En el último año y medio se han abierto en Ucrania más de mil 500 casos penales bajo el epígrafe de “alta traición”. Eso supone, de promedio, dos o tres casos penales al día bajo tan seria acusación.

Últimamente, en los periódicos o los informativos de las cadenas de televisión ucranianas vemos con cierta frecuencia, prácticamente a diario, que los servicios de seguridad o la Oficina Estatal de Investigación ha descubierto “traidores al Estado”, sospechosos de actividades contra el Estado y de cometer traición. Por lo general, entre estos traidores se encuentran personas bien conocidas, políticos o figuras públicas en desacuerdo con la política del gobierno, que se manifiestan contra la guerra y a favor de la paz o revelan corrupciones del régimen actual. Más raramente se trata de ciudadanos ordinarios que han cometido “infracciones” menores: comentarios en redes sociales, likes o manifestaciones públicas de su opinión, etc.

Las autoridades persiguen diferentes metas:

1. Desviar la atención de los ucranianos de sus propios errores, delitos y fallos.

2. Crear la imagen de “enemigos del pueblo”.

3. La persecución criminal de adversarios y competidores políticos.

4. La creación y fomento de una atmósfera global de miedo, desconfianza mutua y odio en la sociedad ucraniana (siguiendo el principio de “divide y vencerás”).

Los puntos uno, dos y cuatro buscan conseguir resultados psicológicos, como el engaño masivo de la sociedad, arrojándola al abismo del miedo y la desconfianza y desviando su atención de la realidad. El punto tres permite a las autoridades lidiar con los oponentes, apartándolos del plano político y arrojándolos a las prisiones, mutilarlos o incluso matarlos con el fin de perseguirlos y arrebatarles sus posesiones y negocios.

No hay duda de que los no iniciados se plantearán una pregunta: ¿por qué los adversarios de las autoridades y otras personas son acusadas del crimen de alta traición bajo dicho artículo del código penal? La respuesta es la siguiente: la propia formulación del crimen de “alta traición” en el artículo 111 del código penal de Ucrania es muy vaga y abstracta, lo que permite al sistema punitivo la oportunidad de aplicarlo de distintas maneras dependiendo de lo que se propongan las autoridades o de las instrucciones recibidas desde arriba.

A fin de cuentas, no se puede disentir de que el concepto de “un acto cometido en detrimento de la soberanía, la integridad e inviolabilidad territorial, las capacidades de defensa y la seguridad económica o de información del Estado” puede ser interpretado de cualquier manera y que cualquiera puede ser inculpado bajo dichos términos. Lo principal es saber quién tiene el derecho a interpretar y evaluar hoy en día en Ucrania lo que implica dicha acusación. Obviamente, no son los tribunales, sino los fiscales y servicios especiales, ambos absolutamente dependientes, nombrados y destituidos por el presidente o las estructuras que de él dependen. Una vez asumido el poder, Zelensky hizo todo lo posible por influir en el nombramiento de todos los jefes de las fuerzas del orden y colocar ahí a su gente. Ahora, durante la guerra, se las ha arreglado para concentrar todo el poder sobre la justicia en sus manos, aunque eso sea absolutamente contrario a las disposiciones de la constitución ucraniana.

La dirección de las instituciones de investigación (GBI, SBU, oficina del fiscal, policía, BEB) y del sistema judicial están ahora completamente controladas, nombradas y destituidas por la oficina del presidente.

Además, la traición al Estado es un crimen particularmente grave y la sanción del artículo 111 supone penas de prisión de hasta 15 años, mientras que la ley de procedimiento criminal permite el arresto de sospechosos bajo este artículo sin derecho a libertad bajo fianza.

Indudablemente, cualquier abogado sensato de un país democrático, que posea un sistema judicial independiente y relativamente justo e imparcial, se plantearía la siguiente objeción: pero para demostrar la culpabilidad de una persona en un delito tan grave es necesario contar con pruebas obvias e irrefutables, recopiladas de un modo absolutamente legal, tales como conversaciones intervenidas, correspondencia, resultados de vigilancia, registros de audio y video, reuniones, acciones, pruebas físicas o informes de agentes cualificados, entre otras. Y sólo sobre la base del conjunto de dichas pruebas y de su minuciosa evaluación en los tribunales sería posible emitir una decisión judicial justa y objetiva sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. Y ese abogado tendría toda la razón…

Sólo es preciso hacer una salvedad: eso ocurriría en su país, pues en su sistema judicial es necesario demostrar minuciosamente la culpabilidad de una persona para someterla a la acción de la justicia. Pero en Ucrania, desde el inicio de la guerra, eso no es necesario. En absoluto. Basta con detener al adversario de las autoridades (a la víctima) y llevarla a custodia; eso es todo. Posteriormente, en el centro de detención, se le somete a condiciones insoportables, tortura, chantaje y malos tratos, y se le deja ahí indefinidamente. El caso es investigado, por así decirlo, de forma pausada, sin prisas, e incluso si llega a los tribunales, la persona detenida sigue bajo custodia. Éste es el caso hoy en día. Todo el mundo conoce la terrible situación de los activistas de izquierda y antifascistas, los hermanos Alexander y Mikhail Kononovich, el publicista y bloguero Dmitry Skvortsov, la abogada y activista de derechos humanos, conocida por su posición antifascista, Elena Berezhnaya, y muchas otras personas públicas que hablaban desde posturas de oposición.