria de Oaxaca agudizará la inanición que padece desde hace décadas.

El maíz, principal alimento básico en el país, tiene un déficit de alrededor de 400 mil ton y no garantiza el consumo local. La sequía de 2019 provocó la pérdida de 200 mil ton; y el hecho de que el 75 por ciento de la producción en la entidad sea de autoconsumo agrava la situación.

La producción de hortalizas enfrenta una situación similar debido, básicamente, a que la crisis económica derivada de la pandemia ha dejado sin recursos a gran parte de la población y estos productos se quedan sin venta, además de enfrentar restricciones en los mercados municipales.

El tomate, sin embargo, no ha sufrido ningún impacto en su producción ni en su precio. En febrero, con el inicio de la emergencia sanitaria, se depreció, pero se recuperó rápidamente por su escasez en otras entidades del país.

Raúl Alberto Narváez Labastida, presidente del Sistema Producto Maíz-Frijol y coordinador estatal de todos los Sistema Producto en Oaxaca, propone dos tipos de apoyo. El primero, mediante incentivos productivos (no dinero) al pequeño agricultor y el segundo con el otorgamiento de créditos en avío para la agricultura comercial, con los cuales puedan comprar fertilizantes, semillas y otros insumos.

Narváez afirma que, a diferencia de los gobiernos Federal y estatal, que no han diseñado un programa de rescate a esta rama productiva, los medianos, pequeños y micro empresarios han logrado establecerlo mediante créditos. Esto se debe a que el 98 por ciento de los campesinos no están en un régimen empresarial, no cuentan con RFC y no tienen empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En Oaxaca, explica, hay 450 mil productores de básicos, de los cuales únicamente el dos por ciento está incluido en el régimen contributivo del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los campesinos con menos de cinco ha, sostiene, se sustentan con los cuatro mil 500 pesos mensuales que reciben del Programa de Producción para el Bienestar (anteriormente llamado Procampo), aunque no a todos les está llegando.

Sin embargo, Narváez prevé que la situación socioeconómica de este año requiere mayor atención gubernamental a los problemas y, sobre todo, más apoyos a los productores, ya que la pérdida de 200 mil ton de maíz y las compras desesperadas de este básico propiciadas por la pandemia, permiten calcular que se requerirán al menos otras 100 mil toneladas de este grano.

 “Entonces me atrevo a decir que hay un déficit de 400 mil ton. Por la sequía, por la pandemia y por la poca atención a los programas de rescate de apoyo a los básicos. Por ley se marca que a los básicos hay que ayudarles, no solo en México, sino también en el mundo”, puntualizó.

El presidente del Sistema Producto Tomate, Vicente Santiago Ramírez, precisó que la pandemia ha afectado principalmente a la producción de hortalizas como ejotes, pepinos y calabazas, entre otros, los que generalmente acompañan el cultivo de tomate. Esta afectación es, sobre todo, por las restricciones en los mercados o tianguis que se realizaban en los distintos municipios.

“Los mercados no han estado operando, muchos compañeros han perdido algunas cosechas, sobre todo los que producen verduras como ejote; pero muchos se van a vender a Oaxaca, ahí sigue abierto el mercado, pero en los municipios sí nos han afectado”.

En la producción de tomate, explica, la situación es diferente. Solo en febrero bajaron las ventas y el precio descendió por el pánico que la pandemia propició en la gente. Pero al siguiente mes, los precios se mantuvieron estables, incluso se han incrementado un poco por la escasez de tomate en otras entidades del país, particularmente del centro, entre ellas la Ciudad de México (CDMX) y Puebla.

En Oaxaca hay tres mil 500 pequeños productores de tomate, quienes se han visto afectados por la elevación en los costos de producción, ya que el valor de cambio del dólar aumentó. “Esa parte sí nos está pegando porque los fertilizantes cuestan más, ya que todos los insumos se mueven de acuerdo al dólar. El 50 por ciento de los tomateros está afectado”, aseguró.

Vicente Santiago prevé una posible hambruna si no hay sensibilidad política en los gobiernos Federal y estatales, ya que es urgente el apoyo al sector productivo agrícola, pues se prevé debido a la emergencia de una crisis alimentaria que traspasará las fronteras. “Hay zonas en el mundo que no están produciendo, que están frenadas, o en algún momento se detuvo la producción por un brote de Covid-19. Hay un desequilibrio en el tema de la comida.

“Necesitamos apoyos tanto económicos en el tema de facilitar los créditos, infraestructuras para el caso de los tomates o también que nos garanticen un precio de garantía, que se potencialicen algunas zonas aptas para la producción. Pero hasta ahora ningún gobierno menciona el sector agrícola en sus planes de rescate”, concluyó.

El PEC no dio resultados: Sader

En respuesta a las críticas por el supuesto “ahorro” del Gobierno Federal hacia el campo, la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirma que el Programa Especial Concurrente (PEC) no ha generado mejores condiciones socioeconómicas en el agro debido a su orientación hacia los bienes privados individuales.

Su regresividad aumenta las desigualdades entre regiones y productores; el desacoplamiento de las distintas estrategias de intervención genera duplicidad o anulación en las intervenciones; la captura inadecuada de recursos por ciertos sectores de la sociedad rural, lo que a su vez genera altos costos de transacción y, asimismo, que una parte del dinero público se quede “en el camino”.

La Sader asegura también que el excesivo número de programas “pulverizan” la acción gubernamental, propician la dispersión y no dan claridad a la focalización de las poblaciones-objetivo y provocan que se atienda a productores que no tienen problemas. Además, hay un elevado burocratismo para acceder a los apoyos, mismo que se expresa en sus reglas de operación.