En Oaxaca, la Universidad Intercultural del Pueblo (UIP), creada en 2019 con un modelo educativo propio, vive una crisis debido a la opacidad en la rectoría, falta de certificación para sus egresados, contratación laboral precaria de sus docentes y desconfianza de la comunidad estudiantil.

El surgimiento de la UIP representó una opción distinta y una ruptura con el modelo tradicional que durante décadas ha excluido a las comunidades indígenas y rurales del sistema educativo formal, porque fue diseñada por docentes que decidieron construir una alternativa basada en los saberes de los pueblos originarios y la pedagogía crítica.

Desde su origen, se propuso enseñar y aprender de forma distinta, donde el conocimiento no se transmite de manera vertical, sino a través de un proceso educativo horizontal y colectivo con el reconocimiento de la diversidad cultural de Oaxaca, iniciativa que tiene una profunda carga social y política.

El crecimiento de la universidad fue sostenido en gran medida por el compromiso de su comunidad académica, en particular el de los docentes, que aceptaron impartir clases con base en el modelo laboral del tequio desde el inicio, es decir, sin recibir salario y apostando al trabajo colectivo.

Esta dinámica permitió que la UIP se extendiera hasta 17 unidades académicas distribuidas en varias regiones del estado, alcance territorial que permitió cubrir las necesidades de educación superior a numerosas zonas marginadas.

Hoy, sin embargo, este crecimiento es uno de los principales factores de tensión; ya que, a más de seis años, los docentes no han recibido remuneración, mientras que la burocracia administrativa tiene salarios estratosféricos. Esta distinción tiene inconformes a los maestros.

Ruptura del modelo original

El punto de quiebre en la UIP se dio en 2024, cuando el Congreso del Estado formalizó su reconocimiento y fue incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, lo que aparentemente significaría un paso hacia su consolidación, pero que derivó en un cambio con modificaciones drásticas que, a decir de docentes y estudiantes, hizo que funcionara diferente.

A partir de ese momento comenzaron a percibirse tomas de decisión centralizadas, reducción de la participación colectiva y, sobre todo, opacidad en la administración de los recursos públicos asignados a la universidad, encabezada por la rectora Sofonías Milca Antonio González, quien ha promovido la ruptura con el modelo original comunitario.

Las tensiones se intensificaron cuando se publicaron los números del ejercicio presupuestal correspondiente a 2025, los cuales muestran que entre enero y septiembre se ejercieron más de tres millones 600 mil pesos en distintos rubros administrativos.

De ese monto, más de un millón de pesos (mdp) se destinó al pago de salarios de mandos medios y superiores, es decir, a la estructura burocrática de la rectoría, mientras quienes sostienen las actividades académicas, los docentes, siguen sin recibir pago alguno.

La comunidad universitaria ha interpretado esta situación como una contradicción directa con el espíritu fundacional del proyecto, ya que mientras quienes enseñan lo hacen sin remuneración, los que administran sí perciben ingresos, lo que genera un desequilibrio que trasciende lo económico y se convierte en un problema ético y político.

El análisis del gasto revela, además, una desconexión entre la asignación de recursos y las necesidades de la comunidad estudiantil. De acuerdo con la información disponible, una parte significativa del presupuesto se destinó al arrendamiento de inmuebles, viáticos, pasajes aéreos y terrestres, así como a la organización de congresos y reuniones, incluso al pago de banquetes; mientras que se reporta la falta de materiales básicos para la enseñanza en las unidades académicas.

Esta disparidad ha sido denunciada por los docentes y estudiantes como una muestra de que el problema no radica en la cantidad de recursos disponibles, sino en la forma en que éstos son utilizados, porque el gasto administrativo no se traduce en un mejor aprendizaje ni en infraestructura educativa adecuada.

La voz comunitaria 

Para los estudiantes, la crisis no es financiera ni administrativa, sino un problema que impacta directamente el proceso formativo. Muchos de ellos estudian en espacios improvisados, no tienen acceso a materiales didácticos y les resulta más preocupante no tener certeza de que sus carreras serán reconocidas fuera de Oaxaca o en la misma entidad.

Tal situación arriesga no sólo su presente académico, sino también les genera incertidumbre respecto a su futuro profesional; ya que la falta de certificación plena de los estudios limita las posibilidades de insertarse en el mercado laboral y cuestiona la validez de los estudios.

Por ello, la voz de los estudiantes ya adquirió mayor relevancia, sobre todo a través de sus movilizaciones y pronunciamientos públicos, en los que exigen soluciones. Marcos Luis Silva Jiménez, representante estudiantil de la unidad académica de la UIP de Oaxaca-capital, reveló a buzos que la principal preocupación de la comunidad radica en la incertidumbre relacionada con el reconocimiento de sus estudios: 

“Estamos estudiando, pero no tenemos certeza de que nuestros estudios vayan a ser reconocidos. La mayor preocupación que tenemos como estudiantes es que nuestro esfuerzo académico podría no tener validez oficial”, señaló; y agregó que este problema afecta ya a quienes han concluido su formación:

“Más de 600 egresados de tres generaciones no cuentan con documentos que acrediten sus estudios, porque no se han completado los trámites para el reconocimiento de las carreras; y eso nos deja en una situación de total incertidumbre”, alertó.

El representante estudiantil también denunció que “hay unidades donde no tenemos ni lo básico. No es un tema de lujo, es un tema de condiciones mínimas para poder aprender; y aun así seguimos porque creemos en el proyecto…. Sabemos que hay dinero, pero no se refleja en las aulas, mientras hay gastos en otras cosas, seguimos sin material; y eso es lo que genera molestia”.

Marcos Luis subrayó que las demandas del movimiento estudiantil son concretas: “Lo que pedimos es reconocimiento oficial, transparencia en los recursos y condiciones dignas para estudiar. No estamos pidiendo más que lo necesario para que la universidad funcione”.

Rocío Martínez Colorado, coordinadora general de la Unidad Académica Chiltepec, informó que la comunidad docente ha sostenido el proyecto bajo condiciones que ya no son sostenibles: “Desde hace seis años trabajamos bajo el tequio pedagógico, una modalidad que permitió que la universidad creciera, pero que no puede mantenerse indefinidamente sin condiciones laborales dignas”.

La maestra advirtió también que el compromiso inicial no ha sido correspondido con estabilidad laboral; e indicó que el reconocimiento institucional no se ha traducido en avances para el personal docente. “Se obtuvo la clave de centro de trabajo y se anunciaron recursos, pero no vemos avances en la contratación ni en la regularización del personal”, precisó.

La coordinadora también expresó su preocupación por la opacidad en la administración de los recursos. “No hay información suficiente sobre cómo se están utilizando los recursos, y eso genera desconfianza porque no se refleja en las condiciones académicas”.

Y explicó que el problema que enfrenta el proyecto educativo no es únicamente administrativo, sino también estructural: “la universidad nació desde las comunidades y el reto es que no se pierda esa esencia porque, de lo contrario, se estaría desvirtuando el objetivo con el que fue creada”.

La visión oficial

En medio del conflicto institucional, la información oficial insiste en que la UIP ha operado bien, que su matrícula ha crecido significativamente y que, a pesar de las condiciones adversas, todavía representa una opción educativa para cientos de jóvenes en el estado.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca enfatizó el crecimiento de la matrícula entre los meses de enero y junio de 2025, cuando se mantuvo en 798 alumnos; y que después de la convocatoria de agosto de ese mismo año alcanzó la cifra de mil 245 estudiantes, de los cuales 625 fueron reinscritos y 620 de nuevo ingreso. Precisó que de los mil 245 alumnos, 859 son mujeres y 386 hombres, distribuidos en las 16 unidades académicas del estado, en las que el modelo educativo tiene una creciente demanda a pesar de la incertidumbre prevaleciente en su alumnado y personal docente.

Este crecimiento –insiste– fue objeto de validación mediante una auditoría de matrícula realizada en cumplimiento de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, la cual se efectuó por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior; este resultado ha sido empleado como argumento para refutar los señalamientos de opacidad en otros rubros, particularmente en el uso de los recursos financieros.

Los datos, sin embargo, también evidencian una paradoja central sobre la crisis de la UIP: la matrícula está creciendo, reporta información auditada con alto nivel de confiabilidad y cuenta con una planta docente amplia, pero, al mismo tiempo, enfrenta problemas estructurales relacionados con docentes sin honorarios, la ausencia de reconocimiento pleno de sus programas educativos y la incertidumbre que afecta tanto a estudiantes como a egresados.

Un futuro incierto 

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la comunidad universitaria ha optado por la movilización, que consiste en marchas y bloqueos en varias regiones del estado para evidenciar y exigir solución a sus demandas.

Estas acciones también buscan denunciar que, con la desatención a sus problemas, las autoridades están incurriendo en una posible violación a su derecho a la educación de calidad y a que sus estudios sean reconocidos, y que el proyecto educativo está por desaparecer.

Ahora mismo, el desarrollo de la UIP se encuentra en una etapa crítica debido a dos visiones contrapuestas: la de un proyecto comunitario basado en la participación colectiva; y la de un proyecto institucional que tiende a ocultar la administración de recursos, a centralizar las decisiones y burocratizar las actividades.

Esta tensión derivó de la integración de la UIP a las estructuras formales que arriesgan su esencia porque reproducen las dinámicas educativas que busca cuestionar.

En este escenario, el futuro de la universidad dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus actores para redefinir el rumbo del proyecto con mecanismos de transparencia, garantías laborales para sus docentes y el reconocimiento oficial de los estudios a sus alumnos.

De lo contrario, la UIP podría convertirse en un ejemplo más de cómo un proyecto con vocación social y comunitaria puede debilitarse por las contradicciones internas y las limitaciones institucionales.

Pero no sólo está en juego el funcionamiento de una universidad, sino también la viabilidad de un modelo alternativo en Oaxaca; un esquema que, desde su origen, busca transformar la relación entre conocimiento, comunidad y poder social y político.