La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 82 municipios del estado de Veracruz le deben casi 300 millones de pesos, entre éstos destaca Coatzacoalcos, al que el 22 de febrero de este año el director de Finanzas de la empresa paraestatal, Antonio Rojas Nieto, incluyó en la lista nacional de los 10 municipios más endeudados con 204 millones de pesos.

Los otros ayuntamientos morosos, la mayoría del sur de la entidad, son: Cosoleacaque, Agua Dulce, José Azueta, San Juan Evangelista, Acayucan, Las Choapas, Isla, Sayula de Alemán, Playa Vicente y Pajapan. También figuran Paso de Ovejas, Oluta, Carlos A. Carrillo, Medellín y Fortín. Todos tienen en común las altas temperaturas.

Pese a que hace unas semanas el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que en tal asunto no habrá “borrón y cuenta nueva” para Veracruz, como sí lo hubo para Tabasco, su entidad natal, varios diputados veracruzanos no quitan el dedo del renglón con respecto a este tema.

Y no están dispuestos a renunciar a esa demanda porque saben, como en fecha reciente lo aseguró la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del gobierno de Veracruz, que la entidad es la principal productora de energía en el país y que sus aportaciones equivalen al 15 por ciento del potencial energético nacional.

 Además, saben que Veracruz es el estado mexicano que genera energía a través de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, que produce anualmente un promedio de 10 mil 866 Gigavatio-hora (GWh), lo que representa el 4.67 por ciento de la producción total del sistema eléctrico nacional, con un valor económico por venta de energía de nueve mil millones de pesos, suficiente para satisfacer los requerimientos de energía eléctrica de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Campeche.

Por ello, tanto en la población ciudadana como entre los empresarios veracruzanos, existe un reclamo popular contra las altas tarifas de consumo de energía eléctrica que cobra la CFE en 22 municipios, inconformidad que a partir de 2011 vertió en la creación de un movimiento de resistencia social que se autodenomina Chucho el Roto y agrupa a más de 35 mil usuarios.

Francisco El Potro Fernández Morales, líder de dicho movimiento, ha sido encarcelado por exigir tarifas de energía eléctrica justas, rutas de evacuación de emergencia de la Central Nuclear de Laguna Verde, la creación de un seguro contra desastres y la habilitación de tarifas preferentes para los más de 300 mil habitantes de esta región.

La demanda de tarifas preferentes se sustenta en el hecho de que las temperaturas elevadas en la región del Golfo de México obligan a los habitantes al uso indispensable de los sistemas de ventilación, cuyo consumo de energía es muy alto, ya que en algunos municipios el calor oscila entre los 39 y los 44 grados o más, como en 2017 ocurrió en Tierra Blanca, donde el termómetro registró 52 grados.

De ahí que se pugne por la aplicación en Veracruz de la tarifa 1F, con la que el Gobierno Federal, vía la CFE, otorga el subsidio más alto a los usuarios de consumo doméstico. Es decir, los veracruzanos están demandando el mismo tratamiento que a partir del 14 de mayo de 2019 está dando a la población de Tabasco.

El convenio Adiós a tu deuda, que firmó la CFE con el gobierno tabasqueño, consistió en la condonación de 11 mil millones de pesos en adeudos que tenían los usuarios de tarifa doméstica de energía eléctrica y en el inicio de la aplicación de la tarifa preferente que corresponde a una región con temperatura extrema y avalada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los usuarios beneficiados en Tabascos por la CFE son más 500 mil.

En Veracruz, los usuarios de tipo doméstico son aproximadamente tres millones y, de acuerdo con las temperaturas de cada región, se aplican las tarifas de 01, 1A, 1B, 1C, 1D y Doméstica de Alto Consumo (DAC).

La petición en San Lázaro

Desde octubre del año pasado, el legislador panista Ricardo García Escalante promovió en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Artículo 139º de la Ley de Industria Eléctrica para reducir las tarifas tomando en consideración la sensación térmica y los indicadores socioeconómicos de los municipios y regiones del país.

Dicha iniciativa fue suscrita también por la priista Anilú Ingram Vallines, luego de una reunión que sostuvo con empresarios porteños, quienes previamente habían externado esta añeja inquietud a ambos congresistas.

En el Senado, el panista Julen Rementería del Puerto sugirió adicionar la fracción V al Artículo 140º de la Ley de la Industria Eléctrica, para obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a determinar tarifas que garanticen precios asequibles a la población y las empresas.

“El alza en las tarifas al sector industrial trae como consecuencia un incremento en la inflación, motivo por el cual el aumento en los costos del servicio también repercute directamente en la economía de las familias mexicanas”, afirmó.

El legislador dijo que debe respetarse la metodología prevista originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 2018, a fin de brindar certeza a los usuarios del sector industrial y que la CFE y la CRE determinen las tarifas eléctricas con base en una metodología asequible, accesible, clara, oportuna, justa y sostenible.

“Lamentablemente, los costos de las tarifas eléctricas para este sector aumentaron el año pasado en un 125 por ciento. Han resentido los aumentos y lo han expresado de manera pública a las autoridades, quienes han hecho caso omiso a sus peticiones. Estamos comprometidos con la defensa de la economía familiar y con el desarrollo de la industria de nuestro país, como generadora de empleo y bienestar social; por lo tanto, consideramos de primordial importancia generar mejores condiciones para ese sector en pro de la competitividad”, expresó.

Rementería puntualizó que las modificaciones al esquema de cálculo de las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial son inadmisibles, injustas e injustificables, por lo que es necesario que se establezcan mecanismos que cancelen los aumentos en los cobros.

Las iniciativas, incluso de Morena

Hace unos días, el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Wenceslao González, Martínez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que implemente los mecanismos necesarios para la aplicación de la tarifa 1F en beneficio de los usuarios de energía con tarifa doméstica en el estado de Veracruz.

El morenista pidió también a la SHCP y la CRE que modifiquen la normativa vigente a fin de que en el establecimiento de las tarifas eléctricas se considere también como factor determinante la sensación térmica.

“Si bien la sensación térmica no es factor en la determinación de las tarifas, la percepción de temperaturas más altas es el reclamo de la sociedad, ya que se ve obligada a utilizar equipos de aire acondicionado o más ventiladores, lo que deriva en un consumo mayor de energía eléctrica a lo largo de la temporada de verano”, dijo.

En la iniciativa pide también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) replantee la ubicación de las estaciones de monitoreo meteorológico que hay en el Estado de Veracruz y que, en su caso, se instalen las que sean necesarias para realizar una medición eficiente de las temperaturas, que es la base para la clasificación tarifaria.

“Las estaciones de monitoreo no están ubicadas en la mayoría de las áreas de influencia, ya que se establecieron en lugares cercanos a las cuencas hidrológicas, lo que trae como consecuencia un establecimiento de tarifas que no necesariamente corresponde a la sensación de calor que los usuarios perciben, perjudicándolos al pagar una cuota mayor por el servicio, lo que provoca una indebida medición de las temperaturas, sin tomar en consideración la sensación térmica”, aseveró.

Antes de pedir licencia en el Senado, el morenista Ricardo Ahued Bardahuill exigió el mismo trato para Veracruz en la lucha que emprendió para la condonación de pagos de los  usuarios de bajos recursos y la reclasificación de las tarifas.

“Vengo a exigir para Veracruz el mismo trato que le han dado a Tabasco. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo con deudores, campesinos, amas de casa, Pymes, productores, que tienen problemas en Veracruz y que están solicitando lo mismo que Tabasco, borrón y cuenta nueva a sus adeudos”.

Manifestó asimismo que, como representante del estado de Veracruz, no “toleraría” que se le dé un trato diferente al estado, pues desde hace tiempo lucha por eso y por la gente que incluso ha sufrido detenciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ni uno más detenido, que se recategoricen las tarifas y que se borren los adeudos, dando el mismo a trato a los veracruzanos que a los tabasqueños. Veracruz no es menos que ningún estado de la República. Pido al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador su inmediata intervención y que reconozca que Veracruz la está pasando mal con estas tarifas y con esta injusticia y que detenga de inmediato todas las órdenes de aprehensión contra los veracruzanos”.

Sin embargo, en una de sus múltiples visitas a Veracruz, el Presidente anunció que si bien no habría aumento en las tarifas para el estado, tampoco habría reducción.

¿Qué pasará con las peticiones de los congresistas entonces?