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En lo que va de 2025, el Gobierno Federal ha contabilizado 25 mil 70 carpetas de investigación por abuso sexual en el país, entre ellas la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue víctima de acoso sexual en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México; el hecho fue grabado y se viralizó en redes sociales.

Aunque usuarios en X y otras plataformas cuestionaron la autenticidad del video, al que calificaron como posible “estrategia política” o “montaje”, el incidente evidenció que la violencia sexual afecta a mujeres de todos los ámbitos, incluso a la titular del Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno Federal reconoció que las denuncias formales ante fiscalías estatales y federales representan sólo una parte de los casos reales, debido a una “cifra gris” no reportada por temor, desconfianza o trabas institucionales, como la falta de pruebas, el tiempo de proceso o el rechazo en el Ministerio Público.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 45 por ciento de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de abuso, equivalente a casi la mitad de la población femenina del país.

Además, el INEGI advirtió que el delito de abuso sexual carece de una tipificación uniforme: en 19 entidades existen criterios amplios y agravantes, en nueve se considera delito de tipo penal, y en cuatro ni siquiera se define con claridad.

De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, el abuso sexual comprende tocamientos obscenos, obligar a presenciar actos sexuales o exhibir el cuerpo de la víctima, con penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa, agravadas en casos de violencia física o vulnerabilidad.

Tras el incidente, Sheinbaum presentó una denuncia penal contra su agresor. En respuesta, el Gobierno Federal anunció una estrategia nacional para homologar los códigos penales y reducir la subdenuncia en todo el país.

La primera reunión está programada para el jueves 13 de noviembre, con la participación de presidentas de comisiones de género de los congresos locales. El encuentro busca agilizar los procesos de denuncia mediante el número 079.

El plan incluye la distribución de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en escuelas, clínicas y comunidades, a través de 600 asambleas municipales en los 32 estados.

Asimismo, contempla campañas de sensibilización, capacitación con perspectiva de género para ministerios públicos y protocolos contra el acoso en transporte público y centros educativos.

Por último, informó que los primeros resultados de la estrategia se presentarán el 25 de noviembre, durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.