La falta de estrategias en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que ésta ha acentuado, fue la causa de que nueve gobernadores de cuatro partidos opositores y un independiente se integraran en la Alianza Federalista con el objetivo de reducir el impacto negativo de la ineptitud gubernamental. Una de las primeras medidas tomadas por la Alianza, fue dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Este grupo de mandatarios estatales está conformado por gobernadores afiliados a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que han planteado al Gobierno Federal diversas propuestas para mejorar los sistemas de salud pública en las entidades; recuperar la economía a través de apoyos e incentivos a las empresas; redistribuir el gasto fiscal y promover la inversión en energías sustentables.

Durante la LIX Reunión Ordinaria de la Conago del 19 de agosto, la alianza propuso llegar a acuerdos para resolver los graves problemas arriba enunciados. Sin embargo, desde el cinco de agosto, en una de sus conferencias matutinas, el Presidente había atribuido a la Alianza Federalista intenciones políticas relacionadas con las elecciones de 2021.

Lo hizo con burla evidente: “También hay que decirlo, vienen las elecciones, entonces hay ruido, hay bulla, hay alboroto, como pasa en cualquier país del mundo. Nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad”.

El Presidente afirma que existe un diálogo con todos los gobernadores y que tiene comunicación directa con ellos, pero en los hechos no ocurre así. El grupo de gobernadores asegura que López Obrador no los atiende y tampoco lo hace con las crisis sanitaria y económica –en especial el creciente desempleo y los graves problemas de inseguridad pública y violencia criminal–; reclamaron mayor atención a la problemática nacional, porque “ya no funciona la simulación”.

Las denuncias que, en conjunto y en lo individual, han formulado los gobernadores de la Alianza Federal, se basan en los datos estadísticos que el propio Gobierno Federal no puede ocultar. Tal es el caso de los decesos ocasionados por la pandemia del Covid-19, que al inicio de la semana anterior superaron la cifra de 64 mil víctimas, mientras que el número de contagios superó el medio millón.

El desempleo, sin duda el problema económico más grave, en lugar de disminuir, aumenta; además de los 12 millones de trabajadores que perdieron sus plazas durante los meses pasados, hay otros 18 millones que tienen dificultades para adquirir la canasta básica. Existe una proyección que, al final del año, estima que unas 500 mil pequeñas y medianas empresas habrán cerrado por falta de incentivos fiscales.

En el caso del combate a la corrupción, principal bandera política de López Obrador, los mandatarios aseguran que esta práctica nefasta continúa en el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), como se evidencia en varios de los integrantes del gabinete, como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien no incluyó en su declaración patrimonial 23 de sus casas.

Otra de las funcionarias que ha puesto en duda la citada prédica del Presidente –el ejercicio honesto y transparente del poder– es la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, quien declaró poseer un patrimonio muy por debajo del real, pues cuenta con varias propiedades inmobiliarias con un valor de 60 millones de pesos (mdp), según el Registro Público de la Propiedad.

La denuncia más reciente de corrupción en el Gobierno Federal salió a la luz pública a mediados de agosto. En un video, Pío López Obrador, uno de los hermanos del Presidente, aparece recibiendo dinero de David León Romero quien, en ese entonces, era “asesor particular” del gobierno de Chiapas y ambos hablan de “400 y faltan 300”.

La grabación data de 2015 y la entrega de varios montos de dinero, por David León a Pío López Obrador hace referencia a apoyos financieros para una campaña electoral que se venían efectuando durante año y medio. En este sexenio, León Romero se había desempeñado inicialmente como responsable de Protección Civil en el Gobierno Federal y poco antes de la aparición del video, López Obrador lo había designado como operador de una nueva oficina de la Secretaría de Salud (SS) para manejar las compras masivas de medicinas en el exterior e interior del país. Hoy, David León está siendo investigado y fue separado de su cargo.

Los analistas y los críticos del gobierno de la 4T esperaban que el “abanderado” de la lucha contra la corrupción explicara los videos, pero en lugar de ello, López Obrador justificó a su hermano diciendo que el dinero recibido provenía de “aportaciones para fortalecer el movimiento” –Regeneración Nacional (Morena)–; incluso afirmó que no había punto de comparación entre las operaciones ilícitas exhibidas con el caso Emilio Lozoya, en las que se “cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que en esto que puede significar dos millones de pesos”.

Por todo lo anterior, en su más reciente reunión, la del pasado siete de septiembre, por unanimidad, los gobernadores que integran la Alianza Federalista acordaron dejar de participar en las reuniones de la Conago, al considerar que ésta ya no cumple con la función para la que fue conformada. La ruptura se da tras conocerse anticipadamente la aprobación del Paquete Económico 2021, toda vez que el enviado por López Obrador, es un presupuesto centralista, que contempla un incremento a los recursos destinados a megaproyectos y programas sociales del Gobierno Federal mientras aplica  recortes a estados y municipios.

“Hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conago. Vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo y colaboración efectiva”, afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Las demandas de la Alianza Federalista

La salida de la Conago fue la respuesta final al desdén de la 4T, que a 18 años de su integración no habían recibido un trato como el que les ha dado López Obrador. Pero no solo se quejan del trato, sino de la falta de respuesta a propuestas concretas.

La Alianza Federalista dio a conocer su postura mediante una carta pública en la que anticiparon lo que esperaban de la reunión de la Conago realizada en San Luis Potosí el 19 de agosto. En esa carta señalaron que confiaban en que hubiera una apertura del Presidente a sus propuestas para atender los principales problemas generados por la pandemia.

Cuatro fueron los temas que propusieron de “gran importancia para enfrentar esta coyuntura y las dificultades estructurales que vivimos en el país: el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud, a través de diversas medidas de inversión pública, que se traduzca en un acceso efectivo del derecho a la salud; acordar una estrategia y la forma en que se instrumentará la reactivación económica del país, a través de sus estados y municipios”.

Además, demandaron analizar el pacto fiscal, es decir, que la redistribución de la Hacienda Pública obedezca a criterios de justicia y logre reducir problemas de desigualdad en las distintas regiones del país; y concretar en México una política pública para estimular el desarrollo y la utilización de las energías verdes para que haya una mejor relación con el patrimonio natural en el territorio nacional.

Los gobernadores panistas inconformes son: de Aguascalientes, Martín Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Del PRI, Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila y José Ignacio Peralta, de Colima; del MC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; del PRD, el michoacano Silvano Aureoles y de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

La carta, titulada Postura de los Estados de la Alianza Federalista ante la próxima Reunión Ordinaria de la Conago, justifica sus planteamientos en el hecho de que “la epidemia ha provocado la crisis económica nacional más profunda del último siglo, con una caída del 10 por ciento del PIB, según los pronósticos más recientes, sumará a 10 millones de nuevos pobres, y en consecuencia se perderán los avances en el combate a la pobreza de la última década”.

Revelaron asimismo que, en los últimos cinco meses, los gobiernos estatales de la República Mexicana están haciendo frente a los desafíos de la pandemia por Covid-19 y al agravamiento de la crisis económica con sus propios recursos, y sin apoyos adicionales del Gobierno Federal.

Esta situación, apuntaron, “es insostenible y no es sana ni para las entidades ni para el país, pues hasta ahora ningún gobierno estatal o municipal cuenta con las capacidades necesarias y suficientes para continuar atendiendo la crisis por sí mismos”. Con esta declaración respaldaron su solicitud de definir un “verdadero federalismo” en México.

López Obrador no tomó una decisión y, como en otros casos, dejó en manos de los gobernadores que se pusieran de acuerdo respecto a una nueva fórmula para la distribución de los ingresos, según informó en su conferencia matutina del 20 de agosto. “Yo planteé, pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula, si se les da más a los que tienen más población, más pobreza, más crecimiento económico; si logran los gobernadores ese consenso, yo no me opongo”, sostuvo.

Sin embargo, de inmediato afirmó que la Federación no tiene recursos, ya que debe pagar “intereses de la deuda, el aumento en el pago de las pensiones y lo que utiliza el Gobierno Federal para atender las necesidades de la gente”.

López Obrador desprecia a los gobernadores

El Presidente se reunió con gobernadores a puerta cerrada, donde también participaron los integrantes de su gabinete, encabezados por Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación (Segob) y Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre los mandatarios de la Alianza Federalista que revelaron lo ocurrido en la reunión, estuvo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien indicó que la participación de López Obrador “dejó mucho qué desear”.

En una conversación con el periodista Pascal Beltrán del Rio, de Imagen Radio, Corral dijo que después de la reunión con la Conago, se quedó “con la impresión de que el Presidente no tiene el más mínimo respeto por los gobernadores del país; no nos ve con seriedad. Incluso lo que hace, hasta cierto punto, es mostrarnos su desprecio; hasta le resulta incómodo reunirse con los gobernadores…

“No sé si mal informan al Presidente, si realmente está informado o que él quiso colocar, como si estuviera en una mañanera, olvidando que estaba ante 31 mandatarios, donde reprodujo prácticamente todas las fórmulas narrativas que practica todos los días en la mañanera: el discurso antineoliberal, los conservadores, los neoliberales que quieren descarrilarlo”.

Otro mandatario que criticó la actitud del Presidente, fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien lamentó la pérdida de tiempo y la desatención del Gobierno de la República frente a la pandemia. “En la Alianza Federalista enfrentamos la emergencia sanitaria con nuestras capacidades e intercambio de experiencias”, escribió posteriormente.

La queja se debe, en particular, a que este grupo de gobernadores propuso a López Obrador destinar 1.5 billones de pesos para poner en marcha una “estrategia nacional integral de reactivación económica”, en coordinación con los estados y municipios, mediante la cual se otorgaran recursos extraordinarios a los gobiernos locales para hacer frente a la crisis, así como flexibilizar las reglas de operación de los recursos que llegan a los estados. También demandaron la aplicación de un plan de inversiones en obras de infraestructura pública prioritaria donde fueran consideradas las empresas locales para reactivar las economías regionales.

Desde el inicio de la pandemia, el Presidente ha rechazado brindar apoyos a las pequeñas y medianas empresas, debido a que su gobierno, según él, se enfoca en ayudar a los mexicanos más pobres a través de los programas de transferencias monetarias, con los que sus críticos ven en realidad una estrategia electorera para comprar votos a favor de su partido.

Por ello, la única respuesta que los gobernadores de los estados recibieron el 24 de agosto fue la recomendación de una fórmula: acabar con la corrupción, pues “si no hay corrupción, el presupuesto alcanza”.

La Alianza Federalista está conformada por gobernadores integrados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), quienes al evidenciar las deficiencias del gobierno de la 4T han actuado como su único contrapeso político más visible o audible en el nivel nacional.

Después de la reunión con la Conago en San Luis Potosí, López Obrador visitó Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas, entidades en las que pretendió amedrentar a los gobernadores desde sus conferencias matutinas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, respondió al Presidente: “basta de politiquería”.

Además, sustentó la solicitud de la Alianza para aplicar una nueva ley de coordinación fiscal. “Estoy convencido de que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas, por eso confío en que será atendida esta petición que hemos hecho un grupo de gobernadores para dialogar ampliamente con usted, solo con el hecho de recibir reciprocidad con los estados que más aportan recursos, en este caso impuestos a la federación”.

Y en respuesta a las críticas por la conformación de la Alianza Federalista, el mandatario de Tamaulipas puntualizó: “de ninguna manera nuestra unión debe verse como una amenaza, sino como una propuesta para encontrar, con la federación, soluciones a los problemas que enfrentamos”.

El pacto fiscal sobre la mesa

La revisión del Pacto Fiscal de la Federación propuesto por este grupo de gobernadores, se debe a que la Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde 1978, ha quedado rebasada. Esta demanda surgió el pasado 24 de julio en Guanajuato, cuando los gobernadores de la Alianza sostuvieron una reunión de trabajo y, al final, se difundió la propuesta en voz del mandatario local, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien pidió a la Conago, al Congreso de la Unión, los congresos estatales y los presidentes municipales sumarse a la convocatoria de una “Convención Nacional Hacendaria”.

Un nuevo pacto fiscal tiene como finalidad, precisa el documento de la Alianza, “fortalecer el pacto federalista y que genere mejores condiciones para erradicar la desigualdad y la pobreza… Hoy hacemos esta solicitud pública, que también haremos de manera oficial y, al mismo tiempo, comenzaremos la convocatoria para el Foro Nacional Federalista, a realizarse durante la primera semana de agosto”.

Sinhué declaró, ante los medios de prensa, que la convocatoria se hará a “los gobiernos locales, poderes del Estado, organismos, organizaciones, especialistas y dependencias de entidades vinculadas a la celebración de una urgente convención nacional hacendaria para reflexionar sobre los necesarios cambios que requiere el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de cara a una de las peores crisis económicas y humanitarias que México enfrentará en los meses inmediatos”. La fecha del foro no se fijó para principios de agosto y se aplazó de manera indefinida debido a que la reunión de la Conago se realizó el 19 de agosto.

En el fondo, un nuevo Pacto Fiscal tiene como finalidad última que las entidades federativas que más aportaciones fiscales realizan a la federación reciban más recursos financieros de ésta. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, comentó, en aquella ocasión, que tal como se encuentra el esquema actual “permite la concentración del 80 por ciento de los ingresos públicos en el gobierno central y reparte solamente el 20 por ciento hacia los 32 estados y a los más de dos mil 400 municipios, cerrando toda posibilidad para que los gobiernos fortalezcamos las acciones para el bienestar social”.

Además, el mandatario michoacano advirtió al Presidente que, de cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2021, no tiene que construirse bajo una “inercia negativa”, como ha ocurrido en los últimos años. Aureoles hizo referencia a que los presupuestos estatales se han visto imposibilitados para actuar con puntualidad frente a la pandemia, precisamente porque el dinero no les alcanza.

En el estudio El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el Federalismo, editado por la investigadora María Sánchez Ramírez del Instituto Belisario Domínguez del Senado, se destaca como fundamental el logro de acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria, no solo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y los lugares donde viven.

En un comunicado que reseña este documento, se establece, además, la “investigación sostiene que las bases establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y en los instrumentos de adhesión y de colaboración han permitido construir un sistema de distribución de ingresos federales para compensar los ingresos por los gravámenes suspendidos por las Entidades Federativas y la eliminación de concurrencia impositiva para eliminar la doble tributación que perjudicaba a los contribuyentes; la creación de fondos de estabilización y de compensación; la transparencia gubernamental y avances en la armonización contable”.

En referencia al tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, comentó posteriormente que la “revisión del Pacto Fiscal de nuestro país, tarde o temprano se tiene que hacer”.