Para empoderarse, las bandas criminales aprovecharán las elecciones de este año, la polarización social y el debilitamiento del Estado de derecho fomentados desde la Presidencia de la República durante estos poco más de cinco años de gobierno.

En el análisis Diez riesgos políticos para 2024, publicado el nueve de enero, analistas especializados de la empresa Integralia Consultores revelan que a la polarización provocada por las competencias partidistas se suman los cinco años de lances autoritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la cada vez más evidente intención de los grupos criminales de ampliar su impunidad y redes de influencia política y gubernamental.

“Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil”, alertan.

Los expertos destacan que el asedio del Presidente contra los árbitros electorales (Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y la incitación a un clima de polarización política, “hacen de 2024 un año de riesgo político alto”, porque AMLO se muestra decidido a conservar en el poder a Morena a cualquier costo.

Los comicios del próximo dos de junio serán los más amplios de la historia, porque se renovarán 20 mil 367 puestos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX); 16 alcaldías capitalinas, mil 802 presidencias municipales, mil 98 diputaciones locales, poco más de 14 mil regidurías, más de mil sindicaturas, así como unos 400 cargos auxiliares locales.

Luis Carlos Sánchez, especialista en Seguridad Pública de la organización civil Causa en Común (CC), comentó a buzos que se advierte un deterioro en el país, no sólo en el rubro de seguridad, sino también en la sociedad misma que parece empezar a ver la violencia como si fuera algo normal.

De acuerdo con la firma T-ResearchMX, que se ocupa, entre otros problemas sociales, de contabilizar los homicidios, hasta el pasado 18 de enero se habían registrado 176 mil 931 homicidios en lo que va del gobierno de AMLO, cifra que supera los 122 mil 472 registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y los 96 mil 495 en el de Felipe Calderón.

El especialista expuso que además de la inaudita cantidad de homicidios acumulados, que van en ascenso, parecen normalizarse socialmente las casi 112 mil personas desaparecidas, la búsqueda constante de éstas y el hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres descuartizados; “es decir, estamos en un proceso de descomposición social”.

Sánchez resaltó que más allá de la violencia y del creciente número de víctimas, también “se empieza a revictimizar a las personas que sufren estos eventos; ya que desde la política se les estigmatiza”, es decir, por ejemplo, se les señala falsamente como ligadas al narco.

“Si a alguien lo asesinan, será porque algo habrá hecho; si alguien desaparece, seguramente es porque andaba en malos pasos… desafortunadamente hacia allá ha ido la narrativa oficial; y creo que es algo muy peligroso, porque sabemos que no todas las víctimas estaban involucradas con asuntos criminales”.

El investigador advirtió que con esta actitud se alienta indirectamente la impunidad, porque las autoridades no investigan ni castigan debidamente los crímenes. Y a todo esto se agrega el riesgo generado por el constante debilitamiento de las instituciones, a causa de los ataques al Poder Judicial y a los órganos autónomos desde el Gobierno Federal.

“En este constante discurso de querer desaparecerlos, está el riesgo de que no exista división de poderes, lo que sería algo muy grave. Creo que es algo que se debe entender”, insistió Luis Carlos Sánchez.

Fracaso rotundo en seguridad

En su artículo ¿Será necesario comenzar de cero en seguridad el nuevo sexenio?, publicado el cuatro de enero anterior, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, especializado en seguridad pública y justicia, aseveró que en el quinto año de la actual administración Federal “queda perfectamente claro que el gobierno fracasó en cumplir sus metas de seguridad: el país no se pacificó; los delincuentes no dejaron las armas por los tractores; los delitos no bajaron”.

El experto agregó que las cifras estadísticas sobre la inseguridad pública “corresponden al dolor de millones de mexicanos; a la pérdida de vida de más de 170 mil personas; a estragos por lesiones; al miedo de muchos; al desplazamiento forzado de tantas comunidades; a la mala fama de nuestro país en el extranjero y a menos oportunidades de progresar y mitigar la desigualdad social”.

Rivas señaló que el actual gobierno terminará como el peor de la historia en materia de seguridad pública. “La ausencia de una verdadera estrategia de seguridad y la puesta en marcha de proyectos sin planeación adecuada y deficiente ejecución ha derivado en que el país se encuentre en su peor momento de violencia e incidencia delictiva”.

En julio de 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano señaló que el primer semestre del año pasado destacó por su alto nivel de violencia, y denunció una estrategia del Gobierno Federal encaminada a tergiversar la información sobre seguridad pública mediante la manipulación de cifras; esto se observa –expuso– en “la inconsistencia existente entre las declaraciones oficiales y los datos que se presentan, así como las evidencias que apuntan a un maquillaje sistemático de los delitos por parte de diversas autoridades.

“No importa cuántas veces nos repitan que vamos bien en seguridad, que maquillen los datos, la violencia no desaparece por decreto y éste se coronará, por mucho, como el sexenio más violento de la historia”, aseveró el Observatorio Nacional Ciudadano.

En su informe difundido el 10 de enero de 2024, especialistas de la agrupación civil Data Cívica detallan que del 1° de diciembre de 2018 a lo que va de 2024, han ocurrido mil 610 ataques violentos (asesinatos y amenazas) en contra de ciudadanos que realizaban campañas electorales y funcionarios públicos, así como de instalaciones oficiales y partidos políticos.

El documento detalla que el 78.3 por ciento de las víctimas fueron hombres; el 9.3 por ciento eran candidatos a un puesto de elección popular; el 47.6 por ciento se desempeñaban como funcionarios y el 7.8 por ciento eran familiares de las víctimas.

El estado de Guerrero encabeza la lista de más ataques con el 11.3 por ciento; seguido de Veracruz, Guanajuato y Oaxaca que, en conjunto, suman el 38.2 por ciento de las acciones de violencia. En cuanto a municipios, Tijuana, Baja California, es el primero en el listado, seguido de Chilpancingo, Guerrero; Celaya, Guanajuato; y Taxco de Alarcón, Guerrero.

Violento año electoral

Empezando 2024, el cuatro de enero, fue asesinado a tiros Giovanni Lezama Barrera, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, cuando se encontraba en un gimnasio de la ciudad de Cuautla; Lezama Barrera era aspirante a una diputación federal. El siete de enero, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX, Guadalupe Barrón, denunció que en esa madrugada fue baleada su camioneta estacionada afuera de su casa.

El seis de enero fueron abatidos dos precandidatos a presidente municipal: David Rey González Moreno, aspirante del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) a la alcaldía de Suchiate, Chiapas; y Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano (MC) al Ayuntamiento de Armería, Colima.

El 11 de enero fue asesinada a balazos Miriam Ríos, comisionada municipal de MC en la localidad michoacana de Jacona, quien además era presidenta del Colectivo Vive Libre Jacona. El hecho ocurrió mientras atendía su puesto comercial sobre la avenida Juárez, en la ciudad de Zamora.