Las adjudicaciones directas han pasado a ser para el Gobierno federal una prioridad, al dejar de lado la licitación pública, lo que significa una mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas.

Como parte de la investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó instituciones federales que, en 2020, favorecieron los procesos de excepción sobre la licitación pública.

Las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida. La finalidad es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.

Para ciertas instituciones de la Administración Pública Federal, este no es el caso. La elaboración del Índice arrojó algunos de los siguientes resultados:

1. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
2. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020.
3. La Secretaría de Marina (Semar) no destinó recursos por licitación pública en 2020. La Semar adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
4. Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública.
5. Diconsa adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.

La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año, con el objetivo de monitorearlas, el IMCO desarrolló el IRC, el cual identifica las áreas de riesgo y malas prácticas en cada una de las instituciones.