Juana vive con sus dos hijos en la Ciudad de México. Trabaja como empleada seis días a la semana en un puesto ambulante cerca del metro Lagunilla, donde recibe un salario de 200 pesos diarios; su hijo de 17 años tiene una discapacidad que le impide emplearse en otro lado, pero le ayuda en el puesto por 50 pesos.

Al igual que millones de trabajadores mexicanos que padecen precariedad laboral, Juana realiza otras actividades económicas que le van surgiendo a lo largo del mes. Dejó su anterior ocupación porque quedó incapacitada al resbalarse en el metro cuando transportaba la comida que vendía en Ciudad Universitaria; nunca fue indemnizada. Siempre tiene la preocupación de si llegará a fin de mes, dado que tiene que pagar los tres mil 500 pesos de renta mensuales, porque después de su divorcio se quedó sin casa, y gasta 74 pesos diarios para trasladarse a su lugar de trabajo. 

¿Qué es el trabajo precario? 

Generalmente se identifica como trabajo precario a los empleos que tienen alguna de estas cuatro características: 1) No hay seguridad en las relaciones laborales por falta de un contrato o la contratación es por un tiempo definido; es decir, no hay certeza a futuro sobre sus ingresos laborales porque pueden ser despedidos o porque eventualmente tendrán que dejar ese trabajo. 2) Insuficiencia salarial, esto es, cuando el pago por el trabajo realizado no es suficiente para la alimentación, educación, vivienda, vestido, y demás elementos necesarios para vivir dignamente. 3) Desprotección laboral, porque los trabajadores carecen de prestaciones laborales y protección social. Es necesario puntualizar que esta característica no es propia sólo del sector informal, sino también del trabajo formal flexible o de la falta de protección sindical. 4) Vulnerabilidad laboral, que se da cuando las condiciones en las que se labora ponen en riesgo la salud o la vida de los trabajadores por la inexistencia de equipo de protección o la insalubridad donde se trabaja. 

Algunos datos

En México no existe un indicador específico que sirva para contabilizar la población en precariedad laboral, pero se pueden hacer estimaciones con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. La única característica del empleo sobre la que no existen datos es la vulnerabilidad laboral. Sin embargo, existen muchos casos como el de la Sra. Guadalupe, quien labora en la industria textil en Tehuacán y recientemente, al presentar dificultad para respirar y opresión en el pecho, se descubrió la presencia de pelusa en sus pulmones, cuyo origen se halla en las telas que manipula en su trabajo. 

En 2023, 29 millones de trabajadores recibieron un salario menor a 2.5 salarios mínimos, el necesario para adquirir la canasta básica. De los 59.5 millones de mexicanos ocupados, alrededor de 40.9 millones son “subordinados y remunerados” –el resto son empleadores, trabajadores por cuenta propia o no se les proporciona un salario para trabajar. De éstos, sólo 23.3 millones tienen un contrato por escrito (3.5 millones por trabajo temporal) y 17 millones no contaron con uno. De igual manera, 13.3 millones de trabajadores no contaron con prestaciones sociales. Es necesario evidenciar, además, que 15.4 millones de personas trabajaron más de 48 horas, es decir, su jornada laboral fue de más de ocho horas al día, si tomamos en cuenta que a la semana sólo tuvieron un día de descanso. 

Las causas de la precariedad laboral

Bajo crecimiento económico. La primera es el pobre crecimiento económico que ha tenido nuestro país desde hace cuarenta años; no ha sobrepasado el dos por ciento en promedio y este sexenio fue de 0.8 por ciento. El problema del bajo crecimiento de la producción nacional es que no permite la creación de empleos que absorban la mano de obra de los jóvenes que se van sumando al mercado laboral. A decir del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO), en México se necesita crear al menos 1.2 millones de empleos anuales para responder a la necesidad de trabajo de quienes se integran cada año a la Población Económicamente Activa (PEA) y de la gran cantidad de población que se encuentra laborando en el sector informal; sin embargo, no hemos logrado alcanzar esa cifra. Cabe aclarar que, dado que no todos los empleos creados son permanentes, la creación de empleos registrados en el IMSS como empleos formales nuevos no pueden clasificarse como no precarios. Por ejemplo, del empleo creado en 2023, sólo el 75.9 por ciento corresponde a puestos permanentes; el resto son temporales.

Al no haber suficiente oferta de puestos de trabajo en el sector formal, los mexicanos se ven en la necesidad de buscar otro lugar donde vender su fuerza de trabajo: en el sector informal o migrando a otros países en busca de opciones de trabajo. La escasez de empleo formal y permanente provoca el florecimiento del sector informal, donde generalmente los empleos ofrecen relaciones laborales sin contrato de por medio, con vulnerabilidad laboral porque las actividades no están reguladas por el Estado y sin prestaciones sociales. Otra válvula de escape a la falta de empleo es la migración, de la que hablaremos en otra ocasión.

Correlación de fuerzas: trabajadores-capitalistas. Al no haber suficientes espacios para la población que necesita vender su fuerza de trabajo, obtener un salario y sobrevivir, los trabajadores quedan a merced de los patrones y las condiciones que éstos les impongan para darles el empleo. Esto quiere decir que la correlación de fuerzas entre trabajadores y patrones favorece a éstos últimos, a los dueños del dinero, porque al haber menos empleos que trabajadores, pueden remplazar fácilmente a quien proteste contra las condiciones laborales que les imponen en los contratos. Evidencia de esto es el rezago histórico de los salarios, que no han vuelto a recuperar los niveles de la década de los setentas. Desde finales de los ochenta, la mayoría de los trabajadores no han participado de las luchas sindicales por el incremento de los salarios, por la conquista de prestaciones sociales o mejoras en los contratos laborales. Sólo en algunos casos, por ejemplo, la huelga por aumentos salariales de los trabajadores de la planta San José Chiapa, Puebla, de la empresa Audi. Más aún, la mayoría de los trabajadores informales no tienen posibilidades de dar luchas sindicales, buscar aumentos en sus salarios o tener prestaciones laborales.

La inserción de México a la economía global. Nuestro país tiene la característica de ser subdesarrollado, dados sus bajos indicadores de productividad laboral, crecimiento económico y PIB per cápita. Además, se destaca por la gran pobreza de su población y su gran brecha de desigualdad entre pobres y ricos. México se ha insertado en la división del trabajo global en actividades productivas, principalmente maquiladoras, es decir, especializadas en el ensamblaje de piezas producidas y traídas del extranjero. La mayoría de estas actividades son intensivas en mano de obra, esto quiere decir que invierten menores cantidades de capital en maquinaria y equipo, priorizando el mayor uso de trabajadores en la producción porque resulta más barato, lo que contribuye a reducir los costos de las empresas. Así, los salarios en México son especialmente más bajos que en otros países como Estados Unidos o los europeos. Las grandes empresas que realizan esta actividad productiva son extranjeras, y a pesar de que emplean a un mayor número de trabajadores respecto a las otras empresas mexicanas, éstas no tienen la capacidad de absorber a toda la mano de obra nacional. 

Política laboral de la 4T: salario, outsourcing y política sindical. En entrevista con Bloomberg Línea, Altagracia Gómez Sierra, una empresaria heredera de un conglomerado empresarial del Norte del país y a quien la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como enlace de su gobierno con los empresarios, dijo que “los mayores éxitos de esta administración (la del sexenio que encabezó el expresidente Andrés Manuel) fueron acordados con la iniciativa privada: el aumento al salario mínimo, la reducción o eliminación del outsourcing (…) y la reforma de pensiones. Las tres cosas que se hicieron fueron con el acuerdo de la iniciativa privada”. Veamos en qué consistieron estos “grandes éxitos” y por qué podemos afirmar que los grandes capitales del país están de acuerdo, a pesar de que una mirada rápida sugiera que éstas van en detrimento de sus ganancias, porque incrementan sus costos laborales.

El incremento del salario mínimo 

Durante el sexenio hubo un incremento regular del salario mínimo; éste pasó de 88.36 a 248.84 pesos, un incremento del 181.62 por ciento, a razón de 30.17 por ciento anual en promedio. Aun quitándole el efecto de la inflación, el incremento fue de 60 por ciento, es decir, hubo una recuperación del poder adquisitivo del salario. Los gobiernos anteriores, argumentando que los incrementos al salario harían subir los precios, dando pie a una escalada inflacionaria, contuvieron el salario mínimo hasta provocar la pérdida de su capacidad adquisitiva. Es decir que, aunque no disminuía nominalmente, pues los trabajadores seguían percibiendo la misma cantidad o incluso un poco más de dinero, con ese salario se podía adquirir cada vez menos productos. La premisa de que todo incremento salarial es inflacionario se ha demostrado falsa, pero esto no puede seguir así en el largo plazo si no viene acompañado del incremento en la productividad del trabajo. La reforma también ha establecido que el incremento salarial tiene que ser mayor a la tasa de inflación –no hay que olvidar que la Ley Federal del Trabajo ya establecía que debía “ser remunerador”– y a pesar de ella, el salario real cayó en picada.

Un salario mínimo mensual apenas puede comprar actualmente 70 por ciento de los bienes que conforman la canasta básica mensual de un hogar de cuatro elementos; es decir, los trabajadores aún no pueden satisfacer sus necesidades materiales para una vida digna con su salario mínimo. Además, ya con el incremento aprobado, los patrones mexicanos siguen pagando la hora de trabajo por debajo de lo que pagan en Estados Unidos; la diferencia existe incluso entre trabajadores de la misma rama económica y con productividades similares. 

Pero el incremento del salario mínimo en México estuvo en gran parte espoleado por la renegociación del T-MEC, uno de los pilares de la economía mexicana sin el que muchos empresarios afincados en México verían comprometidos sus capitales, pues se les negaría la entrada a un mercado gigantesco. Algunos sectores estadounidenses acusaron a nuestro país de estar haciendo “competencia desleal” mediante salarios artificialmente bajos; por lo que exigieron un incremento salarial y México –con los empresarios en punta– no pudo sino aceptar estas condiciones. Otro de los impactos positivos previsibles para los empresarios era el incremento del consumo de los hogares; en el sexenio éste se incrementó casi 20 por ciento, algo nada despreciable para una economía que apenas creció 0.8 por ciento.

La prohibición de la subcontratación u outsourcing 

En abril de 2021 fue aprobada la iniciativa de limitar la subcontratación. La ley prohíbe la subcontratación de personal con excepción de “servicios especializados que no formen parte del objeto social o la actividad principal de la empresa”. La reforma obliga a hacer contratos en regla a los trabajadores subcontratados y sanciones más duras a quien viole la nueva ley.

El outsourcing efectivamente perjudica a los trabajadores, vulnera sus derechos, porque permite evadir la obligación de las empresas de dar a los trabajadores prestaciones como el acceso a la seguridad social –salud, seguros contra accidentes o fallecimiento, y pensión–, así como respetar su derecho a la organización y a la lucha. Su prohibición era de elemental justicia con los más de cuatro millones que padecían esta condición de subcontratación.

La reforma al sistema de pensiones 

Fue aprobada en diciembre de 2020; consistió en la reducción de las semanas de cotización mínimas para que los trabajadores puedan tener una pensión de  mil a mil 250  semanas. Esta reducción no es menor, implica pasar de 24 a poco menos de 20 años de vida activa necesaria para tener un retiro laboral. Asimismo, estableció un aumento paulatino de las aportaciones patronales al sistema de pensiones que pasarán de 6.5 por ciento a 11.8 por ciento en 2030. 

En mayo de 2024 se aprobó la formación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tendría como finalidad completar la pensión de aquellos que tengan una pensión menor al salario promedio de los empleados afiliados al IMSS –hoy ubicado en torno a los 18 mil pesos mensuales. La población beneficiaria serían los mayores de 65 años que empezaron a cotizar con la ley de pensiones vigente desde 1997. Este fondo se formaría de las cuentas de pensiones de personas mayores de 70 años que no hayan sido reclamadas y que se estima suman más de dos mil millones de dólares –casi 70 por ciento de los 64 mil millones de pesos que se proponen como capital inicial del fondo. Ésta es la estrategia de hacer caravana con sombrero ajeno. A los empresarios –sobre todo los que no están directamente relacionados con el sistema financiero nacional, que no sacan nada del manejo de estos ahorros– les resulta loable y meritorio de aplauso esta medida que no les cuesta nada a ellos. Por otra parte, la iniciativa crea incentivos para alargar la vida laboral hasta después de los 65 años, pues sólo así se puede conseguir una pensión equivalente al 100 por ciento de su salario al momento de jubilarse.

Finalmente, sobre la mesa de la Cámara de Diputados está una iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; de aprobarse, implicará un incremento del salario por hora. Lo cierto es que a esta reforma se le han puesto obstáculos incluso por la bancada morenista. Así que habrá que esperar a ver qué ocurre con ella.

Estos cambios se gestaron en un contexto de desorganización de los trabajadores; no son conquistas de la lucha de los sindicatos y otras organizaciones. Éste es un problema porque, en caso de que las voluntades políticas cambien, ¿quién sentirá que le arrebatan derechos que le corresponden si no es consciente siquiera de ellos? 

Los empresarios valoran en mucho un ambiente laboral sin conflictos porque permite mantener continua su producción –una condición que es en sí misma una fuerza productiva, es decir, que potencia la productividad del trabajo. Ceder al incremento de la porción de producto social que toque a los trabajadores, considerando la enorme brecha abierta por los gobiernos anteriores, parece salirle a cuenta. Sin embargo, con el adelgazamiento del Estado y el recorte del personal de inspección, así como la poca organización de los trabajadores, ¿quién vigila que se cumplan las leyes?, ¿qué tanto impacto tiene sobre la situación de los trabajadores si éstos no encuentran un empleador?

En el sexenio ha habido avances en el combate a la precariedad laboral. Sobre todo en términos relativos, porque a causa de los prejuicios de la tecnocracia gobernante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos eran mucho peores que las del promedio mundial. Pero ese avance es insuficiente. Sigue habiendo, y en cantidad escandalosa, precariedadd laboral en México. La precariedad laboral es una causa directa de la pobreza y la vulnerabilidad que padece casi el 70 por ciento de la población mexicana. El combate a la pobreza por este medio es eficaz y más consistente, es decir, menos reversible porque el salario no es una dádiva que dependa de la voluntad de otro, sino producto directo del trabajo que realiza el empleado; en esa medida nadie le regala nada al trabajador. 

¿Cómo combatir la precariedadd laboral? 

La única manera de combatirla es creando empleos bien remunerados. Esto sólo es posible si se promueve el desarrollo económico. Un desarrollo de calidad, sostenible en el largo plazo y con un profundo compromiso con la distribución de la riqueza. Eso no se está haciendo. 

México tiene potencial para detonar su crecimiento económico: una población joven, buena parte de ella con alto grado de calificación para el trabajo, y una gran cantidad de riquezas naturales que hace falta poner realmente a disposición de su población. ¿Qué falta? Capital suficiente para poner en marcha esas potencialidades. Por ello urge un plan de desarrollo industrial que potencie las ventajas competitivas que el país ha acumulado, pero que procure en el largo plazo reconstruir el tejido industrial mediante el encadenamiento de las distintas fases de la producción manufacturera, que procure reforzar las cadenas de suministros interiores, que extienda y eleve la calidad de la infraestructura de comunicaciones, energéticas, así como el desarrollo tecnológico. Y que abata las desigualdades regionales.

De otro lado, para no desandar el camino como sea que se haya recorrido, los trabajadores tendrán que luchar por que se cumplan las leyes y se siga avanzando. Para ello, requieren sindicatos fuertes, democráticos y combativos. Sin ellos, aun este avance podría acabar desvaneciéndose ante el embate del poder económico de las empresas.