La democracia, como método de participación y elección popular en las decisiones de poder, enfrenta desafíos estructurales en sociedades marcadas por una profunda desigualdad económica. Su tesis fundacional –que el pueblo constituye un sujeto homogéneo capaz de ejercer soberanía de manera equitativa– resulta engañoso en contextos como el mexicano, donde la brecha entre clases sociales no sólo persiste, sino que se profundiza. La soberanía popular asume condiciones de igualdad que la realidad desmiente: la pobreza limita severamente el ejercicio real de la democracia. Quienes viven en precariedad dedican la mayor parte de su tiempo y energía a la supervivencia diaria: buscar empleo, muchas veces precario e inestable; alimentar a la familia, enfrentar la falta de servicios básicos, lo que reduce drásticamente su capacidad para informarse, organizarse e incidir en las decisiones políticas. Carecen, además, de recursos para acceder a educación política, redes de influencia, incluso tiempo libre para ejercer derechos elementales. Esta situación genera apatía, desencanto y una participación electoral meramente formal, muchas veces condicionada por la necesidad inmediata.

En contraste, la riqueza actúa como multiplicador del poder democrático. Las élites económicas disponen de tiempo, capital cultural, contactos, financiamiento para campañas y capacidad de cabildeo para moldear agendas, leyes y presupuestos a su favor. Y su influencia desproporcionada convierte la democracia formal en una arena donde unos pocos deciden por todos, mientras la mayoría queda relegada a un rol pasivo de legitimación periódica.

En México, como en muchas sociedades capitalistas, el concepto retórico de “pueblo” sirve para diluir este antagonismo de clases. La participación de los trabajadores se reduce, en la práctica, a una comparsa electoral: se les seduce con promesas para luego marginarlos de la vida política real. Una camarilla de políticos aprovecha estos procesos para consolidar su poder y establecer pactos simultáneos con caciques locales, élites regionales y oligarquías financieras o trasnacionales. La democracia se convierte así en una simulación: la mayoría emite un voto que legitima a un gobernante y su grupo, pero éste ejerce el poder que prioriza intereses particulares y protege a los sectores más poderosos, tuerce la ley cuando es necesario y contiene, simultáneamente, las inconformidades sociales.

Es en este contexto donde surge y se consolida el asistencialismo: la práctica de cautivar a las mayorías populares mediante dádivas que alivian de forma parcial sus necesidades más urgentes. Su temporalidad no es casual: responde a un cálculo político premeditado. La ayuda periódica –entregada mes a mes, en ciclos electorales o por temporadas– garantiza que el beneficiario sea constante con quien la otorga, y así perpetuar una relación de dependencia, influencia y coerción. Si se ofrecieran soluciones definitivas, como empleos dignos o políticas estructurales que rompan la desigualdad, ese vínculo de subordinación se disolvería. Por eso los operadores del asistencialismo prefieren la limosna recurrente: porque necesita que el pobre los necesite, que el trabajador espere la próxima entrega, que la comunidad reconozca al político como su único salvador.

De ahí que el asistencialismo, convertido en política fundamental impulsada por López Obrador, no podía ser, ni de lejos, un proyecto asumible como genuinamente de izquierda. En el marco de la sociedad burguesa, donde los más ricos controlan el poder, estas políticas resultaban adecuadas para mantener su dominio. La desigualdad social provocada por la excesiva concentración de la riqueza de los multimillonarios era contenida por un Estado paternalista que actuaba como si pudiera subsanar los defectos del capitalismo. Un reparto sistematizado de dádivas resultaba muy complaciente para no emprender políticas estructurales: ni impuestos progresivos, ni un presupuesto que desarrollara la economía que mejorara los empleos y posicionara al país fuera del yugo imperial. La naturaleza del asistencialismo fue precisamente el punto de convergencia entre los actores más conservadores y los sectores autodenominados radicales de izquierda. Esa aparente confrontación ideológica se diluyó para enquistarse bajo esta forma de succión del erario; por eso el morenismo pudo pactar con todos los actores del espectro político mexicano.

Del mismo modo, el asistencialismo, como política de Estado también revitalizó y profundizó una forma de dominación que se creía en retirada: el caciquismo. Este fenómeno, en su expresión clásica, es una forma patrimonialista y clientelar de control local, donde líderes autocráticos dominan territorios y recursos públicos mediante redes personales de lealtad e intermediación política exclusiva. Este caciquismo también implica la operación entre corrientes políticas, como ocurría durante décadas pasadas, en las que líderes regionales y estatales fungían como piezas de un engranaje vertical que negociaba lealtades a cambio de cuotas de poder. Morena no sólo toleró a estos actores: los asimiló deliberadamente. Ellos se integraron al morenismo porque vieron, en el discurso reformista y en los recursos asistencialistas una oportunidad para blanquear su pasado, consolidar y ampliar su influencia. Beneficio mutuo del oportunismo sin pudor.

Hoy se han convertido en entidades que crecen como tumores en el propio morenismo. Gobiernos estatales y municipales, muchos de ellos militantes o aliados de Morena, aprovecharon la entrega de apoyos como instrumento para mantener y profundizar su control territorial. Dinastías familiares que dominan regiones enteras del país, cambiando de partido según la conveniencia política ilustran cómo el asistencialismo no erradicó estas prácticas ancestrales, sino que las revitalizó bajo nuevas banderas.

Ahora el morenismo nacional ya no puede contener a los caciques regionales; han crecido hasta volverse incontrolables: personajes que acumularon tal poder gracias al clientelismo que ahora desafían abiertamente al proyecto nacional. Existen gobiernos estatales donde los caciques han construido feudos prácticamente autónomos, capaces de negociar en condiciones de igualdad con la dirigencia nacional, incluso de desobedecerla cuando sus intereses locales se ven afectados. Esta coalición de intereses que impulsó al morenismo comienza a fracturarse por el mismo mecanismo que la consolidó: una política social que privilegia la contención clientelar y el control territorial sobre la verdadera emancipación popular. El asistencialismo, que un día fue pegamento electoral, se ha convertido en un cáncer que devora desde dentro al movimiento. Cada cacique exige su cuota de poder; y cuando no la obtiene, no duda en quebrantar la línea nacional. Así, la reproducción del caciquismo no sólo debilita las instituciones democráticas, sino que amenaza con destruir al propio proyecto que lo incubó.

Con todo, trabajadores pagan el precio más alto: sumergidos en la resignación, aceptan las migajas como algo mejor que nada, mientras los servicios públicos esenciales se estancan o deterioran. Esta contención limosnera no sólo limita su capacidad de exigir condiciones dignas de vida y trabajo, también los educa en una idea degradante: que únicamente sirven para estirar la mano, y renunciar a tomar las riendas del Estado en sus propias manos. El caciquismo regional agrava esta dinámica, pues convierte al político local en un padrino indispensable, fragmentando aún más la organización colectiva.

Los trabajadores conscientes no pueden conformarse con estos juegos de asistencialismo y oportunismo. Quienes hablan en su nombre suelen convertirse, con el tiempo, en nuevos parásitos o cómplices de sus opresores. La verdadera alternativa radica en la organización autónoma: la unidad y la conciencia de clase como base para evitar que el voto se convierta en capital político de oportunistas y caciques. Sólo así podrán exigir, de forma colectiva e informada, mejoras reales en sus condiciones de vida, mientras impulsan la democracia “efectiva” que confronte los intereses de los más ricos mediante impuestos progresivos, regulación de los monopolios, políticas públicas orientadas al bien común, entre otras medidas que ataquen los problemas de raíz.

El asistencialismo es un veneno para la conciencia colectiva de trabajadores, campesinos, comerciantes y profesionales de diversos oficios. No dignifica ni empodera: fomenta la pasividad, la dependencia y la fragmentación, mientras el caciquismo perpetúa formas arcaicas de control que vacían el contenido la democracia. Las clases trabajadoras merecen algo radicalmente mejor porque solamente la labor cotidiana sostiene a cualquier nación. Una democracia real no se construye con dádivas temporales, pactos oportunistas ni cacicazgos disfrazados de progresismo, sino con sujetos organizados que exijan y construyan poder desde abajo. Sólo la organización independiente y consciente de las clases trabajadoras podrá romper el ciclo de simulación democrática, clientelismo y resignación. Únicamente así se abrirá paso a una transformación profunda que ataque las causas estructurales de la desigualdad: la pobreza que despoja de voz y poder a las mayorías, y la riqueza que monopoliza las decisiones políticas. Cualquier otra vía no hace más que maquillar los síntomas con vergonzosos paliativos oportunistas.