Autoridades recorrerán los 365 mercados de la capital para impedir la venta de pirotecnia y promover medidas de prevención ante incendios y accidentes.
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Artistas y familiares fueron reprimidos por las autoridades de la alcaldía Azcapotzalco mientras se manifestaban en las afueras de las oficinas de gobierno para solicitar apoyo de transporte que les permita viajar a Tecomatlán, Puebla, a fin de participar en la XXI edición de la Espartaqueada Nacional Cultural 2025.
En respuesta a la protesta, las autoridades ordenaron la remoción violenta de los puestos de venta de comida que los padres de los artistas tenían instalados en la periferia de la avenida Río Blanco, lo cual representa su única fuente de ingresos.
El activista del Movimiento Antorchista, Fermín Delgado Sosa, denunció esta acción como un abuso de autoridad, dirigido no sólo contra los padres de los jóvenes artistas, sino también contra toda la comunidad que depende del trabajo informal debido a la crisis económica que afecta al país.
Asimismo, para Delgado Sosa, este acto refleja el desinterés del gobierno local por promover la cultura y el arte en la demarcación y una clara represión hacia aquellos que exigen el cumplimiento de sus derechos.
Tras el retiro de los puestos ambulantes, los artistas y sus padres se organizan para realizar una nueva manifestación en la avenida Aquiles Serdán, donde exigirán el cese de la represión, la restitución de sus puestos de venta y el apoyo necesario para que los jóvenes artistas puedan asistir a la Espartaqueada Nacional, evento organizado por el Movimiento Antorchista Nacional y que se realizará del 5 al 13 de abril.
Autoridades recorrerán los 365 mercados de la capital para impedir la venta de pirotecnia y promover medidas de prevención ante incendios y accidentes.
Exigen que se les permita trabajar en la demarcación.
Demandan seguridad, mantenimiento a las instalaciones y apoyo psicológico.
El órgano de transparencia ordena a la alcaldía, encabezada por Lourdes Paz, revelar el objetivo, costo, impacto ambiental y destino de los recursos de la nueva Utopía; la ciudadanía tiene derecho a saber si será un espacio público o concesionado.
Los manifestantes exigen una reunión con la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda, además de compromisos verificables para revisar cada caso y aplicar acciones inmediatas.
Las obras tuvieron un costo de 37 mil millones de pesos.
Familiares acusan a la SSP y a la FGE de encubrir a los responsables; acudirán a instancias internacionales ante cinco años de impunidad.
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La agresora es denunciada por lesiones dolosas, robo, amenazas, violencia de género y las autoridades por omisión de auxilio y discriminación.
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En esta ocasión, la jornada se realizó en el predio Ecoguardas, a fin de localizar a personas desaparecidas e identificar patrones y áreas de concentración de casos.
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Escrito por Fernanda Trujano y Carolina Ruvalcaba
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