El 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río se hallaba en el cuarto año de su mandato, decretó la nacionalización de la industria petrolera. Según los historiadores, esta decisión no fue una medida improvisada y desesperada para sortear dificultades inmediatas, sino que, en 1925, la proyectó con su contemporáneo, el revolucionario Francisco J. Múgica, cuando fue jefe de la zona militar de la Huasteca veracruzana y, desde entonces, estaba convencido de que la solución a los principales problemas del país pasaba por la recuperación de los recursos de la nación. Estas ideas se consolidaron cuando inició su campaña política de cara a la Presidencia de la República.

A decir del historiador Ricardo Pérez Montfort, durante el recorrido que hizo en el país, en 1933, Cárdenas conoció las severas circunstancias sociales que padecía la mayoría de los mexicanos, tomó conciencia de las grandes dificultades que implicaría revertir este “olvido de la Revolución” y comprendió que, para sortearlas, la única forma de hacerlo sería con el apoyo y la acción de los trabajadores fabriles y del campo. De manera premonitoria, en un mitin que encabezó en Tabasco en 1933, Cárdenas declaró: “la patria no es sino el disfrute común de las riquezas del territorio”.

En 1938 hubo una fuerte disputa entre los empresarios petroleros, en su mayoría estadounidenses, daneses e ingleses y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debido a la explotación laboral de que eran víctimas, y a un adeudo impago de 26 millones de pesos (mdp); pero las demandas centrales eran el alza salarial de los trabajadores y la firma de contratos colectivos. En esta lucha fue determinante la organización de los trabajadores, quienes pusieron contra las cuerdas a las grandes empresas extractivas. Tal era el poder de negociación del sindicato petrolero, que logró una reunión con los directivos de las compañías más importantes, entre ellas la Sinclair Pierce Oil Company, la California Oil Company y la Stanford Oil Company.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dictaminó a favor de las demandas del STPRM, entre ellas el pago del adeudo de 26 mdp en indemnizaciones. Acostumbradas a que siempre eran favorecidas por las autoridades en sus problemas legales y con grandes beneficios fiscales, las corporaciones petroleras amenazaron con retirar sus inversiones y durante un lapso se negaron a acatar la resolución judicial.

Después de una serie de fallidas negociaciones, el viernes 18 de marzo de 1938 a las 22:00 el presidente Lázaro Cárdenas del Río dio un mensaje radiofónico en cadena nacional con el que anunció a los mexicanos que su gobierno había expedido un decreto para expropiar los bienes de las 16 empresas extranjeras que extraían petróleo en territorio nacional, medida que se apoyaba en el Artículo 27° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que “corresponde a la nación el dominio directo de los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles de minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos”.

El analista e historiador Adolfo Gilly escribió que el presente de México, como Estado-Nación, pasó por la recuperación y consolidación de estas tres conquistas del gobierno de Cárdenas del Río: el ejido, las empresas paraestatales y los sindicatos obreros. Sin embargo, es importante aclarar que hoy estamos en condiciones distintas; que el planeta exige reconsiderar las prácticas actuales de la industria energética y que, poco a poco, el petróleo y el carbón son remplazados por otro tipo de energías debido a que resultan muy contaminantes. Por ello, la tradición cardenista con respecto a este asunto solo puede verse replicada a través de fuertes inversiones en educación, investigación científica y tecnológica y la creación de empresas públicas destinadas a producir energías limpias. Es decir, para anticiparse al futuro, el Estado debe mantener la propiedad de los recursos en manos de los trabajadores. La patria, a final de cuentas, debe ser el disfrute común de todas las riquezas naturales del territorio.