Entre gritos, objeciones y acusaciones reciprocas en el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra fue nombrada y tomó posesión como la nueva Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En la discusión, se dieron varios argumentos para objetar su nombramiento; sin embargo, el de mayor peso (además del presunto fraude en el proceso de su elección) es que la CNDH, al ser la autoridad encargada de investigar abusos y posibles violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades federales, su imparcialidad y autonomía son indispensables, características que, desde luego, con Piedra Ibarra a la cabeza no tendrá, pues además de que el Ejecutivo apoyo abiertamente su candidatura y su elección, ella es militante activa del Morena, ocupando cargos importantes de dirección, además de una ferviente defensora del presidente actual, a quien se supone, deberá investigar.

Para entender la gravedad de este hecho, es necesario recordar que tanto la CNDH como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros más, son órganos constitucionalmente autónomos, denominados así por ser creados directamente por la Constitución, los cuales poseen atribuciones propias y tienen como característica, no pertenecer ni estar subordinados a ninguno de los poderes tradicionales del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), aunque algunas de sus determinaciones puedan ser revisadas por instancias judiciales. Al tener estos órganos autónomos, funciones específicas que requieren especialización técnica y que son  fundamentales para el país, tales como: la organización de las elecciones; el manejo de la política monetaria; el garantizar al ciudadano el acceso a la información pública y velar por la protección de los datos personales; garantizar la libre competencia en el mercado mexicano; etc., es vital que dichos órganos gocen de autonomía formal y material para lograr el buen funcionamiento del estado y el equilibrio en el poder, de manera que cualquier acto que se realice por parte de otro ente estatal, para controlar y  restringir su actuación, es un atentado contra los límites constitucionales, los principios democráticos y una intento claro de allanar el camino hacia el autoritarismo.

Aunque lo antes dicho es ampliamente conocido (y se encuentra establecido en nuestro sistema jurídico), vemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por encima de la propia Constitución a la que debe respeto, un día sí y otro también, apoyándose en el linchamiento público y usando el poder persecutor del Estado, hace renunciar a los funcionarios que encabezan los órganos autónomos o que ocupan cargos importantes en su estructura, y de manera pública y sin pena alguna, con ayuda de los legisladores morenistas que son mayoría en el Congreso, impone a quien quiere y le conviene en dichos cargos. Esta vez fue la CNDH, muchos dicen que el próximo es el INE ¿Será que está cerca el día en donde la autonomía de los órganos y los poderes del estado establecida en nuestro sistema constitucional, sea sólo un bonito recuerdo y que, contra todo principio, el poder se concentre de nueva cuenta en un sólo hombre, esto es, en la persona del Presidente de la República, como en los tiempos de Santa Anna o de Porfirio Díaz? Desafortunadamente, con la famosa Cuarta Transformación, parece que ese día está cada vez más cerca.